Francisco Rojas / El Universal
El actual gobierno parece creer que el país tiene un solo problema, el crimen organizado, y ha abandonado otras tareas vitales, como la seguridad energética y el abasto de alimentos a precios accesibles para toda la población, entre otros. Pasada la crisis alimentaria de 2008, las autoridades no captaron el aviso: los precios de los alimentos básicos retomaron la tendencia alcista y millones de mexicanos gastan más en comer.
El año empieza mal para los pobres y las clases medias. A la constante alza de precios de los combustibles se agrega ahora la presión por el aumento de los precios de los alimentos básicos, debido a los desastres naturales y a la especulación en los mercados mundiales de granos.
Las heladas devastaron la agricultura en el norte del país, los precios se dispararon y los campesinos quedaron en la ruina. En Sinaloa, el principal productor de maíz blanco, las heladas destruyeron el 90 por ciento de la siembra.
El daño es mayúsculo. No se tienen seguros suficientes porque nunca había ocurrido un desastre igual en Sinaloa y los apoyos ofrecidos por el gobierno federal al estado no resuelven ni el 30 por ciento del problema. Además, para agravar la situación, se prevé que 2011 sea un año de intensas sequías.
México importa más del 40 por ciento de los alimentos que consume, porque se dejó la seguridad alimentaria del país a merced del mercado mundial que ofrecía mejores precios. Pero los precios están subiendo por el mayor consumo de alimentos en China e India, el uso de bienes agrícolas para producir biocombustibles y la especulación financiera, entre otros factores. En un periodo de altos precios y escasez, la dependencia alimentaria es suicida.
Téngase en cuenta que mientras en Egipto, alguna vez el granero del mundo, el gobierno recibía elogios del Fondo Monetario por sus éxitos en la estabilización de las finanzas públicas, el desempleo aunado a la carestía y escasez de alimentos contribuían a la reciente revuelta social.
Por ello, se debe replantear la política económica y poner los intereses del país por encima de todo lo demás, como lo hace el mundo desarrollado. En lo que toca a la agricultura, sabemos que la solución es de largo plazo para asegurar la soberanía agroalimentaria y nutricional y para ello es preciso estimular al campo mexicano.
El sector agroalimentario puede alcanzar estándares internacionales de producción, productividad, rentabilidad, empleo, ingreso y competitividad, y aumentar las capacidades productivas, asociativas y de gestión de pequeños propietarios, ejidatarios, comuneros y sus organizaciones.
Por eso, los legisladores exigimos agilizar el uso de los recursos presupuestarios e implementar un Programa de Emergencia y Seguridad Alimentaria Nacional con la concurrencia de programas federales, estatales y municipales para facilitar a los productores el acceso a insumos, agroquímicos, maquinaria y equipo, crédito, seguro y coberturas para resembrar, sobre todo en el altiplano y en el sur del país.
Además, hay que promover un adecuado Sistema de Capacitación, Innovación y Extensionismo y un Sistema de Banca Social y de Desarrollo para apoyar la agricultura. Para enfrentar la emergencia alimentaria, se debe desarrollar la agricultura, la ganadería, la pesca y la forestería por contrato sin dañar el medio ambiente, y apoyar el almacenamiento y la comercialización de productos del campo.
El sector agropecuario está urgido de una profunda reforma estructural de largo plazo que armonice el marco jurídico con políticas de respaldo a los agronegocios de impacto regional, desarrollo de capital humano vía la educación rural y la garantía de seguridad pública en el campo. Es hora de acciones para abatir el manejo discrecional y clientelar de programas y racionalizar las reglas de operación; estamos listos a proveer las reformas legales necesarias.
La situación es grave y el poder público es responsable de proteger la alimentación de la gente de la voracidad de los mercados. El cambio climático, la demanda de alimentos en Asia y las manipulaciones especulativas en los mercados internacionales de granos serán devastadores para México si no se rehace la política agropecuaria y no se adopta un efectivo programa de seguridad alimentaria. Los legisladores del PRI usaremos nuestras facultades constitucionales y legales para proteger a los mexicanos de la amenaza inminente de la escasez y el hambre.
El actual gobierno parece creer que el país tiene un solo problema, el crimen organizado, y ha abandonado otras tareas vitales, como la seguridad energética y el abasto de alimentos a precios accesibles para toda la población, entre otros. Pasada la crisis alimentaria de 2008, las autoridades no captaron el aviso: los precios de los alimentos básicos retomaron la tendencia alcista y millones de mexicanos gastan más en comer.
El año empieza mal para los pobres y las clases medias. A la constante alza de precios de los combustibles se agrega ahora la presión por el aumento de los precios de los alimentos básicos, debido a los desastres naturales y a la especulación en los mercados mundiales de granos.
Las heladas devastaron la agricultura en el norte del país, los precios se dispararon y los campesinos quedaron en la ruina. En Sinaloa, el principal productor de maíz blanco, las heladas destruyeron el 90 por ciento de la siembra.
El daño es mayúsculo. No se tienen seguros suficientes porque nunca había ocurrido un desastre igual en Sinaloa y los apoyos ofrecidos por el gobierno federal al estado no resuelven ni el 30 por ciento del problema. Además, para agravar la situación, se prevé que 2011 sea un año de intensas sequías.
México importa más del 40 por ciento de los alimentos que consume, porque se dejó la seguridad alimentaria del país a merced del mercado mundial que ofrecía mejores precios. Pero los precios están subiendo por el mayor consumo de alimentos en China e India, el uso de bienes agrícolas para producir biocombustibles y la especulación financiera, entre otros factores. En un periodo de altos precios y escasez, la dependencia alimentaria es suicida.
Téngase en cuenta que mientras en Egipto, alguna vez el granero del mundo, el gobierno recibía elogios del Fondo Monetario por sus éxitos en la estabilización de las finanzas públicas, el desempleo aunado a la carestía y escasez de alimentos contribuían a la reciente revuelta social.
Por ello, se debe replantear la política económica y poner los intereses del país por encima de todo lo demás, como lo hace el mundo desarrollado. En lo que toca a la agricultura, sabemos que la solución es de largo plazo para asegurar la soberanía agroalimentaria y nutricional y para ello es preciso estimular al campo mexicano.
El sector agroalimentario puede alcanzar estándares internacionales de producción, productividad, rentabilidad, empleo, ingreso y competitividad, y aumentar las capacidades productivas, asociativas y de gestión de pequeños propietarios, ejidatarios, comuneros y sus organizaciones.
Por eso, los legisladores exigimos agilizar el uso de los recursos presupuestarios e implementar un Programa de Emergencia y Seguridad Alimentaria Nacional con la concurrencia de programas federales, estatales y municipales para facilitar a los productores el acceso a insumos, agroquímicos, maquinaria y equipo, crédito, seguro y coberturas para resembrar, sobre todo en el altiplano y en el sur del país.
Además, hay que promover un adecuado Sistema de Capacitación, Innovación y Extensionismo y un Sistema de Banca Social y de Desarrollo para apoyar la agricultura. Para enfrentar la emergencia alimentaria, se debe desarrollar la agricultura, la ganadería, la pesca y la forestería por contrato sin dañar el medio ambiente, y apoyar el almacenamiento y la comercialización de productos del campo.
El sector agropecuario está urgido de una profunda reforma estructural de largo plazo que armonice el marco jurídico con políticas de respaldo a los agronegocios de impacto regional, desarrollo de capital humano vía la educación rural y la garantía de seguridad pública en el campo. Es hora de acciones para abatir el manejo discrecional y clientelar de programas y racionalizar las reglas de operación; estamos listos a proveer las reformas legales necesarias.
La situación es grave y el poder público es responsable de proteger la alimentación de la gente de la voracidad de los mercados. El cambio climático, la demanda de alimentos en Asia y las manipulaciones especulativas en los mercados internacionales de granos serán devastadores para México si no se rehace la política agropecuaria y no se adopta un efectivo programa de seguridad alimentaria. Los legisladores del PRI usaremos nuestras facultades constitucionales y legales para proteger a los mexicanos de la amenaza inminente de la escasez y el hambre.
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