Entre las notas confidenciales del gobierno estadunidense difundidas por el sitio Wikileaks, se han dado a conocer varios informes alarmantes, indignantes y desoladores que atañen a la actuación del gobierno calderonista en su "guerra" contra la delincuencia organizada y a su mal desempeño general.
Destaca, en primer lugar, la inaceptable cesión de soberanía protagonizada por la actual administración, la cual ha caído en una dependencia casi total con respecto a Washington en materia de seguridad y de política exterior: el Ejecutivo federal comparte con la Casa Blanca circunstancias catastróficas que no da a conocer a la población mexicana; implora información de inteligencia, tecnología y capacitación, y reconoce la impotencia oficial ante las organizaciones delictivas. La autoridad ha venido propiciando, de esta forma, la injerencia de Estados Unidos y la supeditación a ese país en la seguridad y el manejo de la fuerza pública, y lo ha hecho –a contrapelo de los alegatos en favor de la transparencia– a espaldas a la sociedad.
En uno de los documentos divulgados por Wikileaks se consigna la percepción de Washington de que los cuerpos de seguridad mexicanos se encuentran divididos y confrontados, y que el Ejército actúa en forma lenta, torpe y con aversión al riesgo; en otro cable se afirma que en Ciudad Juárez se evidenció que la institución militar carecía del entrenamiento para patrullar las calles o emprender operaciones de aplicación de las leyes; en uno más se reproducen apreciaciones del ex subsecretario de Gobernación Jerónimo Gutiérrez de que las fuerzas gubernamentales han perdido el control de diversas regiones, que el despliegue de recursos militares y policiales en Ciudad Juárez no ha producido resultados y que al aparato institucional ya no le queda tiempo para retomar el control en lo que le resta al régimen calderonista.
En lo diplomático, los documentos difundidos por Wikileaks presentan a Calderón casi como un subordinado de Washington en el hemisferio: en un reporte sobre un encuentro con Dennis Blair, director de Inteligencia Nacional del país vecino, se ponen en boca del político michoacano expresiones como que su gobierno "está tratando de aislar a Venezuela por medio del Grupo de Río"; que está "particularmente preocupado" por las relaciones de Caracas con Teherán, y que el presidente Hugo Chávez "financió al Partido de la Revolución Democrática durante la campaña presidencial" de 2006.
Es de resaltar también el juicio sumarísimo que hace Calderón ligando a Venezuela e Irán con el narcotráfico. Y lo hace sin aportar prueba alguna.
En suma, los cables secretos divulgados por Wikileaks confirman lo que numerosas voces independientes han venido señalando: la estrategia de seguridad del actual gobierno conlleva una abdicación a la soberanía, el equipo gubernamental carece de la capacidad requerida para ganar la "guerra" que declaró y el empleo de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia tiene, necesariamente, consecuencias catastróficas para la propia institución castrense. Se confirma, también, que la administración actual ha ocultado información veraz relativa a la sangrienta confrontación a la que se ha llevado al país, y que en la ocultación han tenido un papel destacado los opinadores quienes, aun contando con los elementos de juicio para conocer los extravíos del poder público, le han aplaudido y le han facilitado argumentos para sus empeños errados.
Ante las revelaciones comentadas, la estrategia de seguridad y la política exterior del gobierno federal han quedado en una posición insostenible. La administración calderonista debe explicar, rectificar y ofrecer una disculpa amplia, profunda y honesta a la sociedad.
Fuente: La Jornada
Destaca, en primer lugar, la inaceptable cesión de soberanía protagonizada por la actual administración, la cual ha caído en una dependencia casi total con respecto a Washington en materia de seguridad y de política exterior: el Ejecutivo federal comparte con la Casa Blanca circunstancias catastróficas que no da a conocer a la población mexicana; implora información de inteligencia, tecnología y capacitación, y reconoce la impotencia oficial ante las organizaciones delictivas. La autoridad ha venido propiciando, de esta forma, la injerencia de Estados Unidos y la supeditación a ese país en la seguridad y el manejo de la fuerza pública, y lo ha hecho –a contrapelo de los alegatos en favor de la transparencia– a espaldas a la sociedad.
En uno de los documentos divulgados por Wikileaks se consigna la percepción de Washington de que los cuerpos de seguridad mexicanos se encuentran divididos y confrontados, y que el Ejército actúa en forma lenta, torpe y con aversión al riesgo; en otro cable se afirma que en Ciudad Juárez se evidenció que la institución militar carecía del entrenamiento para patrullar las calles o emprender operaciones de aplicación de las leyes; en uno más se reproducen apreciaciones del ex subsecretario de Gobernación Jerónimo Gutiérrez de que las fuerzas gubernamentales han perdido el control de diversas regiones, que el despliegue de recursos militares y policiales en Ciudad Juárez no ha producido resultados y que al aparato institucional ya no le queda tiempo para retomar el control en lo que le resta al régimen calderonista.
En lo diplomático, los documentos difundidos por Wikileaks presentan a Calderón casi como un subordinado de Washington en el hemisferio: en un reporte sobre un encuentro con Dennis Blair, director de Inteligencia Nacional del país vecino, se ponen en boca del político michoacano expresiones como que su gobierno "está tratando de aislar a Venezuela por medio del Grupo de Río"; que está "particularmente preocupado" por las relaciones de Caracas con Teherán, y que el presidente Hugo Chávez "financió al Partido de la Revolución Democrática durante la campaña presidencial" de 2006.
Es de resaltar también el juicio sumarísimo que hace Calderón ligando a Venezuela e Irán con el narcotráfico. Y lo hace sin aportar prueba alguna.
En suma, los cables secretos divulgados por Wikileaks confirman lo que numerosas voces independientes han venido señalando: la estrategia de seguridad del actual gobierno conlleva una abdicación a la soberanía, el equipo gubernamental carece de la capacidad requerida para ganar la "guerra" que declaró y el empleo de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia tiene, necesariamente, consecuencias catastróficas para la propia institución castrense. Se confirma, también, que la administración actual ha ocultado información veraz relativa a la sangrienta confrontación a la que se ha llevado al país, y que en la ocultación han tenido un papel destacado los opinadores quienes, aun contando con los elementos de juicio para conocer los extravíos del poder público, le han aplaudido y le han facilitado argumentos para sus empeños errados.
Ante las revelaciones comentadas, la estrategia de seguridad y la política exterior del gobierno federal han quedado en una posición insostenible. La administración calderonista debe explicar, rectificar y ofrecer una disculpa amplia, profunda y honesta a la sociedad.
Fuente: La Jornada
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