Alberto Aziz Nassif / El Universal
Es cierto que en una democracia la construcción de consensos se hace lenta y complicada, pero no es menos cierto que en México una gran cantidad de proyectos legislativos importantes se quedan atorados, congelados, porque casi nunca se logran las condiciones de consenso para aprobarlas. Este hecho se ha vuelto a poner en evidencia en estas últimas semanas, en donde se han atorado una reforma fiscal y una reforma laboral, para no mencionar las que tienen años a la espera de volverse a discutir, como la reforma de radio, televisión y telecomunicaciones. Ahora se intenta sacar adelante una reforma política y una reforma de seguridad.
Se han hecho diversos esfuerzos para explicar por qué razones el país tiene una parálisis legislativa severa. Algunos análisis de tipo cuantitativo han dicho que frente a las cifras de reformas no hay parálisis porque la mayoría de las iniciativas del Ejecutivo son aprobadas. Lo que ha cambiado —en los últimos años con la alternancia— es que ahora los legisladores son muy activos en la propuesta de iniciativas. Enfoques cualitativos indican que el problema no está tanto en las formas de llegar a consensos y construir mayorías, sobre todo en un sistema que produce gobiernos divididos desde 1997, sino que el problema es el tipo agenda, que está paralizada. Lo cual apunta al menos hacia tres temas relevantes: el modelo de desarrollo, las capacidades regulatorias del Estado y el balance de fuerzas políticas y económicas.
Un supuesto inicial es que el Estado mexicano se ha deteriorado. Se habla de Estado fallido, sobre todo en materia de inseguridad. Hace unos cuantos días el caso del estado de Tamaulipas, o lo que ha sucedido en ciudades como Juárez, muestran efectivamente que estamos ante una autoridad fallida. En materia de regulación de intereses, se menciona la tesis de Estado capturado. El régimen que llega con la alternancia política desmonta el sistema de partido dominante, pero no crea un Estado capaz de regular y arbitrar intereses particulares. Esta debilidad se ha mostrado tanto en las batallas en contra del crimen organizado como en los pleitos entre las grandes empresas de comunicación y telecomunicaciones.
El Estado mexicano tiene por delante importantes batallas en contra de los monopolios. Frente al duopolio televisivo y el gigante de las telecomunicaciones hay una presencia débil del Estado que sigue con reglas viejas e incompletas, por la incapacidad de los poderes públicos para legislar en la materia. Los gobiernos en turno se acomodan al poder de las televisoras y, entre complicidad y captura, han postergado un marco regulatorio democrático, competitivo y transparente para ese estratégico sector. La viabilidad económica y fiscal del Estado a corto y mediano plazos está muy comprometida, sobre todo ahora que declinan los ingresos petroleros, porque ha habido una incapacidad, que viene desde el viejo régimen, para hacer una reforma fiscal de fondo que eleve la recaudación como lo han hecho muchos otros países. Algo similar ha sucedido con el mundo laboral. Se ha querido aprobar una reforma desde hace años, pero la situación de los partidos complica la posibilidad: la falta de decisión del priísmo que no quiere dejar atrás el control corporativo, que se traduce en compromisos políticos con líderes; el abuso empresarial del panismo que no sabe que toda flexibilización necesita contrapesos de bienestar, y la debilidad de la izquierda que juega en contra de un proyecto moderno, al estilo de las democracias del Europa del norte, no logra hacer un contrapeso fuerte.
De esta forma, entre gobiernos divididos, falta de esquemas para cooperación entre gobierno y oposiciones, desacuerdos básicos sobre el modelo de desarrollo nacional, una profunda captura de intereses particulares sobre el interés general y un deterioro creciente del Estado, se postergan las reformas legislativas que necesita el país para consolidar su sistema político, hacer viable el desarrollo a mediano plazo. El país navega de una coyuntura a otra, de una elección a otra, de un periodo legislativo a otro, sin tener ninguna certidumbre. Los proyectos legislativos importantes son como aves pasajeras que sólo duran lo que tarda la nota del día, porque al siguiente ya se mandó a la congeladora la iniciativa. Esa ha sido la historia de los últimos años.
Ahora los senadores han anunciado una reforma política, pero habrá que verla aprobada para ver sus alcances y limitaciones. Lo peor de todo es que a veces no se trata sólo de la tenebrosa captura de intereses particulares, lo que impide las reformas, sino de algo más pedestre, como la competencia que puede haber entre dos grupos de interés político dentro del mismo partido rumbo al 2012. Mientras tanto, habrá que observar el anunciado maratón legislativo de esta semana…
Investigador del CIESAS
Es cierto que en una democracia la construcción de consensos se hace lenta y complicada, pero no es menos cierto que en México una gran cantidad de proyectos legislativos importantes se quedan atorados, congelados, porque casi nunca se logran las condiciones de consenso para aprobarlas. Este hecho se ha vuelto a poner en evidencia en estas últimas semanas, en donde se han atorado una reforma fiscal y una reforma laboral, para no mencionar las que tienen años a la espera de volverse a discutir, como la reforma de radio, televisión y telecomunicaciones. Ahora se intenta sacar adelante una reforma política y una reforma de seguridad.
Se han hecho diversos esfuerzos para explicar por qué razones el país tiene una parálisis legislativa severa. Algunos análisis de tipo cuantitativo han dicho que frente a las cifras de reformas no hay parálisis porque la mayoría de las iniciativas del Ejecutivo son aprobadas. Lo que ha cambiado —en los últimos años con la alternancia— es que ahora los legisladores son muy activos en la propuesta de iniciativas. Enfoques cualitativos indican que el problema no está tanto en las formas de llegar a consensos y construir mayorías, sobre todo en un sistema que produce gobiernos divididos desde 1997, sino que el problema es el tipo agenda, que está paralizada. Lo cual apunta al menos hacia tres temas relevantes: el modelo de desarrollo, las capacidades regulatorias del Estado y el balance de fuerzas políticas y económicas.
Un supuesto inicial es que el Estado mexicano se ha deteriorado. Se habla de Estado fallido, sobre todo en materia de inseguridad. Hace unos cuantos días el caso del estado de Tamaulipas, o lo que ha sucedido en ciudades como Juárez, muestran efectivamente que estamos ante una autoridad fallida. En materia de regulación de intereses, se menciona la tesis de Estado capturado. El régimen que llega con la alternancia política desmonta el sistema de partido dominante, pero no crea un Estado capaz de regular y arbitrar intereses particulares. Esta debilidad se ha mostrado tanto en las batallas en contra del crimen organizado como en los pleitos entre las grandes empresas de comunicación y telecomunicaciones.
El Estado mexicano tiene por delante importantes batallas en contra de los monopolios. Frente al duopolio televisivo y el gigante de las telecomunicaciones hay una presencia débil del Estado que sigue con reglas viejas e incompletas, por la incapacidad de los poderes públicos para legislar en la materia. Los gobiernos en turno se acomodan al poder de las televisoras y, entre complicidad y captura, han postergado un marco regulatorio democrático, competitivo y transparente para ese estratégico sector. La viabilidad económica y fiscal del Estado a corto y mediano plazos está muy comprometida, sobre todo ahora que declinan los ingresos petroleros, porque ha habido una incapacidad, que viene desde el viejo régimen, para hacer una reforma fiscal de fondo que eleve la recaudación como lo han hecho muchos otros países. Algo similar ha sucedido con el mundo laboral. Se ha querido aprobar una reforma desde hace años, pero la situación de los partidos complica la posibilidad: la falta de decisión del priísmo que no quiere dejar atrás el control corporativo, que se traduce en compromisos políticos con líderes; el abuso empresarial del panismo que no sabe que toda flexibilización necesita contrapesos de bienestar, y la debilidad de la izquierda que juega en contra de un proyecto moderno, al estilo de las democracias del Europa del norte, no logra hacer un contrapeso fuerte.
De esta forma, entre gobiernos divididos, falta de esquemas para cooperación entre gobierno y oposiciones, desacuerdos básicos sobre el modelo de desarrollo nacional, una profunda captura de intereses particulares sobre el interés general y un deterioro creciente del Estado, se postergan las reformas legislativas que necesita el país para consolidar su sistema político, hacer viable el desarrollo a mediano plazo. El país navega de una coyuntura a otra, de una elección a otra, de un periodo legislativo a otro, sin tener ninguna certidumbre. Los proyectos legislativos importantes son como aves pasajeras que sólo duran lo que tarda la nota del día, porque al siguiente ya se mandó a la congeladora la iniciativa. Esa ha sido la historia de los últimos años.
Ahora los senadores han anunciado una reforma política, pero habrá que verla aprobada para ver sus alcances y limitaciones. Lo peor de todo es que a veces no se trata sólo de la tenebrosa captura de intereses particulares, lo que impide las reformas, sino de algo más pedestre, como la competencia que puede haber entre dos grupos de interés político dentro del mismo partido rumbo al 2012. Mientras tanto, habrá que observar el anunciado maratón legislativo de esta semana…
Investigador del CIESAS
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