Alberto Barranco / El Universal
En la esperanza del ahora sí, o si lo prefiere más-vale-tarde-que-nunca, en una acción espectacular de la Función Pública para cortarle las cabezas a la hidra de la corrupción en Pemex, la oposición legislativa está exigiendo acción penal contra 15 empleados de la paraestatal en la picota
Como usted sabe, en la antesala de la salida del presidente Felipe Calderón a la tradicional reunión anual del Foro Económico Mundial a celebrarse en Davos, Suiza, la Secretaría de la Función Pública lanzó un espectacular comunicado en que se anunciaba un castigo ejemplar contra los infractores.
En conjunto, éstos pagarían una pena pecuniaria que asciende a cinco mil 134 millones de pesos, equivalente al doble del daño provocado a la empresa pública por haber arrendado con sobreprecio barcos de dos empresas nacionales.
México, pues, pese a sus problemas de violencia con perfil de masacre, no descuida la lucha contra la corrupción.
Qué le hace si la noticia ya era vieja.
El problema, de entrada, es que pareciera misión imposible, por más que se les exprima hasta los sesos, que los acusados puedan pagar las multas, dada su condición de empleados menores.
Y el problema, más allá, es que llevarlos a la cárcel es aún más difícil, dado que en un primer intento de consignar el expediente a un juez, la Procuraduría General de la República les dictó un auto de “no ejercicio de la acción penal”.
A contrapelo de la costumbre de fincar originalmente un procedimiento administrativo a los presuntos infractores, para luego, en tal caso, turnar el caso a la autoridad judicial, la Secretaría de la Función Pública, encabezada entonces, es decir en 1997, por el ex dirigente del PAN, hoy gestor de causas difíciles de empresas privadas en problemas con el gobierno, Germán Martínez Cázares, procedió al revés.
La denuncia penal se planteó el 6 de diciembre de 2007.
El absurdo lo explica el que el escándalo inodaba a los hijos de la esposa del ex presidente Vicente Fox, Marta Sahagún, a quien la oposición legislativa ubicaba como socios de una de las empresas en el banquillo: Arrendadora Ocean Mexicana, filial de Blue Marine Technology Group, cuyos directivos visibles son Juan Marcos Issa, ex funcionario de la paraestatal, y los hermanos Alfredo y Juan Reynoso Durand.
Había, pues, que librarlos del bombardeo, en un escenario en que todavía se protestaba en las calles contra la que se considera elección ilegítima del presidente Felipe Calderón.
El caso es que la PGR, encabezada entonces por Eduardo Medina Mora, actual embajador en el Reino Unido de la Gran Bretaña, cerró el expediente un año después.
No hay delito que perseguir en el caso de los contratos de arrendamiento de barcos de carga por cinco años pactados en 2006.
El escenario, naturalmente, no sólo dejaba incólume a la Arrendadora Ocean Mexicana, sino a los funcionarios que habían sido acusados, por más que nunca se citó al entonces director general de Pemex Refinación, hoy senador panista, Juan Bueno Torio.
Más aún, inconformes con lo que pareciera consigna, un grupo de legisladores de oposición presentaron una nueva denuncia contra la Arrendadora Ocean Mexicana, que recibió el mismo trato.
Según ello, ni los hermanos Bribiesca Sahagún eran socios de la firma, ni habían actuado como “coyotes” para tramitar el sobreprecio.
Blancas palomas, pues.
El caso es que dos años después la Función Pública encontró que sí había colusión de empleados de la paraestatal con las personas acusadas; que sí hubo sobreprecio; que sí se causó un daño patrimonial de 6 mil 600 millones de pesos a la empresa pública… por más que no se plantean, hasta hoy, sanciones contra las firmas involucradas.
Siempre sí.
¿Se equivocó la PGR en su no ejercicio de la acción penal? ¿Se armó a propósito mal el expediente para obligarla a tal conclusión? ¿Se cambió la dirección del viento? ¿Se planteó un montaje frente al desprestigio brutal del país por la descontrolada guerra contra el narcotráfico?
Las preguntas están en la mesa.
Balance general
Finalmente, en afán de evitar una fractura en el interior del organismo que coloque una raya entre instituciones de crédito de capital mexicano y las filiales de extranjeros, la Asociación de Bancos de México prepara una salida salomónica al conflicto desatado por la sucesión.
Estamos hablando de aceptar como presidente del organismo al vicepresidente del pequeño banco VeporMás, Jaime Ruiz Sacristán, pero manteniendo en la presidencia ejecutiva a algún funcionario de los gigantes, es decir, Banamex, léase Citigroup de los Estados Unidos o Bancomer, léase el español Bilbao Vizcaya-Argentaria.
Como usted sabe, la exigencia de rotación, dado que los actuales presidente y presidente ejecutivo llevan la camiseta de Bancomer, la lideraba el banco de capital nacional mejor posicionado, es decir, Banorte.
El problema es que la petición la avalaban, entre otros, el banco Inbursa, el Azteca y aparentemente los de desarrollo.
Dando y dando.
Brasil no… por lo pronto
El presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Valentín Díez Morodo, confirmó lo que le habíamos adelantado en este espacio: el gobierno le dará la vuelta a la posibilidad de un acuerdo de libre comercio con Brasil, sea del tamaño que sea.
El anuncio se realizó en el marco de un foro empresarial denominado “Impulsando la Competitividad del Comercio Exterior”, celebrado en Guanajuato, con asistencia mayoritaria de productores de calzado, justo el gremio que empujó el rechazo.
El pretexto de México será que el compromiso se pactó con el ex presidente Luiz Inacio Lula Da Silva, lo que obliga a iniciar de cero.
Ahora que la relación con éste se desquebrajó ante su visión crítica en la Cumbre de Cambio Climático celebrada en Cancún.
Revés a Asur
Dígase lo que se diga, el rechazo de la Comisión Federal de Competencia al Grupo Aeroportuario del Sureste para participar en la operación de un nuevo aeropuerto en la Riviera Maya, que se ubicaría a 15 minutos de vuelo del de Cancún, estaba cantado.
La cercanía de las terminales exigía colocar un propietario distinto de la tienda de enfrente, tantito para provocar choques en beneficio de la clientela, como para evitar la creación de monopolios.
Contratote a Siemens
Mañana, en el marco de la reunión de Consejo Ejecutivo a nivel mundial de la firma alemana Siemens que se celebra en nuestro país, se firmará un contrato entre ésta y el Grupo Minero México, de 300 millones de dólares.
El acuerdo es para la construcción de una planta generadora de energía llave en mano, que proveerá el autoconsumo de la mina La Caridad.
El documento lo firmarán el presidente mundial de la compañía germánica, Peter Lüscher y la directora para México y Centroamérica, Louise Goeser, en tanto por la contraparte lo hará el presidente Ejecutivo del conglomerado, Javier García de Quevedo.
En paralelo, se firmará un convenio con la Secretaría de Economía para impulsar a escala sectorial un Programa de Desarrollo de Productores con proa a las pequeñas y medianas empresas nacionales.
En la esperanza del ahora sí, o si lo prefiere más-vale-tarde-que-nunca, en una acción espectacular de la Función Pública para cortarle las cabezas a la hidra de la corrupción en Pemex, la oposición legislativa está exigiendo acción penal contra 15 empleados de la paraestatal en la picota
Como usted sabe, en la antesala de la salida del presidente Felipe Calderón a la tradicional reunión anual del Foro Económico Mundial a celebrarse en Davos, Suiza, la Secretaría de la Función Pública lanzó un espectacular comunicado en que se anunciaba un castigo ejemplar contra los infractores.
En conjunto, éstos pagarían una pena pecuniaria que asciende a cinco mil 134 millones de pesos, equivalente al doble del daño provocado a la empresa pública por haber arrendado con sobreprecio barcos de dos empresas nacionales.
México, pues, pese a sus problemas de violencia con perfil de masacre, no descuida la lucha contra la corrupción.
Qué le hace si la noticia ya era vieja.
El problema, de entrada, es que pareciera misión imposible, por más que se les exprima hasta los sesos, que los acusados puedan pagar las multas, dada su condición de empleados menores.
Y el problema, más allá, es que llevarlos a la cárcel es aún más difícil, dado que en un primer intento de consignar el expediente a un juez, la Procuraduría General de la República les dictó un auto de “no ejercicio de la acción penal”.
A contrapelo de la costumbre de fincar originalmente un procedimiento administrativo a los presuntos infractores, para luego, en tal caso, turnar el caso a la autoridad judicial, la Secretaría de la Función Pública, encabezada entonces, es decir en 1997, por el ex dirigente del PAN, hoy gestor de causas difíciles de empresas privadas en problemas con el gobierno, Germán Martínez Cázares, procedió al revés.
La denuncia penal se planteó el 6 de diciembre de 2007.
El absurdo lo explica el que el escándalo inodaba a los hijos de la esposa del ex presidente Vicente Fox, Marta Sahagún, a quien la oposición legislativa ubicaba como socios de una de las empresas en el banquillo: Arrendadora Ocean Mexicana, filial de Blue Marine Technology Group, cuyos directivos visibles son Juan Marcos Issa, ex funcionario de la paraestatal, y los hermanos Alfredo y Juan Reynoso Durand.
Había, pues, que librarlos del bombardeo, en un escenario en que todavía se protestaba en las calles contra la que se considera elección ilegítima del presidente Felipe Calderón.
El caso es que la PGR, encabezada entonces por Eduardo Medina Mora, actual embajador en el Reino Unido de la Gran Bretaña, cerró el expediente un año después.
No hay delito que perseguir en el caso de los contratos de arrendamiento de barcos de carga por cinco años pactados en 2006.
El escenario, naturalmente, no sólo dejaba incólume a la Arrendadora Ocean Mexicana, sino a los funcionarios que habían sido acusados, por más que nunca se citó al entonces director general de Pemex Refinación, hoy senador panista, Juan Bueno Torio.
Más aún, inconformes con lo que pareciera consigna, un grupo de legisladores de oposición presentaron una nueva denuncia contra la Arrendadora Ocean Mexicana, que recibió el mismo trato.
Según ello, ni los hermanos Bribiesca Sahagún eran socios de la firma, ni habían actuado como “coyotes” para tramitar el sobreprecio.
Blancas palomas, pues.
El caso es que dos años después la Función Pública encontró que sí había colusión de empleados de la paraestatal con las personas acusadas; que sí hubo sobreprecio; que sí se causó un daño patrimonial de 6 mil 600 millones de pesos a la empresa pública… por más que no se plantean, hasta hoy, sanciones contra las firmas involucradas.
Siempre sí.
¿Se equivocó la PGR en su no ejercicio de la acción penal? ¿Se armó a propósito mal el expediente para obligarla a tal conclusión? ¿Se cambió la dirección del viento? ¿Se planteó un montaje frente al desprestigio brutal del país por la descontrolada guerra contra el narcotráfico?
Las preguntas están en la mesa.
Balance general
Finalmente, en afán de evitar una fractura en el interior del organismo que coloque una raya entre instituciones de crédito de capital mexicano y las filiales de extranjeros, la Asociación de Bancos de México prepara una salida salomónica al conflicto desatado por la sucesión.
Estamos hablando de aceptar como presidente del organismo al vicepresidente del pequeño banco VeporMás, Jaime Ruiz Sacristán, pero manteniendo en la presidencia ejecutiva a algún funcionario de los gigantes, es decir, Banamex, léase Citigroup de los Estados Unidos o Bancomer, léase el español Bilbao Vizcaya-Argentaria.
Como usted sabe, la exigencia de rotación, dado que los actuales presidente y presidente ejecutivo llevan la camiseta de Bancomer, la lideraba el banco de capital nacional mejor posicionado, es decir, Banorte.
El problema es que la petición la avalaban, entre otros, el banco Inbursa, el Azteca y aparentemente los de desarrollo.
Dando y dando.
Brasil no… por lo pronto
El presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Valentín Díez Morodo, confirmó lo que le habíamos adelantado en este espacio: el gobierno le dará la vuelta a la posibilidad de un acuerdo de libre comercio con Brasil, sea del tamaño que sea.
El anuncio se realizó en el marco de un foro empresarial denominado “Impulsando la Competitividad del Comercio Exterior”, celebrado en Guanajuato, con asistencia mayoritaria de productores de calzado, justo el gremio que empujó el rechazo.
El pretexto de México será que el compromiso se pactó con el ex presidente Luiz Inacio Lula Da Silva, lo que obliga a iniciar de cero.
Ahora que la relación con éste se desquebrajó ante su visión crítica en la Cumbre de Cambio Climático celebrada en Cancún.
Revés a Asur
Dígase lo que se diga, el rechazo de la Comisión Federal de Competencia al Grupo Aeroportuario del Sureste para participar en la operación de un nuevo aeropuerto en la Riviera Maya, que se ubicaría a 15 minutos de vuelo del de Cancún, estaba cantado.
La cercanía de las terminales exigía colocar un propietario distinto de la tienda de enfrente, tantito para provocar choques en beneficio de la clientela, como para evitar la creación de monopolios.
Contratote a Siemens
Mañana, en el marco de la reunión de Consejo Ejecutivo a nivel mundial de la firma alemana Siemens que se celebra en nuestro país, se firmará un contrato entre ésta y el Grupo Minero México, de 300 millones de dólares.
El acuerdo es para la construcción de una planta generadora de energía llave en mano, que proveerá el autoconsumo de la mina La Caridad.
El documento lo firmarán el presidente mundial de la compañía germánica, Peter Lüscher y la directora para México y Centroamérica, Louise Goeser, en tanto por la contraparte lo hará el presidente Ejecutivo del conglomerado, Javier García de Quevedo.
En paralelo, se firmará un convenio con la Secretaría de Economía para impulsar a escala sectorial un Programa de Desarrollo de Productores con proa a las pequeñas y medianas empresas nacionales.
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