David Ibarra/ El Universal
La iniciativa presidencial de reforma política intenta remodelar los organismos representativos de gobierno —reza la exposición de motivos— a fin de regular y mejorar las relaciones entre los poderes de la Unión, así como entre los distintos niveles de gobierno o entre ciudadanos y autoridades. A la propuesta panista ha seguido la del PRI y la del PRD, hasta integrar más de cincuenta ajustes al sistema político nacional.
Esa discusión lleva de modo natural a examinar los liderazgos o los pesos y contrapesos entre los poderes Legislativo y Ejecutivo. Un camino conduce a asignar el liderazgo al Ejecutivo por la vía de la formación ingenieril de mayorías legislativas congruentes con las ideas presidenciales. El otro, se inclina por un sistema plural, de controles legislativos sobre la gestión presidencial. Para el primero, el problema reside en la parálisis atribuible a los diferendos entre el Ejecutivo y el Legislativo; para el segundo, el dilema está en la falta de representatividad de los poderes estatales, reflejo del alejamiento de las políticas públicas con respecto a las demandas ciudadanas.
El PAN persigue fortalecer los poderes presidenciales y formar ingenierilmente —no por negociación— mayorías dentro de los órganos legislativos compatibles con la agenda fijada por el Ejecutivo. Por tanto, se prefiere el predominio mayoritario, la reducción de la fragmentación de partidos e iniciativas y, en cierto modo, el bipartidismo. Tales finalidades justifican la segunda vuelta en la elección presidencial, la elección consecutiva de legisladores con reducción de su número, la ampliación de los requisitos de registro de los partidos, la explicitación del veto presidencial y la facultad del Ejecutivo para lanzar iniciativas preferentes, incluido el referéndum. Sin embargo, acaso por su debilidad electoral, el PAN no intenta restablecer a plenitud la cláusula de gobernabilidad o romper el tope de 8% que permitiría obtener mayorías absolutas en las cámaras al Poder Ejecutivo triunfante en cada elección.
A reserva de que el PRI presente una iniciativa unificada, su propuesta senatorial acepta la elección consecutiva de legisladores y la reducción de su número, el referéndum, el veto presupuestal del Ejecutivo. En contraste, no incorpora la segunda vuelta, ni las candidaturas independientes o las iniciativas ciudadanas que posiblemente debilitarían su posición de partido, hoy por hoy, electoralmente mayoritario. Además, en la versión Peña-Chauayffet de la Cámara de Diputados, propone la disolución del tope del 8% a la cláusula de gobernabilidad, congruente con la hipótesis del probable predominio priísta en el 2012. Luego, la iniciativa se vuelca a fortalecer al Poder Legislativo con la ratificación de buena parte del gabinete, la designación también senatorial del procurador de la República, la autonomía del Ministerio Público, el otorgamiento de facultades de investigación a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Por su parte, el PRD busca a rajatabla afianzar el principio de representación proporcional en las legislaturas, acrecentar el poder ciudadano y acotar al Ejecutivo. Busca fortalecer algunas tesis democráticas, pero también elevar al máximo el número de legisladores asequible al partido electoralmente más débil entre los tres grandes. De otro lado, apoya a las iniciativas ciudadanas, las candidaturas independientes, así como las iniciativas preferentes —no sólo del Ejecutivo, sino también de las legislaturas y el referéndum— pero niega respaldo a la segunda vuelta, a pesar de que pudo incorporar el requisito de que la contienda final se integre entre más de dos candidatos finalistas.
El PAN, como el PRI, intenta reeditar un presidencialismo fuerte, validar la correspondencia entre mayorías de votantes y mayorías legislativas. El PRI procura por igual, establecer controles reales o aparentes sobre el Ejecutivo que reforzarían su probable predominio electoral. En cambio, el PRD tiene la preocupación del regreso al Ejecutivo hegemónico. Por lo tanto, su propuesta insiste en eliminar casi por entero el sesgo mayoritario del sistema político vigente, que bien podría resultar inaceptable para los partidos que cuentan con las preferencias electorales y repudian la fragmentación de los partidos. Asimismo, la moción de censura a los funcionarios del Poder Ejecutivo resulta asimétrica ante la ausencia de vías para disolver los cuerpos legislativos, como ocurre en los sistemas parlamentarios. Paradójicamente, PAN Y PRD forman alianzas como vía de abatir electoralmente al PRI, aunque hagan violencia a sus ideologías y quizás a sus mismos partidarios.
Como se aprecia, a la par de abordarse cuestiones complejas y disputadas, la reforma se sitúa en la superestructura política o en la pragmática electoral. Ambas prácticas son incongruentes con las premuras del estancamiento socio-económico, de la crisis global y de la necesidad imperiosa de crear empleos en el país. Seguramente hay caminos menos rebuscados para atender la impaciencia ciudadana asociada a la exclusión política, la pobreza, la inseguridad, la insuficiencia de servicios básicos. Habrá que encontrarlos ante el fracaso casi inevitable o la inefectividad de las reformas políticas propuestas.
La iniciativa presidencial de reforma política intenta remodelar los organismos representativos de gobierno —reza la exposición de motivos— a fin de regular y mejorar las relaciones entre los poderes de la Unión, así como entre los distintos niveles de gobierno o entre ciudadanos y autoridades. A la propuesta panista ha seguido la del PRI y la del PRD, hasta integrar más de cincuenta ajustes al sistema político nacional.
Esa discusión lleva de modo natural a examinar los liderazgos o los pesos y contrapesos entre los poderes Legislativo y Ejecutivo. Un camino conduce a asignar el liderazgo al Ejecutivo por la vía de la formación ingenieril de mayorías legislativas congruentes con las ideas presidenciales. El otro, se inclina por un sistema plural, de controles legislativos sobre la gestión presidencial. Para el primero, el problema reside en la parálisis atribuible a los diferendos entre el Ejecutivo y el Legislativo; para el segundo, el dilema está en la falta de representatividad de los poderes estatales, reflejo del alejamiento de las políticas públicas con respecto a las demandas ciudadanas.
El PAN persigue fortalecer los poderes presidenciales y formar ingenierilmente —no por negociación— mayorías dentro de los órganos legislativos compatibles con la agenda fijada por el Ejecutivo. Por tanto, se prefiere el predominio mayoritario, la reducción de la fragmentación de partidos e iniciativas y, en cierto modo, el bipartidismo. Tales finalidades justifican la segunda vuelta en la elección presidencial, la elección consecutiva de legisladores con reducción de su número, la ampliación de los requisitos de registro de los partidos, la explicitación del veto presidencial y la facultad del Ejecutivo para lanzar iniciativas preferentes, incluido el referéndum. Sin embargo, acaso por su debilidad electoral, el PAN no intenta restablecer a plenitud la cláusula de gobernabilidad o romper el tope de 8% que permitiría obtener mayorías absolutas en las cámaras al Poder Ejecutivo triunfante en cada elección.
A reserva de que el PRI presente una iniciativa unificada, su propuesta senatorial acepta la elección consecutiva de legisladores y la reducción de su número, el referéndum, el veto presupuestal del Ejecutivo. En contraste, no incorpora la segunda vuelta, ni las candidaturas independientes o las iniciativas ciudadanas que posiblemente debilitarían su posición de partido, hoy por hoy, electoralmente mayoritario. Además, en la versión Peña-Chauayffet de la Cámara de Diputados, propone la disolución del tope del 8% a la cláusula de gobernabilidad, congruente con la hipótesis del probable predominio priísta en el 2012. Luego, la iniciativa se vuelca a fortalecer al Poder Legislativo con la ratificación de buena parte del gabinete, la designación también senatorial del procurador de la República, la autonomía del Ministerio Público, el otorgamiento de facultades de investigación a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Por su parte, el PRD busca a rajatabla afianzar el principio de representación proporcional en las legislaturas, acrecentar el poder ciudadano y acotar al Ejecutivo. Busca fortalecer algunas tesis democráticas, pero también elevar al máximo el número de legisladores asequible al partido electoralmente más débil entre los tres grandes. De otro lado, apoya a las iniciativas ciudadanas, las candidaturas independientes, así como las iniciativas preferentes —no sólo del Ejecutivo, sino también de las legislaturas y el referéndum— pero niega respaldo a la segunda vuelta, a pesar de que pudo incorporar el requisito de que la contienda final se integre entre más de dos candidatos finalistas.
El PAN, como el PRI, intenta reeditar un presidencialismo fuerte, validar la correspondencia entre mayorías de votantes y mayorías legislativas. El PRI procura por igual, establecer controles reales o aparentes sobre el Ejecutivo que reforzarían su probable predominio electoral. En cambio, el PRD tiene la preocupación del regreso al Ejecutivo hegemónico. Por lo tanto, su propuesta insiste en eliminar casi por entero el sesgo mayoritario del sistema político vigente, que bien podría resultar inaceptable para los partidos que cuentan con las preferencias electorales y repudian la fragmentación de los partidos. Asimismo, la moción de censura a los funcionarios del Poder Ejecutivo resulta asimétrica ante la ausencia de vías para disolver los cuerpos legislativos, como ocurre en los sistemas parlamentarios. Paradójicamente, PAN Y PRD forman alianzas como vía de abatir electoralmente al PRI, aunque hagan violencia a sus ideologías y quizás a sus mismos partidarios.
Como se aprecia, a la par de abordarse cuestiones complejas y disputadas, la reforma se sitúa en la superestructura política o en la pragmática electoral. Ambas prácticas son incongruentes con las premuras del estancamiento socio-económico, de la crisis global y de la necesidad imperiosa de crear empleos en el país. Seguramente hay caminos menos rebuscados para atender la impaciencia ciudadana asociada a la exclusión política, la pobreza, la inseguridad, la insuficiencia de servicios básicos. Habrá que encontrarlos ante el fracaso casi inevitable o la inefectividad de las reformas políticas propuestas.
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