Nada deteriora más que las normas que no se cumplen: la Ley de Morosidad
JOAQUÍN ESTEFANÍA / EL PAÍS
Cuando el 22 de mayo se cierren las urnas municipales y autonómicas se formalizará el gran problema que ha estado semienterrado en este largo periodo de campaña preelectoral: miles de facturas sin pagar, poco o nada de dinero para satisfacerlas, y decenas de miles de empresas (sobre todo pequeñas y medianas, pero también grandes) y trabajadores autónomos acosados por la morosidad y a punto de cesar en su actividad ante la imposibilidad de hacer frente a sus propias obligaciones. Entonces entraremos en una nueva fase de la crisis, muy dolorosa, por la debilidad de las políticas de proximidad que protagonizan las comunidades autónomas (CC AA) y los ayuntamientos.
Si la prioridad de la política económica (la reducción del déficit y la deuda pública a los ritmos previstos) es irrenunciable, la dificultad es evidente. En 2010, el Estado central contuvo el déficit público un poco por encima de lo esperado y mantuvo la deuda pública embridada dentro de los criterios del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pero no ocurrió lo mismo con el conjunto de las Administraciones Públicas (AA PP): entre las comunidades y los ayuntamientos la deuda ascendió al 15,3% del PIB, habiéndose casi duplicado respecto a 2007, el año de comienzo de la crisis. En 2011, el déficit de las CC AA deberá ser, todo lo más, el 1,3% del PIB y está como media en más del doble (2,8%). Y ello, suponiendo que estos porcentajes sean los correctos: algunas AA PP se han caracterizado por la opacidad de sus cuentas; en ocasiones las han maquillado aparcando parte de su deuda en sociedades mixtas que no aparecen en los presupuestos públicos.
El control del gasto de las AA PP figura entre las preocupaciones de quienes que todos los días miran con lupa al Reino de España para prestarle dinero. Además, sus ingresos son muy dependientes de las transferencias del Gobierno central y de las actividades relacionadas con el sector de la construcción. Implicado el primero en un fuerte programa de austeridad (con caídas de los principales impuestos y con gastos comprometidos con los planes de rescate financiero y con el incremento del seguro de desempleo), y con el estallido de la burbuja inmobiliaria, estas AAPP tienen muy difícil seguir financiando las competencias transferidas y los servicios que ahora prestan en materia de sanidad, educación, ayuda a las familias y a los parados, etcétera.
Cataluña, que ya celebró sus elecciones autonómicas, es el precedente de lo que puede suceder. Sus intentos de reconducir a la baja algunos servicios básicos o las dificultades para endeudarse en los mercados (en el caso de que previamente se obtenga la autorización del Gobierno), evidencian el camino que van a recorrer otras AA PP.
Hay dos tipos de víctimas: los ciudadanos que ven reducida la eficacia de su Estado de Bienestar (educación, sanidad, dependencia...), y las empresas y trabajadores autónomos que sufren el enorme crecimiento de la morosidad. Hay facturas, sobre todo entre algunos grupos de proveedores, que tardan en pagarse casi dos años en algunas CC AA. Además, el propio hecho de la convocatoria de elecciones ha retrasado aun más los pagos pendientes. En 2010 entró en vigor una Ley de Morosidad que indicaba que la demora máxima de las AA PP no podría superar los 50 días este año, 40 días en 2012 y 30 días a partir de 2013. Nada deteriora más la calidad de la democracia que las normas que no se cumplen. Hay ayuntamientos, que ven rechazados los pagarés que firman a sus acreedores porque las entidades financieras no se fían de que vayan a cobrarlos. La secuencia es parecida a ésta: comunidades y ayuntamientos que no pueden pagar sus deudas a las pymes o los trabajadores autónomos; éstos, a su vez, no pueden hacer frente a sus obligaciones por lo que sus acreedores instan su suspensión de pagos. Al suspender pagos, las Administraciones Públicas no vuelven a contratarles, etcétera.
Todo ello hace más inentendible que no se haya firmado un pacto transversal entre los principales partidos, que afectase a todas las Administraciones del Estado y que durase más de una legislatura, para que, gobierne quien gobierne, pueda abordar los problemas pendientes y trazar las líneas de la futura financiación. La ceguera de los que se creen vencedores.
JOAQUÍN ESTEFANÍA / EL PAÍS
Cuando el 22 de mayo se cierren las urnas municipales y autonómicas se formalizará el gran problema que ha estado semienterrado en este largo periodo de campaña preelectoral: miles de facturas sin pagar, poco o nada de dinero para satisfacerlas, y decenas de miles de empresas (sobre todo pequeñas y medianas, pero también grandes) y trabajadores autónomos acosados por la morosidad y a punto de cesar en su actividad ante la imposibilidad de hacer frente a sus propias obligaciones. Entonces entraremos en una nueva fase de la crisis, muy dolorosa, por la debilidad de las políticas de proximidad que protagonizan las comunidades autónomas (CC AA) y los ayuntamientos.
Si la prioridad de la política económica (la reducción del déficit y la deuda pública a los ritmos previstos) es irrenunciable, la dificultad es evidente. En 2010, el Estado central contuvo el déficit público un poco por encima de lo esperado y mantuvo la deuda pública embridada dentro de los criterios del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pero no ocurrió lo mismo con el conjunto de las Administraciones Públicas (AA PP): entre las comunidades y los ayuntamientos la deuda ascendió al 15,3% del PIB, habiéndose casi duplicado respecto a 2007, el año de comienzo de la crisis. En 2011, el déficit de las CC AA deberá ser, todo lo más, el 1,3% del PIB y está como media en más del doble (2,8%). Y ello, suponiendo que estos porcentajes sean los correctos: algunas AA PP se han caracterizado por la opacidad de sus cuentas; en ocasiones las han maquillado aparcando parte de su deuda en sociedades mixtas que no aparecen en los presupuestos públicos.
El control del gasto de las AA PP figura entre las preocupaciones de quienes que todos los días miran con lupa al Reino de España para prestarle dinero. Además, sus ingresos son muy dependientes de las transferencias del Gobierno central y de las actividades relacionadas con el sector de la construcción. Implicado el primero en un fuerte programa de austeridad (con caídas de los principales impuestos y con gastos comprometidos con los planes de rescate financiero y con el incremento del seguro de desempleo), y con el estallido de la burbuja inmobiliaria, estas AAPP tienen muy difícil seguir financiando las competencias transferidas y los servicios que ahora prestan en materia de sanidad, educación, ayuda a las familias y a los parados, etcétera.
Cataluña, que ya celebró sus elecciones autonómicas, es el precedente de lo que puede suceder. Sus intentos de reconducir a la baja algunos servicios básicos o las dificultades para endeudarse en los mercados (en el caso de que previamente se obtenga la autorización del Gobierno), evidencian el camino que van a recorrer otras AA PP.
Hay dos tipos de víctimas: los ciudadanos que ven reducida la eficacia de su Estado de Bienestar (educación, sanidad, dependencia...), y las empresas y trabajadores autónomos que sufren el enorme crecimiento de la morosidad. Hay facturas, sobre todo entre algunos grupos de proveedores, que tardan en pagarse casi dos años en algunas CC AA. Además, el propio hecho de la convocatoria de elecciones ha retrasado aun más los pagos pendientes. En 2010 entró en vigor una Ley de Morosidad que indicaba que la demora máxima de las AA PP no podría superar los 50 días este año, 40 días en 2012 y 30 días a partir de 2013. Nada deteriora más la calidad de la democracia que las normas que no se cumplen. Hay ayuntamientos, que ven rechazados los pagarés que firman a sus acreedores porque las entidades financieras no se fían de que vayan a cobrarlos. La secuencia es parecida a ésta: comunidades y ayuntamientos que no pueden pagar sus deudas a las pymes o los trabajadores autónomos; éstos, a su vez, no pueden hacer frente a sus obligaciones por lo que sus acreedores instan su suspensión de pagos. Al suspender pagos, las Administraciones Públicas no vuelven a contratarles, etcétera.
Todo ello hace más inentendible que no se haya firmado un pacto transversal entre los principales partidos, que afectase a todas las Administraciones del Estado y que durase más de una legislatura, para que, gobierne quien gobierne, pueda abordar los problemas pendientes y trazar las líneas de la futura financiación. La ceguera de los que se creen vencedores.
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