Miguel Badillo * / Contralínea
Por acuerdo presidencial, en 1984 fue constituido el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) como un propósito gubernamental para reconocer la labor de las personas dedicadas a producir conocimiento científico y tecnológico en México. Hasta ahora, suman unos 7 mil investigadores en todo el país que integran esa honrosa lista que les permite gozar, además del prestigio, de otro privilegio como recibir un ingreso económico mensual en tres niveles distintos por ser miembros del Sistema: 4 mil pesos nivel uno, 7 mil pesos nivel dos y 10 mil pesos nivel tres.
Con el objetivo de ingresar a esa exclusiva lista, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) indaga si algunos investigadores han falseado sus títulos y otros documentos para recibir cada mes ese beneficio económico sin merecerlo, por lo que se verifica que cada uno de los integrantes del SNI tenga los méritos suficientes para cobrar un salario mensual que proviene del dinero público.
Sólo podrán participar en los concursos de selección convocados por el SNI, aquellos investigadores y tecnólogos que realizan habitual y sistemáticamente actividades de investigación científica o tecnológica y puedan comprobarlo. El Conacyt les exige que tengan un contrato o un convenio institucional vigente para prestar sus servicios de investigación por lo menos 20 horas a la semana, en alguna dependencia, entidad o institución de educación superior o centro de investigación de los sectores público, privado o social de México, en donde tengan por objeto el desarrollo de actividades de investigación científica o tecnológica.
En el caso de las instituciones o centros de los sectores privado y social, éstos deberán estar inscritos en el Registro Nacional de Instituciones Científicas y Tecnológicas (Reniecyt) y deberán tener registrado y vigente un convenio de colaboración con el SNI, o realizar actividades de investigación científica o tecnológica, de tiempo completo, en el extranjero, en dependencias, entidades, instituciones de educación superior o centros de investigación de los sectores público, privado o social y ser mexicano.
En medio de esas exigencias curriculares, académicas y laborales, una destacada doctora que se desempeñaba hasta hace unas semanas como profesora de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana (Uia), ha sido suspendida del Sistema Nacional de Investigadores y es investigada por presentar un supuesto título falso que la avala como doctora en Derecho por una universidad estadunidense que, según el Conacyt, niega que sea auténtico.
Además de encontrarla responsable de falsificar documentos para obtener beneficios económicos gubernamentales, podría ser acusada penalmente, pues al recibir ingresos públicos mediante engaños estaría en la hipótesis de cometer fraude, entre otros delitos.
Mientras eso ocurre en las indagatorias, la primera reacción de la Universidad Iberoamericana fue tratar de alejarse del escándalo que esto significa para esa prestigiada institución académica y decidió revocarle el contrato de profesora de tiempo completo, por lo que hace varias semanas tuvo que dejar su empleo que desde hace siete años ejercía como maestra de diversas asignaturas en la carrera de derecho de esta universidad.
El director del Departamento de Derecho de la Uia, el doctor Víctor Manuel Rojas, dice desconocer los motivos de la renuncia de la profesora cesada e investigada: “yo no veo eso de las renuncias, de eso se encargan las áreas administrativas de la Universidad”; sin embargo, aceptó que aunque sabe que renunció, puede tratarse de un despido simulado de renuncia “para guardar las formas” universitarias.
Para la Universidad Iberoamericana, asegura el funcionario universitario, no hay afectación alguna porque una de sus profesoras esté involucrada en un caso de falsificación de documentos de titulación, pero reconoció que en esa universidad hay un área responsable de investigar que los profesores tengan los méritos y créditos suficientes para impartir clases y, de hecho, “se investigan los títulos que presentan los profesores cuando ingresan”, aunque en este caso pudo haber fallado.
El Conacyt reporta que el SNI tiene por objeto promover y fortalecer, a través de la evaluación, la calidad de la investigación científica y tecnológica, y la innovación que se produce en el país. El Sistema contribuye a la formación y consolidación de investigadores con conocimientos científicos y tecnológicos del más alto nivel, como un elemento fundamental para incrementar la cultura, productividad, competitividad y el bienestar social, por eso es importante que se investigue que todos aquellos que reciben el honor de formar parte del SNI cuenten con los méritos suficientes y, sobre todo, que los títulos que los avalan sean auténticos.
En su página de Internet, el Consejo explica que el Sistema Nacional de Investigadores, a través de sus miembros, es una agrupación en la que están representadas todas las disciplinas científicas que se practican en el país y cubre a una gran mayoría de las instituciones de educación superior e institutos y centros de investigación que operan en México. En este sentido coadyuva a que la actividad científica se desarrolle de la mejor manera posible a lo largo del territorio y a que se instalen grupos de investigación de alto nivel académico en todas las entidades federativas.
Para realizar su labor, el SNI establece criterios confiables y válidos para evaluar las actividades de investigación que llevan a cabo académicos y tecnólogos, por ello es importante la revisión permanente de que todos aquellos investigadores que formen parte de dicho Sistema estén avalados por escuelas de prestigio y con documentos que prueben sus créditos y méritos.
Tales criterios se expresan en un reglamento jurídico en donde se define su organización y funcionamiento, las condiciones de elegibilidad, los lineamientos que se siguen para nombrar a las comisiones dictaminadoras y la forma en cómo llevan a cabo sus tareas. Por último, incluye los beneficios que se adquieren con la pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores y los períodos de duración de los nombramientos
Por acuerdo presidencial, en 1984 fue constituido el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) como un propósito gubernamental para reconocer la labor de las personas dedicadas a producir conocimiento científico y tecnológico en México. Hasta ahora, suman unos 7 mil investigadores en todo el país que integran esa honrosa lista que les permite gozar, además del prestigio, de otro privilegio como recibir un ingreso económico mensual en tres niveles distintos por ser miembros del Sistema: 4 mil pesos nivel uno, 7 mil pesos nivel dos y 10 mil pesos nivel tres.
Con el objetivo de ingresar a esa exclusiva lista, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) indaga si algunos investigadores han falseado sus títulos y otros documentos para recibir cada mes ese beneficio económico sin merecerlo, por lo que se verifica que cada uno de los integrantes del SNI tenga los méritos suficientes para cobrar un salario mensual que proviene del dinero público.
Sólo podrán participar en los concursos de selección convocados por el SNI, aquellos investigadores y tecnólogos que realizan habitual y sistemáticamente actividades de investigación científica o tecnológica y puedan comprobarlo. El Conacyt les exige que tengan un contrato o un convenio institucional vigente para prestar sus servicios de investigación por lo menos 20 horas a la semana, en alguna dependencia, entidad o institución de educación superior o centro de investigación de los sectores público, privado o social de México, en donde tengan por objeto el desarrollo de actividades de investigación científica o tecnológica.
En el caso de las instituciones o centros de los sectores privado y social, éstos deberán estar inscritos en el Registro Nacional de Instituciones Científicas y Tecnológicas (Reniecyt) y deberán tener registrado y vigente un convenio de colaboración con el SNI, o realizar actividades de investigación científica o tecnológica, de tiempo completo, en el extranjero, en dependencias, entidades, instituciones de educación superior o centros de investigación de los sectores público, privado o social y ser mexicano.
En medio de esas exigencias curriculares, académicas y laborales, una destacada doctora que se desempeñaba hasta hace unas semanas como profesora de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana (Uia), ha sido suspendida del Sistema Nacional de Investigadores y es investigada por presentar un supuesto título falso que la avala como doctora en Derecho por una universidad estadunidense que, según el Conacyt, niega que sea auténtico.
Además de encontrarla responsable de falsificar documentos para obtener beneficios económicos gubernamentales, podría ser acusada penalmente, pues al recibir ingresos públicos mediante engaños estaría en la hipótesis de cometer fraude, entre otros delitos.
Mientras eso ocurre en las indagatorias, la primera reacción de la Universidad Iberoamericana fue tratar de alejarse del escándalo que esto significa para esa prestigiada institución académica y decidió revocarle el contrato de profesora de tiempo completo, por lo que hace varias semanas tuvo que dejar su empleo que desde hace siete años ejercía como maestra de diversas asignaturas en la carrera de derecho de esta universidad.
El director del Departamento de Derecho de la Uia, el doctor Víctor Manuel Rojas, dice desconocer los motivos de la renuncia de la profesora cesada e investigada: “yo no veo eso de las renuncias, de eso se encargan las áreas administrativas de la Universidad”; sin embargo, aceptó que aunque sabe que renunció, puede tratarse de un despido simulado de renuncia “para guardar las formas” universitarias.
Para la Universidad Iberoamericana, asegura el funcionario universitario, no hay afectación alguna porque una de sus profesoras esté involucrada en un caso de falsificación de documentos de titulación, pero reconoció que en esa universidad hay un área responsable de investigar que los profesores tengan los méritos y créditos suficientes para impartir clases y, de hecho, “se investigan los títulos que presentan los profesores cuando ingresan”, aunque en este caso pudo haber fallado.
El Conacyt reporta que el SNI tiene por objeto promover y fortalecer, a través de la evaluación, la calidad de la investigación científica y tecnológica, y la innovación que se produce en el país. El Sistema contribuye a la formación y consolidación de investigadores con conocimientos científicos y tecnológicos del más alto nivel, como un elemento fundamental para incrementar la cultura, productividad, competitividad y el bienestar social, por eso es importante que se investigue que todos aquellos que reciben el honor de formar parte del SNI cuenten con los méritos suficientes y, sobre todo, que los títulos que los avalan sean auténticos.
En su página de Internet, el Consejo explica que el Sistema Nacional de Investigadores, a través de sus miembros, es una agrupación en la que están representadas todas las disciplinas científicas que se practican en el país y cubre a una gran mayoría de las instituciones de educación superior e institutos y centros de investigación que operan en México. En este sentido coadyuva a que la actividad científica se desarrolle de la mejor manera posible a lo largo del territorio y a que se instalen grupos de investigación de alto nivel académico en todas las entidades federativas.
Para realizar su labor, el SNI establece criterios confiables y válidos para evaluar las actividades de investigación que llevan a cabo académicos y tecnólogos, por ello es importante la revisión permanente de que todos aquellos investigadores que formen parte de dicho Sistema estén avalados por escuelas de prestigio y con documentos que prueben sus créditos y méritos.
Tales criterios se expresan en un reglamento jurídico en donde se define su organización y funcionamiento, las condiciones de elegibilidad, los lineamientos que se siguen para nombrar a las comisiones dictaminadoras y la forma en cómo llevan a cabo sus tareas. Por último, incluye los beneficios que se adquieren con la pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores y los períodos de duración de los nombramientos
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