Gustavo Gordillo / La Jornada
La ley de seguridad nacional (LSN) modificada por un grupo de legisladores en la Cámara de Diputados, condensa en su contenido y en las formas cómo se fraguó la esencia del régimen actual que he denominado como un régimen otomano: un régimen de gobierno débil e ineficiente en medio de una enorme fragmentación social pero con actores políticos atrapados entre claras pulsiones autoritarias.
Más allá de las disputas y divisiones pre-campañas presidenciales que afloran en el seno de los tres partidos principales; hay una doble pulsión autoritaria. La primera añora el regreso al presidencialismo incontestable. Lo anterior se ilustra con la búsqueda de mayorías prefabricadas a través de las reglas electorales, y tiene una adicción por dotar al Presidente de todo tipo de facultades aun si atentan contra la Constitución misma –el caso de la LSN propuesta por un grupos de diputados priístas y cuya discusión ha sido por el momento pospuesta.
La segunda pulsión que ha estado presente desde 1997 es al mismo tiempo una evasión de la realidad por parte de los tres conglomerados partidistas. Todas las elecciones a partir de entonces han arrojado gobiernos divididos que invitan –y deberían haber invitado desde el principio– a la formación de coaliciones políticas estables. En vez de ello han confirmado la poca disposición de los tres partidos y de sus principales dirigentes a pactar arreglos institucionales de largo plazo. Las ocurrencias y los globos de ensayo han sustituido a la deliberación democrática que debería haber conducido a un nuevo arreglo de gobernabilidad.
Lo que hemos tenido desde 1997 son elecciones de carácter plebiscitario cuyo mensaje central es: nosotros somos los buenos y en consecuencia el electorado nos debe dar mayoría completa y preferiblemente carro completo; y los otros son los malos. Pero el electorado tiene más sentido común como para entregar a un solo partido esas mayorías que existieron durante el autoritarismo justamente porque no las concedían los electores sino que las manufacturaban los gobernantes.
A la luz de lo anterior, el intento abortado de aprobar una LSN tan groseramente autoritaria tiene dos lecturas que pueden ser complementarias. Por un lado se trataba de un guiño a las fuerzas armadas respecto a lo que se supone que han pedido infructuosamente al Congreso. Por otra parte se trataba también de un globo de ensayo para medir y mapear la oposición a este tipo de medidas de excepción. Pueden desde luego existir muchas conjeturas sobre estas maniobras en la Cámara pero no cabe duda que los guiños y provocaciones están insertos en orientaciones autoritarias muy enraizadas en la clase política y en la sociedad mexicanas.
No debemos olvidar que en casi todas las encuestas de opinión realizadas en años recientes –entre ellas el Latinobarómetro 2010– hay un tercio de los ciudadanos que consideran válido conceder poderes extraordinarios al Presidente en determinadas circunstancias, y restricciones a la democracia "si se logra progreso económico"–, emerge una base social real sobre la cual podría erigirse la restauración autoritaria.
Por ello es de la mayor importancia impulsar repudios como los que se acaban de dar en las redes sociales al LSN y movilizaciones como las que ha convocado Javier Sicilia y un buen número de organizaciones para el próximo 8 de mayo. Los dos temas centrales en el marco de la defensa de los derechos humanos me parecen que son: alto a la violencia y no más impunidad.
Para encauzar una movilización ciudadana que ha sido y seguirá siendo de larga duración, valdría la pena considerar la conveniencia de una convocatoria amplia a un encuentro nacional para discutir estas demandas en términos de propuestas concretas.
De lo que no hay duda es que las campanas doblan por todos nosotros y todas nosotras.
La ley de seguridad nacional (LSN) modificada por un grupo de legisladores en la Cámara de Diputados, condensa en su contenido y en las formas cómo se fraguó la esencia del régimen actual que he denominado como un régimen otomano: un régimen de gobierno débil e ineficiente en medio de una enorme fragmentación social pero con actores políticos atrapados entre claras pulsiones autoritarias.
Más allá de las disputas y divisiones pre-campañas presidenciales que afloran en el seno de los tres partidos principales; hay una doble pulsión autoritaria. La primera añora el regreso al presidencialismo incontestable. Lo anterior se ilustra con la búsqueda de mayorías prefabricadas a través de las reglas electorales, y tiene una adicción por dotar al Presidente de todo tipo de facultades aun si atentan contra la Constitución misma –el caso de la LSN propuesta por un grupos de diputados priístas y cuya discusión ha sido por el momento pospuesta.
La segunda pulsión que ha estado presente desde 1997 es al mismo tiempo una evasión de la realidad por parte de los tres conglomerados partidistas. Todas las elecciones a partir de entonces han arrojado gobiernos divididos que invitan –y deberían haber invitado desde el principio– a la formación de coaliciones políticas estables. En vez de ello han confirmado la poca disposición de los tres partidos y de sus principales dirigentes a pactar arreglos institucionales de largo plazo. Las ocurrencias y los globos de ensayo han sustituido a la deliberación democrática que debería haber conducido a un nuevo arreglo de gobernabilidad.
Lo que hemos tenido desde 1997 son elecciones de carácter plebiscitario cuyo mensaje central es: nosotros somos los buenos y en consecuencia el electorado nos debe dar mayoría completa y preferiblemente carro completo; y los otros son los malos. Pero el electorado tiene más sentido común como para entregar a un solo partido esas mayorías que existieron durante el autoritarismo justamente porque no las concedían los electores sino que las manufacturaban los gobernantes.
A la luz de lo anterior, el intento abortado de aprobar una LSN tan groseramente autoritaria tiene dos lecturas que pueden ser complementarias. Por un lado se trataba de un guiño a las fuerzas armadas respecto a lo que se supone que han pedido infructuosamente al Congreso. Por otra parte se trataba también de un globo de ensayo para medir y mapear la oposición a este tipo de medidas de excepción. Pueden desde luego existir muchas conjeturas sobre estas maniobras en la Cámara pero no cabe duda que los guiños y provocaciones están insertos en orientaciones autoritarias muy enraizadas en la clase política y en la sociedad mexicanas.
No debemos olvidar que en casi todas las encuestas de opinión realizadas en años recientes –entre ellas el Latinobarómetro 2010– hay un tercio de los ciudadanos que consideran válido conceder poderes extraordinarios al Presidente en determinadas circunstancias, y restricciones a la democracia "si se logra progreso económico"–, emerge una base social real sobre la cual podría erigirse la restauración autoritaria.
Por ello es de la mayor importancia impulsar repudios como los que se acaban de dar en las redes sociales al LSN y movilizaciones como las que ha convocado Javier Sicilia y un buen número de organizaciones para el próximo 8 de mayo. Los dos temas centrales en el marco de la defensa de los derechos humanos me parecen que son: alto a la violencia y no más impunidad.
Para encauzar una movilización ciudadana que ha sido y seguirá siendo de larga duración, valdría la pena considerar la conveniencia de una convocatoria amplia a un encuentro nacional para discutir estas demandas en términos de propuestas concretas.
De lo que no hay duda es que las campanas doblan por todos nosotros y todas nosotras.
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