Gregorio Izquierdo Llanes / elEconomista.es
No hay una medida más necesaria y aconsejable que la de que los salarios estén ligados a la productividad y al desempeño empresarial, en vez de la nefasta práctica de indiciar los salarios respecto a la inflación.
Cuando nuestra economía está en momentos en estanflación -esto es, caída de la actividad con inflación- es incuestionable la existencia de problemas en el lado de la oferta y, en especial, en el mercado laboral. Una de las soluciones más inmediatas sería la del ajuste salarial a la baja, que equivale a un choque positivo de oferta que aceleraría nuestra salida de la crisis al tiempo que la haría más intensiva en empleo.
Por ello, es del todo irresponsable plantear subidas de salarios en función de la inflación (pasada o prevista) al margen de la realidad de cada empresa y puesto de trabajo. Igual de contraproducente es aceptar cláusulas de negociación colectiva de revisiones salariales ex post si la inflación se sitúa, a la postre, por encima de lo considerado de partida: las llamadas desviaciones, que no son sino bombas retardadas en el tiempo.
En esta crisis, se ha visto claramente que con una caída del producto incluso superior a la de España, no ha habido ningún país en Europa que haya perdido tanto empleo. La explicación es bien sencilla, y es que en el resto de países el ajuste se ha repartido, en mayor medida, en flexibilidad interna (reducciones de jornada, movilidad geográfica y funcional, moderación y/o contracción salarial) y menos en ajustes de plantilla.
La especificidad de España no es otra que la rigidez de la negociación colectiva, que con su ultraactividad en el tiempo y con su inercia alcista con el suelo de la inflación hace recaer todo el peso de la crisis en ajustes de plantilla, no porque sean baratos (los costes de despido son los mayores de Europa), sino porque en la práctica es la única alternativa real que el empresario tiene para morigerar su masa salarial y sus costes laborales.
La modernización de nuestro marco de relaciones laborales pasa obligadamente porque la negociación colectiva centralizada se oriente a la consecución de los objetivos globales de estabilidad macroeconómica de control de la inflación, estableciendo topes máximos de subidas salariales en función del objetivo de inflación del BCE.
Productividad para rentabilidad
De forma complementaria, las empresas deben tener libertad para asegurar sus metas individuales de competitividad microeconómica, lo que es posible con cláusulas de descuelgue de aplicación automática en los casos de crisis empresarial y, en cualquier circunstancia, si así se acuerda en una negociación colectiva de ámbito empresarial individual.
En todo caso, la eficacia de los convenios debe limitarse al ámbito temporal de su aplicación que acuerden las partes, derogando su ultraactividad, que esclerotiza y enrigidece los mismos, creando el incentivo perverso de que, en situaciones de crisis como la actual, no falta quien se niegue a firmar nuevos convenios que supongan ningún retroceso respecto a cláusulas que se pudieron firmar en la totalmente diferente coyuntura expansiva anterior.
La teoría económica nos dice que se demandará trabajo (se contratará gente) en tanto en cuanto la productividad del mismo supere su coste. Es más, si una empresa paga a sus trabajadores por encima de lo que aportan a la misma, es una situación del todo insostenible, ya que entraría en pérdidas y, por lo tanto, acabaría desapareciendo.
España no es ejemplo
Una explicación plausible por la que en España las retribuciones no se fijan en función de la productividad individual y aun así no han cerrado es porque en muchas empresas se producen subsidios cruzados entre trabajadores, por los que gracias a que unos cobran menos de lo que aportan, otros pueden cobrar más de lo que producen.
Estos últimos normalmente suelen coincidir con los que tienen más antigüedad, ya que sus salarios se han visto alimentados por los efectos acumulados en el tiempo de las indiciaciones salariales, a la vez que sus elevados blindajes frente al despido les permiten el riesgo moral de no optimizar su productividad.
No cabe mayor injusticia, pero esto es lo que explica por qué son los mismos que se oponen a la normalización de los costes de despido los que rechazan fijar salarios en función de la productividad.
Si los salarios se fijaran en función de la productividad, unos ganarían menos y otros más que ahora. Es verdad que la baja productividad conlleva moderación salarial, pero es que si ésta no se produce, lo que reduce es la cantidad de empleo demandada por las empresas. No hay que temer que, en algunos casos, los salarios puedan crecer incluso por encima de la inflación, si lo hace su productividad.
Y es que, tal como nos dice la teoría de los salarios de eficiencia, suele ser mejor retener y motivar pagando más a quien se lo merece, que pagar el mínimo, el llamado salario de vaciado, a aquel que no tiene mejor alternativa. Pero en cualquier caso, ceteris paribus, si las subidas salariales están limitadas por las mejoras de la productividad, conseguiríamos que pudieran subirse los sueldos sin que lo hicieran los costes laborales, lo cual es una condición necesaria para que se pueda recuperar nuestra ocupación.
En el fondo, no hay mejor indicador de eficiencia de un mercado laboral que el grado de correlación existente entre la productividad y los salarios. No es sólo una relación de eficiencia micro y de estabilidad macro, sino que, en el fondo, es una cuestión de justicia social, de retribuir a cada uno en función de su aportación previa.
Por el contrario, vincular los salarios a la inflación tiene la consecuencia inevitable de abrir el desempleo, por la vía del aumento de los costes laborales y de imposibilitar el ajuste alternativo de la contracción salarial que nos dice la teoría de las áreas monetarias comunes, por la que, en ausencia de ajustes de precios y/o salarios en el mercado laboral, el equilibrio nuevo se alcanza con un menor nivel de empleo, que a su vez se traducirá en mayor paro, salvo que exista movilidad geográfica suficiente.
Gregorio Izquierdo Llanes. Director de Estudios del IEE. Profesor Titular de Economía Aplicada de la UNED.
No hay una medida más necesaria y aconsejable que la de que los salarios estén ligados a la productividad y al desempeño empresarial, en vez de la nefasta práctica de indiciar los salarios respecto a la inflación.
Cuando nuestra economía está en momentos en estanflación -esto es, caída de la actividad con inflación- es incuestionable la existencia de problemas en el lado de la oferta y, en especial, en el mercado laboral. Una de las soluciones más inmediatas sería la del ajuste salarial a la baja, que equivale a un choque positivo de oferta que aceleraría nuestra salida de la crisis al tiempo que la haría más intensiva en empleo.
Por ello, es del todo irresponsable plantear subidas de salarios en función de la inflación (pasada o prevista) al margen de la realidad de cada empresa y puesto de trabajo. Igual de contraproducente es aceptar cláusulas de negociación colectiva de revisiones salariales ex post si la inflación se sitúa, a la postre, por encima de lo considerado de partida: las llamadas desviaciones, que no son sino bombas retardadas en el tiempo.
En esta crisis, se ha visto claramente que con una caída del producto incluso superior a la de España, no ha habido ningún país en Europa que haya perdido tanto empleo. La explicación es bien sencilla, y es que en el resto de países el ajuste se ha repartido, en mayor medida, en flexibilidad interna (reducciones de jornada, movilidad geográfica y funcional, moderación y/o contracción salarial) y menos en ajustes de plantilla.
La especificidad de España no es otra que la rigidez de la negociación colectiva, que con su ultraactividad en el tiempo y con su inercia alcista con el suelo de la inflación hace recaer todo el peso de la crisis en ajustes de plantilla, no porque sean baratos (los costes de despido son los mayores de Europa), sino porque en la práctica es la única alternativa real que el empresario tiene para morigerar su masa salarial y sus costes laborales.
La modernización de nuestro marco de relaciones laborales pasa obligadamente porque la negociación colectiva centralizada se oriente a la consecución de los objetivos globales de estabilidad macroeconómica de control de la inflación, estableciendo topes máximos de subidas salariales en función del objetivo de inflación del BCE.
Productividad para rentabilidad
De forma complementaria, las empresas deben tener libertad para asegurar sus metas individuales de competitividad microeconómica, lo que es posible con cláusulas de descuelgue de aplicación automática en los casos de crisis empresarial y, en cualquier circunstancia, si así se acuerda en una negociación colectiva de ámbito empresarial individual.
En todo caso, la eficacia de los convenios debe limitarse al ámbito temporal de su aplicación que acuerden las partes, derogando su ultraactividad, que esclerotiza y enrigidece los mismos, creando el incentivo perverso de que, en situaciones de crisis como la actual, no falta quien se niegue a firmar nuevos convenios que supongan ningún retroceso respecto a cláusulas que se pudieron firmar en la totalmente diferente coyuntura expansiva anterior.
La teoría económica nos dice que se demandará trabajo (se contratará gente) en tanto en cuanto la productividad del mismo supere su coste. Es más, si una empresa paga a sus trabajadores por encima de lo que aportan a la misma, es una situación del todo insostenible, ya que entraría en pérdidas y, por lo tanto, acabaría desapareciendo.
España no es ejemplo
Una explicación plausible por la que en España las retribuciones no se fijan en función de la productividad individual y aun así no han cerrado es porque en muchas empresas se producen subsidios cruzados entre trabajadores, por los que gracias a que unos cobran menos de lo que aportan, otros pueden cobrar más de lo que producen.
Estos últimos normalmente suelen coincidir con los que tienen más antigüedad, ya que sus salarios se han visto alimentados por los efectos acumulados en el tiempo de las indiciaciones salariales, a la vez que sus elevados blindajes frente al despido les permiten el riesgo moral de no optimizar su productividad.
No cabe mayor injusticia, pero esto es lo que explica por qué son los mismos que se oponen a la normalización de los costes de despido los que rechazan fijar salarios en función de la productividad.
Si los salarios se fijaran en función de la productividad, unos ganarían menos y otros más que ahora. Es verdad que la baja productividad conlleva moderación salarial, pero es que si ésta no se produce, lo que reduce es la cantidad de empleo demandada por las empresas. No hay que temer que, en algunos casos, los salarios puedan crecer incluso por encima de la inflación, si lo hace su productividad.
Y es que, tal como nos dice la teoría de los salarios de eficiencia, suele ser mejor retener y motivar pagando más a quien se lo merece, que pagar el mínimo, el llamado salario de vaciado, a aquel que no tiene mejor alternativa. Pero en cualquier caso, ceteris paribus, si las subidas salariales están limitadas por las mejoras de la productividad, conseguiríamos que pudieran subirse los sueldos sin que lo hicieran los costes laborales, lo cual es una condición necesaria para que se pueda recuperar nuestra ocupación.
En el fondo, no hay mejor indicador de eficiencia de un mercado laboral que el grado de correlación existente entre la productividad y los salarios. No es sólo una relación de eficiencia micro y de estabilidad macro, sino que, en el fondo, es una cuestión de justicia social, de retribuir a cada uno en función de su aportación previa.
Por el contrario, vincular los salarios a la inflación tiene la consecuencia inevitable de abrir el desempleo, por la vía del aumento de los costes laborales y de imposibilitar el ajuste alternativo de la contracción salarial que nos dice la teoría de las áreas monetarias comunes, por la que, en ausencia de ajustes de precios y/o salarios en el mercado laboral, el equilibrio nuevo se alcanza con un menor nivel de empleo, que a su vez se traducirá en mayor paro, salvo que exista movilidad geográfica suficiente.
Gregorio Izquierdo Llanes. Director de Estudios del IEE. Profesor Titular de Economía Aplicada de la UNED.
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