José Miguel Moreno / El Semanario
Las autoridades europeas volvieron a decepcionar el lunes en la reunión del Eurogrupo, que congregó a los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona, así como al presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean Claude Trichet, al Comisario Europeo de Asuntos Económicos Y Monetarios, Olli Rehn, y al propio presidente del Eurogrupo, Jean Claude Juncker. Nueve horas de reunión para que sacaran un comunicado insustancial, de poco fuste, que no ha servido para calmar a los mercados: hoy las bolsas europeas vuelven a caer y el riesgo país de los periféricos se sigue trepando.
Cuando el gobierno griego aprobó el draconiano paquete de ajuste fiscal y privatizaciones por un monto de 78,000 millones de euros (mde) hace dos semanas, le prometieron que para estas fechas habría ya aprobado un segundo paquete de rescate. Y sin embargo, ahora le dicen que no lo tendrá hasta mediados de septiembre. ¿Realmente hay margen para tanto tiempo?
La lentitud de las instituciones europeas para resolver una crisis cada vez más acuciante es exasperante. Buenos son para exigir a Grecia o a cualquier otro país en apuros un rígido e insoportable cronograma de medidas de austeridad, aunque sea a costa de más desempleo y recesión, y en medio de fuertes protestas sociales. Pero a la hora de responder ellos con más ayudas financieras, sale a relucir la ineficiencia de todo el organigrama europeo, incapaz siempre de ponerse de acuerdo con prontitud aunque el asunto sea de máxima urgencia.
Desde hace tiempo la crítica situación de la deuda soberana en Europa exige una solución integral, pero nunca se llega a ella. Y así hemos visto como un incendio que empezó en una economía relativamente pequeña como la griega se ha propagado con relativa rapidez a Irlanda, a Portugal, ha retornado a Grecia y puede poner en llamas a la tercera economía de la zona euro, Italia, y a la cuarta, España, lo que hace que esta coyuntura sea especialmente delicada.
Sin embargo, el comunicado emitido ayer es ciertamente frustrante: lo más que prometen es “fortalecer la flexibilidad y la cobertura del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, alargando los vencimientos de los créditos y reduciendo las tasas de interés”, aunque sin ninguna medida concreta al afirmar que “las propuestas para este efecto serán pronto presentadas a los ministros”.
Respecto al rescate a Grecia, el único país que se menciona en el texto, los logros son aún menores. Lo más que llegan a decir es que “aplaudieron las propuestas del sector privado para contribuir voluntariamente al financiamiento de un segundo programa” sobre las propuestas que ya están sobre la mesa, si bien el BCE confirmó su posición de que “tendrá que evitarse un percance crediticio o una suspensión de pagos selectiva”.
El párrafo anterior y nada es prácticamente lo mismo, dado que hasta ahora las propuestas sobre una posible intervención del sector privado en el rescate han sido declaradas por las agencias de calificación como una “suspensión de pagos selectiva” o una ¡quiebra parcial”, por lo que son incompatibles salvo que se convenza a Moody’s y Standard & Poor’s de lo contrario.
Lo cierto es que hasta la fecha se ha intentado apagar el fuego de la crisis de deuda a cubetazos y ya es hora de sacar a toda la artillería antiincendios. Y para ello se deben reconocer varios puntos.
Primero, que Grecia, Irlanda y Portugal, con primas de riesgo insostenibles, están en los hechos en una situación de insolvencia, que su retorno a los mercados de crédito es impensable en un contexto de altos déficits, elevado endeudamiento, recesión y aversión al riesgo, y que tendrán que realizar en algún momento una reestructuración de la deuda para cuando se les acaba el dinero de los fondos de rescate.
Segundo, que la banca privada, las compañías de seguros y el resto de los acreedores deben participar en el rescate, tal y como exige Alemania y los Países Bajos, y asumir su responsabilidad en los errores en vez de seguir favoreciendo el “riesgo moral“, esto es, subsidiar con dinero público a los países en apuros para que los bancos sólo pongan la mano y cobren.
Tercero, que las autoridades deben convencer a las agencias de calificación, antes de emitir cualquier solución, que la propuesta para involucrar a la banca privada, dado que es voluntaria, no es una quiebra parcial del país, dado que eso implicaría limitaciones legales para las ayudas del FMI, para la adquisición de bonos del BCE, o para la compra de bonos soberanos por parte de las entidades como bancos, fondos mutuos, fondos de pensiones, compañías de seguros, etc.
Cuarto, que en caso de que las agencias de calificación no acepten colaborar, el FMI debería mantener su compromiso de seguir participando en la asistencia financiera, y que el BCE seguirá adquiriendo bonos como garantía de todos los países del euro independientemente del nivel de castigo recibido por las calificadoras.
Quinto, que en caso de que las agencias de calificación se nieguen a cooperar y el BCE permanezca inamovible, se deberá buscar una solución alternativa. Y ésta podría consistir en ampliar el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera en una cuantía brutal, por ejemplo a 1.5 billones de euros, y con ese dinero entrar en un proceso de recompra de deuda.
Sea lo que sea, las autoridades europeas junto con los líderes nacionales deben sentarse cuanto antes y buscar una solución radical que termine con la especulación financiera y el riesgo sistémico y de contagio. Es increíble que los remedios parciales realizados hasta ahora, los parches aplicados, no hayan servido de nada. Lo único que se ha logrado es desperdiciar municiones que han limitado el margen de maniobra de las instituciones al tiempo que la situación de los países rescatados ha empeorado, no sirvieron de cortafuegos contra el riesgo de contagio, y con Italia y España en la mira se elevará el costo total de la factura. Algo realmente lamentable. A ver con qué nos sorprenden hoy en la reunión del Ecofin.
Las autoridades europeas volvieron a decepcionar el lunes en la reunión del Eurogrupo, que congregó a los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona, así como al presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean Claude Trichet, al Comisario Europeo de Asuntos Económicos Y Monetarios, Olli Rehn, y al propio presidente del Eurogrupo, Jean Claude Juncker. Nueve horas de reunión para que sacaran un comunicado insustancial, de poco fuste, que no ha servido para calmar a los mercados: hoy las bolsas europeas vuelven a caer y el riesgo país de los periféricos se sigue trepando.
Cuando el gobierno griego aprobó el draconiano paquete de ajuste fiscal y privatizaciones por un monto de 78,000 millones de euros (mde) hace dos semanas, le prometieron que para estas fechas habría ya aprobado un segundo paquete de rescate. Y sin embargo, ahora le dicen que no lo tendrá hasta mediados de septiembre. ¿Realmente hay margen para tanto tiempo?
La lentitud de las instituciones europeas para resolver una crisis cada vez más acuciante es exasperante. Buenos son para exigir a Grecia o a cualquier otro país en apuros un rígido e insoportable cronograma de medidas de austeridad, aunque sea a costa de más desempleo y recesión, y en medio de fuertes protestas sociales. Pero a la hora de responder ellos con más ayudas financieras, sale a relucir la ineficiencia de todo el organigrama europeo, incapaz siempre de ponerse de acuerdo con prontitud aunque el asunto sea de máxima urgencia.
Desde hace tiempo la crítica situación de la deuda soberana en Europa exige una solución integral, pero nunca se llega a ella. Y así hemos visto como un incendio que empezó en una economía relativamente pequeña como la griega se ha propagado con relativa rapidez a Irlanda, a Portugal, ha retornado a Grecia y puede poner en llamas a la tercera economía de la zona euro, Italia, y a la cuarta, España, lo que hace que esta coyuntura sea especialmente delicada.
Sin embargo, el comunicado emitido ayer es ciertamente frustrante: lo más que prometen es “fortalecer la flexibilidad y la cobertura del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, alargando los vencimientos de los créditos y reduciendo las tasas de interés”, aunque sin ninguna medida concreta al afirmar que “las propuestas para este efecto serán pronto presentadas a los ministros”.
Respecto al rescate a Grecia, el único país que se menciona en el texto, los logros son aún menores. Lo más que llegan a decir es que “aplaudieron las propuestas del sector privado para contribuir voluntariamente al financiamiento de un segundo programa” sobre las propuestas que ya están sobre la mesa, si bien el BCE confirmó su posición de que “tendrá que evitarse un percance crediticio o una suspensión de pagos selectiva”.
El párrafo anterior y nada es prácticamente lo mismo, dado que hasta ahora las propuestas sobre una posible intervención del sector privado en el rescate han sido declaradas por las agencias de calificación como una “suspensión de pagos selectiva” o una ¡quiebra parcial”, por lo que son incompatibles salvo que se convenza a Moody’s y Standard & Poor’s de lo contrario.
Lo cierto es que hasta la fecha se ha intentado apagar el fuego de la crisis de deuda a cubetazos y ya es hora de sacar a toda la artillería antiincendios. Y para ello se deben reconocer varios puntos.
Primero, que Grecia, Irlanda y Portugal, con primas de riesgo insostenibles, están en los hechos en una situación de insolvencia, que su retorno a los mercados de crédito es impensable en un contexto de altos déficits, elevado endeudamiento, recesión y aversión al riesgo, y que tendrán que realizar en algún momento una reestructuración de la deuda para cuando se les acaba el dinero de los fondos de rescate.
Segundo, que la banca privada, las compañías de seguros y el resto de los acreedores deben participar en el rescate, tal y como exige Alemania y los Países Bajos, y asumir su responsabilidad en los errores en vez de seguir favoreciendo el “riesgo moral“, esto es, subsidiar con dinero público a los países en apuros para que los bancos sólo pongan la mano y cobren.
Tercero, que las autoridades deben convencer a las agencias de calificación, antes de emitir cualquier solución, que la propuesta para involucrar a la banca privada, dado que es voluntaria, no es una quiebra parcial del país, dado que eso implicaría limitaciones legales para las ayudas del FMI, para la adquisición de bonos del BCE, o para la compra de bonos soberanos por parte de las entidades como bancos, fondos mutuos, fondos de pensiones, compañías de seguros, etc.
Cuarto, que en caso de que las agencias de calificación no acepten colaborar, el FMI debería mantener su compromiso de seguir participando en la asistencia financiera, y que el BCE seguirá adquiriendo bonos como garantía de todos los países del euro independientemente del nivel de castigo recibido por las calificadoras.
Quinto, que en caso de que las agencias de calificación se nieguen a cooperar y el BCE permanezca inamovible, se deberá buscar una solución alternativa. Y ésta podría consistir en ampliar el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera en una cuantía brutal, por ejemplo a 1.5 billones de euros, y con ese dinero entrar en un proceso de recompra de deuda.
Sea lo que sea, las autoridades europeas junto con los líderes nacionales deben sentarse cuanto antes y buscar una solución radical que termine con la especulación financiera y el riesgo sistémico y de contagio. Es increíble que los remedios parciales realizados hasta ahora, los parches aplicados, no hayan servido de nada. Lo único que se ha logrado es desperdiciar municiones que han limitado el margen de maniobra de las instituciones al tiempo que la situación de los países rescatados ha empeorado, no sirvieron de cortafuegos contra el riesgo de contagio, y con Italia y España en la mira se elevará el costo total de la factura. Algo realmente lamentable. A ver con qué nos sorprenden hoy en la reunión del Ecofin.
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