FRANCISCO ROJAS / EL UNIVERSAL
La sociedad está indignada y atemorizada por el riesgo en el que vivimos todos; por la magnitud de la violencia que no tiene precedentes en tiempos de paz. La población exige con razón que las instituciones del Estado asuman realmente su responsabilidad en el ámbito de sus competencias. Hay un clamor generalizado porque acaben las matanzas y recobremos la paz y la tranquilidad.
Recientemente, el presidente Felipe Calderón sentenció que "los que asesinan son ellos, son los criminales", y que "el ‘ya basta’ debe dirigirse a los que matan jóvenes inocentes, a los que secuestran y asesinan migrantes, a los que tienen asoladas grandes partes de nuestra sociedad o de nuestro territorio".
El "ya basta" que se ha regado como pólvora por todo el país está dirigido preponderantemente a la delincuencia. Pero hay un "ya basta" destinado a las instituciones del Estado, en especial al Gobierno Federal; es la protesta de la sociedad contra una estrategia que ha exacerbado el problema, enlutado a decenas de miles de hogares y tenido costos desmesurados para el erario. Y, además, nos anuncia la autoridad que tendrán que pasar otros siete años antes de que la violencia empiece a disminuir.
En carta dirigida al presidente Calderón, el ex procurador general de la República, Ignacio Morales Lechuga, sostiene que con un 20% de lo erogado en los últimos cuatro años, sin una Policía Federal, sin 30 mil hombres dedicados a combatir a los cárteles de la droga y con el Ejército circunscrito a la erradicación de cultivos ilícitos, la PGR aseguró entre 1990 y 1994 más del doble de la cocaína base decomisada entre 2007 y 2010. Que además, sin derramamiento de sangre, se desintegró el cártel de Juan García Ábrego, aprehendieron a Ángel Félix Gallardo y a Francisco Javier Arellano Félix y encarcelado al "Chapo" Guzmán.
Ante el clamor generalizado, el Presidente dijo estar dispuesto a considerar propuestas alternas. Y las hay. Lo esencial para restaurar la paz y debilitar a las organizaciones criminales es erradicar los factores sociales y económicos que favorecen el arraigo y fortalecimiento del crimen organizado. Aprovechando la pobreza, en Colombia se usaron como sicarios para sembrar el terror a adolescentes de 14 a 16 años que no tenían cabida en la educación ni en el empleo, y Pablo Escobar se ganó el apoyo de algunas poblaciones gracias a que mandó construir e hizo funcionar clínicas, viviendas y otras obras de servicio social en áreas deprimidas.
Hay que aprender de la historia. Los jóvenes mexicanos que se alistan con el narco, lo hacen porque no tienen opción; crecieron en la calle, en medio del abuso, el alcoholismo, la drogadicción, la violencia intrafamiliar, síntomas todos ellos de descomposición social. No se han creado suficientes empleos permanentes y dignamente pagados y en muchas regiones del país imperan la miseria y la desesperanza.
El origen del problema es económico y social y la solución requiere, entre otras medidas, una política de crecimiento que impulse la inversión en pequeñas y medianas industrias dedicadas a abastecer de insumos a las empresas exportadoras, y una política social que erradique la pobreza y detenga la disolución de las clases medias, con los dos ingredientes que lo lograron en el siglo XX: la educación pública y el empleo.
México vive en una grave emergencia social ocasionada por la violencia. La persecución de los criminales es sólo una de las tareas que debe realizar el gobierno. La otra, es la desactivación de los factores económicos, sociales y culturales que empujan a los jóvenes excluidos a refugiarse en el crimen organizado, y eso exige que el Estado reasuma su deber de rector de la economía y garante de la paz interior.
Por nuestra parte, los diputados hemos triplicado los presupuestos para la seguridad, aprobado leyes y estamos analizando otras medidas para dotar al Ejecutivo de facultades para combatir el secuestro, proteger testigos, reforzar la coordinación policiaca, castigar a los desertores militares que se incorporen al crimen organizado, combatir el robo de hidrocarburos, reformar la Ley de Seguridad Nacional para dar certeza jurídica a la intervención de las fuerzas armadas, una nueva Ley Orgánica a la Procuraduría General, entre las más relevantes. El apoyo a los otros poderes y órdenes de gobierno continuará, pero esperamos la congruencia y efectiva aplicación de políticas públicas que logren la seguridad pública anhelada, por el bien y la tranquilidad de México.
La sociedad está indignada y atemorizada por el riesgo en el que vivimos todos; por la magnitud de la violencia que no tiene precedentes en tiempos de paz. La población exige con razón que las instituciones del Estado asuman realmente su responsabilidad en el ámbito de sus competencias. Hay un clamor generalizado porque acaben las matanzas y recobremos la paz y la tranquilidad.
Recientemente, el presidente Felipe Calderón sentenció que "los que asesinan son ellos, son los criminales", y que "el ‘ya basta’ debe dirigirse a los que matan jóvenes inocentes, a los que secuestran y asesinan migrantes, a los que tienen asoladas grandes partes de nuestra sociedad o de nuestro territorio".
El "ya basta" que se ha regado como pólvora por todo el país está dirigido preponderantemente a la delincuencia. Pero hay un "ya basta" destinado a las instituciones del Estado, en especial al Gobierno Federal; es la protesta de la sociedad contra una estrategia que ha exacerbado el problema, enlutado a decenas de miles de hogares y tenido costos desmesurados para el erario. Y, además, nos anuncia la autoridad que tendrán que pasar otros siete años antes de que la violencia empiece a disminuir.
En carta dirigida al presidente Calderón, el ex procurador general de la República, Ignacio Morales Lechuga, sostiene que con un 20% de lo erogado en los últimos cuatro años, sin una Policía Federal, sin 30 mil hombres dedicados a combatir a los cárteles de la droga y con el Ejército circunscrito a la erradicación de cultivos ilícitos, la PGR aseguró entre 1990 y 1994 más del doble de la cocaína base decomisada entre 2007 y 2010. Que además, sin derramamiento de sangre, se desintegró el cártel de Juan García Ábrego, aprehendieron a Ángel Félix Gallardo y a Francisco Javier Arellano Félix y encarcelado al "Chapo" Guzmán.
Ante el clamor generalizado, el Presidente dijo estar dispuesto a considerar propuestas alternas. Y las hay. Lo esencial para restaurar la paz y debilitar a las organizaciones criminales es erradicar los factores sociales y económicos que favorecen el arraigo y fortalecimiento del crimen organizado. Aprovechando la pobreza, en Colombia se usaron como sicarios para sembrar el terror a adolescentes de 14 a 16 años que no tenían cabida en la educación ni en el empleo, y Pablo Escobar se ganó el apoyo de algunas poblaciones gracias a que mandó construir e hizo funcionar clínicas, viviendas y otras obras de servicio social en áreas deprimidas.
Hay que aprender de la historia. Los jóvenes mexicanos que se alistan con el narco, lo hacen porque no tienen opción; crecieron en la calle, en medio del abuso, el alcoholismo, la drogadicción, la violencia intrafamiliar, síntomas todos ellos de descomposición social. No se han creado suficientes empleos permanentes y dignamente pagados y en muchas regiones del país imperan la miseria y la desesperanza.
El origen del problema es económico y social y la solución requiere, entre otras medidas, una política de crecimiento que impulse la inversión en pequeñas y medianas industrias dedicadas a abastecer de insumos a las empresas exportadoras, y una política social que erradique la pobreza y detenga la disolución de las clases medias, con los dos ingredientes que lo lograron en el siglo XX: la educación pública y el empleo.
México vive en una grave emergencia social ocasionada por la violencia. La persecución de los criminales es sólo una de las tareas que debe realizar el gobierno. La otra, es la desactivación de los factores económicos, sociales y culturales que empujan a los jóvenes excluidos a refugiarse en el crimen organizado, y eso exige que el Estado reasuma su deber de rector de la economía y garante de la paz interior.
Por nuestra parte, los diputados hemos triplicado los presupuestos para la seguridad, aprobado leyes y estamos analizando otras medidas para dotar al Ejecutivo de facultades para combatir el secuestro, proteger testigos, reforzar la coordinación policiaca, castigar a los desertores militares que se incorporen al crimen organizado, combatir el robo de hidrocarburos, reformar la Ley de Seguridad Nacional para dar certeza jurídica a la intervención de las fuerzas armadas, una nueva Ley Orgánica a la Procuraduría General, entre las más relevantes. El apoyo a los otros poderes y órdenes de gobierno continuará, pero esperamos la congruencia y efectiva aplicación de políticas públicas que logren la seguridad pública anhelada, por el bien y la tranquilidad de México.
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