Ignacio Fernández Toxo / ElEconomista.es
El Primero de Mayo es la jornada festivo-reivindicativa del movimiento obrero en todo el mundo. Tiene, en ese sentido, dos vertientes convergentes: una, la que expresa la solidaridad internacionalista, propia del pensamiento progresista, que caracteriza a las organizaciones obreras y otra, la que permite proyectar, año tras año, las reivindicaciones que en relación a la coyuntura económica, social y política tienen los sindicatos que organizan a los trabajadores y trabajadoras.
En este doble sentido, este 1 de mayo debe ser la oportunidad para alzar la voz, de nuevo, por los pueblos que más sufren y ésos, en este 2011, no son otros que los de los países árabes que se enfrentan a dictaduras opresivas en demanda de democracia y justicia social. Particularmente, el pueblo libio, que atraviesa por una guerra civil que la comunidad internacional debe contribuir a finalizar con el menor coste posible en vidas humanas. El pueblo japonés también debe ser recordado en un día como éste. El desastre natural que ha sufrido nos muestra lo vulnerable que es el ser humano y pone de manifiesto, como nunca, el valor de la solidaridad. También nos invita a reflexionar sobre la seguridad de la energía nuclear y sobre la necesidad apremiante de buscar fuentes energéticas más seguras y sostenibles. La vocación internacionalista del movimiento obrero español no puede dejar de tener presente a los pueblos que luchan por su autodeterminación, como el palestino y el saharaui.
La vertiente reivindicativa este año, como los dos anteriores, está vinculada a la crisis económica y a cómo los gobiernos la están gestionando. La UE, después del desconcierto inicial, ha marcado una línea de salida particularmente agresiva con los derechos de los trabajadores y trabajadoras: el Plan de Estabilidad, primero, y ahora el Pacto por el Euro, que sitúan la reducción del déficit como principal prioridad, están sacrificando la recuperación económica, generando un volumen de desempleo nunca visto (23 millones de parados en toda Europa) y un recorte de derechos laborales y sociales que amenaza con hacer irreconocible el modelo social europeo, que históricamente le ha caracterizado frente a otras áreas del mundo.
En España, lamentablemente, el Gobierno ha seguido acríticamente las directrices europeas y ha contribuido a hacer cierto aquel aserto de que la crisis la están pagando quienes no la provocaron. Desde el plan de ajuste de mayo pasado, hemos visto congelar las pensiones, reducir los salarios de los empleados y empleadas públicos, retirar inversión pública, disminuir los recursos para la aplicación de la ley de Dependencia? hemos visto cómo se legislaba en materia de reforma laboral, haciendo más fácil y barato el despido y cuestionando algunos aspectos fundamentales de la negociación colectiva. Los sindicatos nos vimos obligados a convocar la Huelga General el pasado 29 de septiembre para combatir esas políticas.
La Huelga General, con un importante seguimiento, permitió resituar el conflicto social y abrir procesos de negociación antes despreciados.
En este tiempo, hemos podido comprobar cómo, pese a lo advertido por los sindicatos, la reforma laboral no sólo no ha contribuido a crear empleo, sino que éste ha aumentado considerablemente (más de 4.600.000 parados y paradas) y cómo la dualidad entre contratos indefinidos y temporales, lejos de reducirse, se ha incrementado. Los efectos perversos de la reforma están más que demostrados y es imperiosa una reconsideración que restablezca derechos y favorezca la contratación estable. Con esta finalidad, el movimiento sindical español está recogiendo firmas para hacer llegar a las Cortes una iniciativa legislativa popular por el empleo estable y con derechos. En breve, alcanzaremos las 500.000 necesarias.
La nueva relación de fuerzas conseguida tras la Huelga General posibilitó la negociación y firma del Acuerdo Social y Económico que garantiza el futuro de las pensiones públicas, al tiempo que salió al paso de las pretensiones más regresivas del Gobierno, planteó medidas para afrontar el cambio de patrón de crecimiento apostando por la política industrial, energética y la I+D+i, permitió recuperar la ayuda a los parados que han perdido cualquier prestación y abrió de nuevo la mesa de la función pública.
En estos momentos, estamos negociando una reforma de la estructura de la negociación colectiva que pretendemos extienda la regulación colectiva de los derechos laborales y favorezca la participación sindical en la flexibilidad interna que se debe aplicar en el seno de las empresas como alternativa a la cultura del despido.
En todo caso, este Primero de Mayo es una nueva oportunidad para situar el que es el principal problema del país, en el centro de las reivindicaciones de los trabajadores: el desempleo. Crear empleo con derechos, pensando especialmente en los jóvenes, es el elemento central de nuestra convocatoria en una lucha por salir de la crisis reforzando el entramado de la protección social. Para ello, es necesaria otra política económica que sitúe la reforma fiscal como principal medio de recaudar los recursos necesarios de manera más justa y equitativa. En esta misma dirección, es indispensable una reforma de nuestro sistema financiero que garantice que el crédito fluye a las familias, autónomos y pequeñas empresas. Por esta misma razón, rechazamos la reforma de las cajas de ahorros, que supone la bancarización de las cajas y la pérdida de su carácter social.
"Empleo con derechos. No a los recortes sociales". Son nuestros lemas para este Primero de Mayo, pero también definen las grandes líneas de intervención del movimiento sindical español, en correspondencia con el movimiento sindical en todo el mundo, para enfrentar la salida de la crisis.
El Primero de Mayo es la jornada festivo-reivindicativa del movimiento obrero en todo el mundo. Tiene, en ese sentido, dos vertientes convergentes: una, la que expresa la solidaridad internacionalista, propia del pensamiento progresista, que caracteriza a las organizaciones obreras y otra, la que permite proyectar, año tras año, las reivindicaciones que en relación a la coyuntura económica, social y política tienen los sindicatos que organizan a los trabajadores y trabajadoras.
En este doble sentido, este 1 de mayo debe ser la oportunidad para alzar la voz, de nuevo, por los pueblos que más sufren y ésos, en este 2011, no son otros que los de los países árabes que se enfrentan a dictaduras opresivas en demanda de democracia y justicia social. Particularmente, el pueblo libio, que atraviesa por una guerra civil que la comunidad internacional debe contribuir a finalizar con el menor coste posible en vidas humanas. El pueblo japonés también debe ser recordado en un día como éste. El desastre natural que ha sufrido nos muestra lo vulnerable que es el ser humano y pone de manifiesto, como nunca, el valor de la solidaridad. También nos invita a reflexionar sobre la seguridad de la energía nuclear y sobre la necesidad apremiante de buscar fuentes energéticas más seguras y sostenibles. La vocación internacionalista del movimiento obrero español no puede dejar de tener presente a los pueblos que luchan por su autodeterminación, como el palestino y el saharaui.
La vertiente reivindicativa este año, como los dos anteriores, está vinculada a la crisis económica y a cómo los gobiernos la están gestionando. La UE, después del desconcierto inicial, ha marcado una línea de salida particularmente agresiva con los derechos de los trabajadores y trabajadoras: el Plan de Estabilidad, primero, y ahora el Pacto por el Euro, que sitúan la reducción del déficit como principal prioridad, están sacrificando la recuperación económica, generando un volumen de desempleo nunca visto (23 millones de parados en toda Europa) y un recorte de derechos laborales y sociales que amenaza con hacer irreconocible el modelo social europeo, que históricamente le ha caracterizado frente a otras áreas del mundo.
En España, lamentablemente, el Gobierno ha seguido acríticamente las directrices europeas y ha contribuido a hacer cierto aquel aserto de que la crisis la están pagando quienes no la provocaron. Desde el plan de ajuste de mayo pasado, hemos visto congelar las pensiones, reducir los salarios de los empleados y empleadas públicos, retirar inversión pública, disminuir los recursos para la aplicación de la ley de Dependencia? hemos visto cómo se legislaba en materia de reforma laboral, haciendo más fácil y barato el despido y cuestionando algunos aspectos fundamentales de la negociación colectiva. Los sindicatos nos vimos obligados a convocar la Huelga General el pasado 29 de septiembre para combatir esas políticas.
La Huelga General, con un importante seguimiento, permitió resituar el conflicto social y abrir procesos de negociación antes despreciados.
En este tiempo, hemos podido comprobar cómo, pese a lo advertido por los sindicatos, la reforma laboral no sólo no ha contribuido a crear empleo, sino que éste ha aumentado considerablemente (más de 4.600.000 parados y paradas) y cómo la dualidad entre contratos indefinidos y temporales, lejos de reducirse, se ha incrementado. Los efectos perversos de la reforma están más que demostrados y es imperiosa una reconsideración que restablezca derechos y favorezca la contratación estable. Con esta finalidad, el movimiento sindical español está recogiendo firmas para hacer llegar a las Cortes una iniciativa legislativa popular por el empleo estable y con derechos. En breve, alcanzaremos las 500.000 necesarias.
La nueva relación de fuerzas conseguida tras la Huelga General posibilitó la negociación y firma del Acuerdo Social y Económico que garantiza el futuro de las pensiones públicas, al tiempo que salió al paso de las pretensiones más regresivas del Gobierno, planteó medidas para afrontar el cambio de patrón de crecimiento apostando por la política industrial, energética y la I+D+i, permitió recuperar la ayuda a los parados que han perdido cualquier prestación y abrió de nuevo la mesa de la función pública.
En estos momentos, estamos negociando una reforma de la estructura de la negociación colectiva que pretendemos extienda la regulación colectiva de los derechos laborales y favorezca la participación sindical en la flexibilidad interna que se debe aplicar en el seno de las empresas como alternativa a la cultura del despido.
En todo caso, este Primero de Mayo es una nueva oportunidad para situar el que es el principal problema del país, en el centro de las reivindicaciones de los trabajadores: el desempleo. Crear empleo con derechos, pensando especialmente en los jóvenes, es el elemento central de nuestra convocatoria en una lucha por salir de la crisis reforzando el entramado de la protección social. Para ello, es necesaria otra política económica que sitúe la reforma fiscal como principal medio de recaudar los recursos necesarios de manera más justa y equitativa. En esta misma dirección, es indispensable una reforma de nuestro sistema financiero que garantice que el crédito fluye a las familias, autónomos y pequeñas empresas. Por esta misma razón, rechazamos la reforma de las cajas de ahorros, que supone la bancarización de las cajas y la pérdida de su carácter social.
"Empleo con derechos. No a los recortes sociales". Son nuestros lemas para este Primero de Mayo, pero también definen las grandes líneas de intervención del movimiento sindical español, en correspondencia con el movimiento sindical en todo el mundo, para enfrentar la salida de la crisis.
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