Otras firmas mexicanas pueden tener la misma suerte: analistas. La empresa se reserva el derecho de pelear en las cortes, si las condiciones de la venta no son satisfactorias
Ramiro Alonso / El Universal
Ayer, el gobierno venezolano que preside Hugo Chávez emitió un decreto expropiatorio sobre la empresa Molinos Nacionales (Monaca), filial de la mexicana Gruma, y aunque en México la compañía aseguró que cooperará con las autoridades de aquel país, analistas consideran que este acontecimiento complica aún más la operación de las empresas mexicanas en Venezuela.
De alguna manera la guillotina pende sobre las empresas mexicanas por el gobierno. Gruma lo sabía desde hace tiempo; era una operación que metía algo de ruido en los mercados justamente por esta posibilidad, finalmente se concreta, Bimbo sería la segunda más probable, dijo una analista que declinó ser citada.
Agustín Llamas, especialista del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE), consideró que el resto de las empresas mexicanas que operan en Venezuela (Bimbo, Coca-Cola Femsa y Mexichem) corren el mismo riesgo que Gruma, y que en todo caso deben plantearse la pertinencia de sus operaciones en países que tienen regímenes autoritarios.
“En un sistema democrática las reglas del juego garantizan la libre competencia y la inversión extranjera, cuando no se está en un sistema democrático el nivel de riesgo aumenta considerablemente”, dijo Llamas.
Gruma informó que “gestionará ser indemnizada de manera pronta, adecuada y efectiva por el gobierno venezolano conforme a tratado internacional”.
En el comunicado detalló que es propietaria de 72.86% de la firma Valores Mundiales, que es una empresa constituida bajo las leyes del Reino de España que a su vez es propietaria de 100% del capital social de Monaca.
Las inversiones de valores mundiales se encuentran amparadas por el acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre España y Venezuela, informó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Eduardo Estrada, analista de Banamex Accival, comentó en un reporte que Gruma había estado negociando con el gobierno de Venezuela, por lo que el decreto es sorpresivo.
Agregó que la empresa espera conocer los detalles de la adquisición por parte del gobierno, pero se reservan el derecho de pelear en las cortes, si las condiciones no son satisfactorias.
En 2009 Gruma Venezuela contribuyó con 9 mil 300 millones de pesos en ventas.
El primer desencuentro entre empresarios mexicanos y el gobierno venezolano se dio con Grupo Bimbo en febrero de 2008, cuando un funcionario venezolano acusó a la firma de querer desestabilizar al gobierno bolivariano mediante el financiamiento a la oposición.
Cemex fue otra de las empresas que entró en conflicto cuando en septiembre de 2008 se decidió nacionalizar a la industria cementera en Venezuela.
SIP se preocupa
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) difundió un aviso a la opinión pública en el que manifestó su preocupación por “el grave deterioro a la libertad de prensa que se está observando de forma contínua y sistemática en Venezuela”.
En el aviso, la SIP insistió en la necesidad de que las Naciones Unidas invoque la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como máximo documento para que se respete la libertad de prensa y la libertad de expresión, cuyas garantías y beneficios son indispensables.
Ramiro Alonso / El Universal
Ayer, el gobierno venezolano que preside Hugo Chávez emitió un decreto expropiatorio sobre la empresa Molinos Nacionales (Monaca), filial de la mexicana Gruma, y aunque en México la compañía aseguró que cooperará con las autoridades de aquel país, analistas consideran que este acontecimiento complica aún más la operación de las empresas mexicanas en Venezuela.
De alguna manera la guillotina pende sobre las empresas mexicanas por el gobierno. Gruma lo sabía desde hace tiempo; era una operación que metía algo de ruido en los mercados justamente por esta posibilidad, finalmente se concreta, Bimbo sería la segunda más probable, dijo una analista que declinó ser citada.
Agustín Llamas, especialista del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE), consideró que el resto de las empresas mexicanas que operan en Venezuela (Bimbo, Coca-Cola Femsa y Mexichem) corren el mismo riesgo que Gruma, y que en todo caso deben plantearse la pertinencia de sus operaciones en países que tienen regímenes autoritarios.
“En un sistema democrática las reglas del juego garantizan la libre competencia y la inversión extranjera, cuando no se está en un sistema democrático el nivel de riesgo aumenta considerablemente”, dijo Llamas.
Gruma informó que “gestionará ser indemnizada de manera pronta, adecuada y efectiva por el gobierno venezolano conforme a tratado internacional”.
En el comunicado detalló que es propietaria de 72.86% de la firma Valores Mundiales, que es una empresa constituida bajo las leyes del Reino de España que a su vez es propietaria de 100% del capital social de Monaca.
Las inversiones de valores mundiales se encuentran amparadas por el acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre España y Venezuela, informó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Eduardo Estrada, analista de Banamex Accival, comentó en un reporte que Gruma había estado negociando con el gobierno de Venezuela, por lo que el decreto es sorpresivo.
Agregó que la empresa espera conocer los detalles de la adquisición por parte del gobierno, pero se reservan el derecho de pelear en las cortes, si las condiciones no son satisfactorias.
En 2009 Gruma Venezuela contribuyó con 9 mil 300 millones de pesos en ventas.
El primer desencuentro entre empresarios mexicanos y el gobierno venezolano se dio con Grupo Bimbo en febrero de 2008, cuando un funcionario venezolano acusó a la firma de querer desestabilizar al gobierno bolivariano mediante el financiamiento a la oposición.
Cemex fue otra de las empresas que entró en conflicto cuando en septiembre de 2008 se decidió nacionalizar a la industria cementera en Venezuela.
SIP se preocupa
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) difundió un aviso a la opinión pública en el que manifestó su preocupación por “el grave deterioro a la libertad de prensa que se está observando de forma contínua y sistemática en Venezuela”.
En el aviso, la SIP insistió en la necesidad de que las Naciones Unidas invoque la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como máximo documento para que se respete la libertad de prensa y la libertad de expresión, cuyas garantías y beneficios son indispensables.
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