Mauricio Merino / El Universal
No se le pueden pedir peras al olmo: los partidos designarán a los nuevos consejeros del IFE que les resulten más afines, porque es su facultad hacerlo, porque el procedimiento de selección así lo exige, y porque todos los precedentes nos dicen que así pasará. Tuvieron la oportunidad de romper esa dinámica en el 2007 pero, literalmente, la dilapidaron con sus malas artes, sus despropósitos y prepotencia.
Ya de entrada, la convocatoria que emitieron es casi idéntica a la que emplearon en el fallido procedimiento de 2007. Igual que entonces, simulan que las candidaturas serán presentadas por “grupos de ciudadanos, asociaciones e instituciones académicas, organizaciones ciudadanas o los propios aspirantes”, como si los partidos no fueran a promover a sus propios candidatos. En aquella ocasión, hicieron caso omiso de las cartas y los apoyos públicos que cientos de personas hicieron llegar a la Cámara de Diputados para respaldar candidaturas de la sociedad civil y la academia, pues lo único que contó fue el respaldo partidario ganado durante las negociaciones de último minuto, apremiadas tras la ruptura de los plazos constitucionales y realizadas en medio de un oleaje infame de descalificaciones. Y hoy, para colmo, la convocatoria enfatiza aquel engaño: “no podrán llevarse a cabo entrevistas o reuniones con aspirantes o candidatos —dice el texto publicado—, fuera del procedimiento“. ¡Ay de aquéllos que sigan esa regla!
Con un toque de pudor tardío, eso sí, los diputados corrigieron la convocatoria del 2007 con la promesa de contener las salvajadas de sus compañeros en las entrevistas públicas. Dice el texto —emulando el Manual de Buenas Maneras de Carreño— que: “las preguntas (que formulen los diputados en esas entrevistas) sólo podrán versar sobre aspectos técnicos o jurídicos, propios de la materia electoral y tendrán como propósito comprobar que los candidatos poseen el perfil adecuado, así como los conocimientos y la experiencia que les permitan el desempeño eficaz y calificado de sus funciones“.
Prometen ya no agredir a nadie, muy bien. ¿Pero con qué criterios calificarán los conocimientos y la experiencia de los candidatos? Porque en 2007, calificaron de 0 a 10 como les vino en gana y sin dar cuenta de razones “técnicas y jurídicas“ para repartir estrellas o asestar trancazos. Y es más que previsible que volverán a hacerlo, pues otra vez olvidaron fijar criterios de calificación.
El único párrafo que parece verdadero es, acaso, el que está situado en el Artículo Séptimo de la convocatoria: “los grupos parlamentarios, a través de la Junta de Coordinación Política, determinarán por el más amplio consenso posible y atendiendo las consideraciones y recomendaciones que establezca el dictamen de la Comisión de Gobernación, la propuesta de los nombres de los tres candidatos a consejeros electorales del IFE para el periodo del 31 de octubre de 2010 al 30 de octubre de 2019“. Todo lo demás será parafernalia y, en el mejor de los casos, tiempo ganado para el cabildeo.
En cambio, sería más honesto y produciría mayor confianza, creo yo, que los diputados asumieran a cabalidad su responsabilidad pública. Que no fingieran que las candidaturas vienen de los ciudadanos, cuando serán ellos mismos quienes las promuevan; que no simulen que examinan candidatos cuando todo el mundo sabe que lo único que esperan de ellos es confianza y cercanía; que no finjan que los califican con rigor científico cuando no tienen ni el más mínimo criterio compartido para hacerlo, ni idea alguna para justificarlo. Sería mejor que no buscaran engañar a nadie y que convocaran, sin más, para seleccionar a quienes les resulten más confiables tanto por su experiencia y su capacidad probadas, como por la suma calificada de apoyos partidarios. Así se formó el IFE de 1996 y nadie se llamó a engaño —porque a nadie se engañó. Y así también se integraron los nombres de los seis consejeros que hoy siguen en sus cargos: todos acreditaron una larga experiencia electoral, todos conocían bien la legislación y al IFE, y todos tuvieron el beneficio de la confianza partidaria. Si algo ha lastimado la trayectoria de estos consejeros ha sido, acaso, el tener que fingir que no llegaron a sus puestos gracias al respaldo explícito de algún partido, cuando todos sabemos que así fue.
Lo que hace daño es, en suma, la simulación tramposa que acaba destruyendo la confianza: ese bien público indispensable para que el IFE pueda trabajar. Mejor que sea de frente y sin retruécanos, y que los coordinadores parlamentarios asuman su papel: el de convencer a sus bancadas de la bondad técnica y política de sus propuestas y, a la sociedad, de las virtudes y las capacidades de los nuevos consejeros. Sin vaciladas.
Profesor investigador del CIDE
No se le pueden pedir peras al olmo: los partidos designarán a los nuevos consejeros del IFE que les resulten más afines, porque es su facultad hacerlo, porque el procedimiento de selección así lo exige, y porque todos los precedentes nos dicen que así pasará. Tuvieron la oportunidad de romper esa dinámica en el 2007 pero, literalmente, la dilapidaron con sus malas artes, sus despropósitos y prepotencia.
Ya de entrada, la convocatoria que emitieron es casi idéntica a la que emplearon en el fallido procedimiento de 2007. Igual que entonces, simulan que las candidaturas serán presentadas por “grupos de ciudadanos, asociaciones e instituciones académicas, organizaciones ciudadanas o los propios aspirantes”, como si los partidos no fueran a promover a sus propios candidatos. En aquella ocasión, hicieron caso omiso de las cartas y los apoyos públicos que cientos de personas hicieron llegar a la Cámara de Diputados para respaldar candidaturas de la sociedad civil y la academia, pues lo único que contó fue el respaldo partidario ganado durante las negociaciones de último minuto, apremiadas tras la ruptura de los plazos constitucionales y realizadas en medio de un oleaje infame de descalificaciones. Y hoy, para colmo, la convocatoria enfatiza aquel engaño: “no podrán llevarse a cabo entrevistas o reuniones con aspirantes o candidatos —dice el texto publicado—, fuera del procedimiento“. ¡Ay de aquéllos que sigan esa regla!
Con un toque de pudor tardío, eso sí, los diputados corrigieron la convocatoria del 2007 con la promesa de contener las salvajadas de sus compañeros en las entrevistas públicas. Dice el texto —emulando el Manual de Buenas Maneras de Carreño— que: “las preguntas (que formulen los diputados en esas entrevistas) sólo podrán versar sobre aspectos técnicos o jurídicos, propios de la materia electoral y tendrán como propósito comprobar que los candidatos poseen el perfil adecuado, así como los conocimientos y la experiencia que les permitan el desempeño eficaz y calificado de sus funciones“.
Prometen ya no agredir a nadie, muy bien. ¿Pero con qué criterios calificarán los conocimientos y la experiencia de los candidatos? Porque en 2007, calificaron de 0 a 10 como les vino en gana y sin dar cuenta de razones “técnicas y jurídicas“ para repartir estrellas o asestar trancazos. Y es más que previsible que volverán a hacerlo, pues otra vez olvidaron fijar criterios de calificación.
El único párrafo que parece verdadero es, acaso, el que está situado en el Artículo Séptimo de la convocatoria: “los grupos parlamentarios, a través de la Junta de Coordinación Política, determinarán por el más amplio consenso posible y atendiendo las consideraciones y recomendaciones que establezca el dictamen de la Comisión de Gobernación, la propuesta de los nombres de los tres candidatos a consejeros electorales del IFE para el periodo del 31 de octubre de 2010 al 30 de octubre de 2019“. Todo lo demás será parafernalia y, en el mejor de los casos, tiempo ganado para el cabildeo.
En cambio, sería más honesto y produciría mayor confianza, creo yo, que los diputados asumieran a cabalidad su responsabilidad pública. Que no fingieran que las candidaturas vienen de los ciudadanos, cuando serán ellos mismos quienes las promuevan; que no simulen que examinan candidatos cuando todo el mundo sabe que lo único que esperan de ellos es confianza y cercanía; que no finjan que los califican con rigor científico cuando no tienen ni el más mínimo criterio compartido para hacerlo, ni idea alguna para justificarlo. Sería mejor que no buscaran engañar a nadie y que convocaran, sin más, para seleccionar a quienes les resulten más confiables tanto por su experiencia y su capacidad probadas, como por la suma calificada de apoyos partidarios. Así se formó el IFE de 1996 y nadie se llamó a engaño —porque a nadie se engañó. Y así también se integraron los nombres de los seis consejeros que hoy siguen en sus cargos: todos acreditaron una larga experiencia electoral, todos conocían bien la legislación y al IFE, y todos tuvieron el beneficio de la confianza partidaria. Si algo ha lastimado la trayectoria de estos consejeros ha sido, acaso, el tener que fingir que no llegaron a sus puestos gracias al respaldo explícito de algún partido, cuando todos sabemos que así fue.
Lo que hace daño es, en suma, la simulación tramposa que acaba destruyendo la confianza: ese bien público indispensable para que el IFE pueda trabajar. Mejor que sea de frente y sin retruécanos, y que los coordinadores parlamentarios asuman su papel: el de convencer a sus bancadas de la bondad técnica y política de sus propuestas y, a la sociedad, de las virtudes y las capacidades de los nuevos consejeros. Sin vaciladas.
Profesor investigador del CIDE
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