EL RIESGO DE UNA CRISIS DE DEUDA NO HA PASADO

Lorenzo Bernaldo de Quirós / elEconomista.es
La decisión del Ecofin de crear un Mecanismo Europeo de Estabilización para calmar a los mercados financieros y evitar que el contagio de la crisis griega se extienda a otras economías y termine por desestabilizar la zona euro fue recibida con un entusiasmo que se ha ido enfriando a velocidad de vértigo.
La razón es evidente: los 750.000 millones de euros que dotarían ese instrumento no están disponibles ni se espera que lo estén. Desde esta óptica, los mercados comenzarán a poner en cuestión la sostenibilidad de las finanzas públicas de otros países de la eurozona, en concreto de Portugal y de España.
Esta hipótesis se ha visto contrastada por el aumento de la prima de riesgo de la deuda española: el diferencial con el bono alemán se ha vuelto a ampliar a pesar del plan de ajuste presupuestario presentado por el Gobierno al Parlamento la semana pasada. En otras palabras, la amenaza de una crisis de deuda no ha desaparecido y puede intensificarse en el horizonte del corto plazo.
Aunque la UE y el FMI han acudido en socorro de Grecia, es improbable que quisieran o pudieran hacerlo en el hipotético caso de que, por ejemplo, España estuviese en una situación similar. Esta afirmación se ve respaldada por un hecho: el mandato otorgado al Banco Central Europeo (BCE) para que compre deuda de los países con dificultades. Esta acción refleja la negativa tácita de los estados europeos a comprometer recursos cuantiosos para socorrer a los países que puedan enfrentarse a una crisis fiscal.
Golpe a la credibilidad
Por eso se ha optado por monetizar la deuda, esto es, por utilizar la máquina de imprimir billetes del BCE para evitar el coste político y económico que tendría forzar a los contribuyentes de los estados sanos a salvar de la bancarrota a los enfermos. El precio a pagar por esta medida es la quiebra de uno de los principios básicos de la Unión Económica y Monetaria: la idea de que la política monetaria no debía ni podía convalidar la indisciplina fiscal. Desde esta perspectiva, la credibilidad del BCE y, por tanto, la confianza en el euro han sufrido y sufrirán un duro quebranto.
¿Por qué no desaparecerá el espectro de una crisis de deuda? El juego entre los estados soberanos y los inversores se puede definir como un equilibrio múltiple. Aunque el endeudamiento de un Gobierno no sea demasiado alto en términos comparados, los inversores pueden cuestionar la capacidad de pago del país deudor si no se producen dos condiciones básicas e interrelacionadas: primera, la generación de ingresos para hacer frente a sus obligaciones, lo que implica crecer; segunda, la aplicación de un recorte sustancial y creíble del binomio gasto/déficit público.
Si no se combinan esas dos acciones, la reducción del endeudamiento del sector público no sólo no se materializará, sino que, por el contrario, puede seguir incrementándose. Esta aparente paradoja no lo es y las razones son claras.
Si uno es keynesiano, un recorte de los desembolsos del sector público reduce el crecimiento de la economía y, por tanto, los ingresos tributarios, lo que aumenta el déficit y la deuda. Si uno no lo es y cree en el impacto expansivo de las contracciones fiscales, porque la disminución de las necesidades de financiación del Estado libera recursos para el consumo y la inversión privada, y porque las familias y las empresas descuentan una menor carga tributaria futura y en consecuencia gastan e invierten, esos efectos no se producen si el sistema bancario no funciona con normalidad y si no se aplican reformas estructurales capaces de estimular la economía. En este caso, el recorte del trinomio gasto/déficit/deuda se vuelve una tarea imposible.
La situación de la economía
La economía española está en esa situación. Por un lado, el mercado crediticio está severamente dañado y no existen expectativas de que mejore; es más, puede deteriorarse de manera adicional en los próximos meses cuando algunas cajas de ahorros tengan severos problemas de solvencia. Por otro, el Gobierno no ha introducido reforma estructural alguna capaz de impulsar la recuperación y generar empleo.
El plan de ajuste presupuestario tiene consecuencias depresivas adicionales sobre la actividad económica y, en consecuencia, no logrará el objetivo de reconducir las finanzas públicas a un escenario de sostenibilidad. Con una economía en recesión o estancada y con unos tipos de interés nominales que crecen por encima de lo que lo hará el PIB, la deuda pública mantendrá su carrera alcista. Antes o después, los inversores incorporarán este planteamiento a sus decisiones y arreciarán los problemas para cubrir las emisiones de bonos del Reino de España.
En este contexto, el Gabinete socialista se ha introducido en una espiral diabólica. Si no pone en marcha un proceso de consolidación fiscal y presupuestaria, la crisis de deuda es inevitable. Si aplica una restricción del gasto público sin reformas estructurales y sin sanear el sistema financiero, sucederá lo mismo. Los mercados descuentan esta posibilidad y, por eso, la prima riesgo de España presentará una trayectoria creciente en los próximos meses. El resultado es una enorme vulnerabilidad de la economía nacional ante cualquier acontecimiento interno o externo.
La solvencia del país está en entredicho y será muy complicado que esa situación se revierta sin un plan global y coherente que incluya, junto a una política fiscal restrictiva, una reestructuración y saneamiento rápidos del sistema banca-cajas, una reforma laboral profunda y una agresiva terapia liberalizadora.
Lorenzo Bernaldo de Quirós, miembro del Consejo Editorial de elEconomista.