Mauricio Merino / El Universal
Con excepción de los momentos de franca intervención armada durante el siglo XIX —protagonizados por los ejércitos de España, de EU y de Francia, sucesivamente— y del conflicto derivado de la expropiación petrolera de 1938, no recuerdo ningún otro periodo en el que la diplomacia mexicana haya sido más desafiada que ahora mismo. Y lo peor es que la causa no puede ser resuelta a corto plazo ni depende solamente del Ejecutivo, pues se origina en los gravísimos defectos de nuestro sistema de justicia.
Por supuesto que el presidente Sarkozy ha dado prueba de una prepotencia indigna de un líder democrático. Los arrebatos de agresión verbal y discriminación de los que ha hecho gala parecen extraídos de la primera mitad del siglo XX, cuando las potencias europeas se sentían dueñas del derecho y del destino de los países periféricos. Pero no puedo ignorar que tras su desprecio por la justicia mexicana hay una duda razonable acerca de la veracidad de las pruebas y del proceso seguido contra Florence Cassez. Si la policía fue capaz de usarla, literalmente, para realizar un montaje de televisión alterando las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió la captura de la banda criminal a la que se asume que pertenecía Cassez, ¿cómo exigir confianza en la objetividad y en la imparcialidad del resto del proceso?
Creo que el gobierno mexicano habría cometido un error al haber cedido a las presiones francesas, pero al mismo tiempo me resulta imposible indignarme demasiado tras haber asistido a una función de Presunto culpable. No digo que por los defectos de nuestro sistema de justicia todos los acusados deberían quedar en libertad, sin más. Pero no parece cosa fácil defender los intereses diplomáticos de México en estas circunstancias.
Por otra parte, el gobierno de los EU ha reaccionado con justificada iracundia ante el asesinato de uno de sus agentes mientras circulaba por territorio mexicano. Las afirmaciones de la secretaria Napolitano fueron especialmente duras (como si fuera policía de Nueva York, dijo que el ataque a uno de los suyos es una afrenta a todos) y dejaron ver el principio de un nuevo periodo de presiones para el gobierno mexicano. En otro momento, la huella nacionalista habría dictado una respuesta igualmente dura de Calderón, zanjando cualquier intento de intervención foránea en los asuntos internos del país. Pero no ahora, cuando lo más sensato ha sido aceptar la mayor cooperación posible para investigar y resolver el caso.
Y entretanto, los gobiernos centroamericanos parecen decididos a incrementar sus niveles de reclamo a México por lo que consideran una exportación del crimen y, a la vez, por la incapacidad del gobierno nuestro para proteger a los migrantes en su intento de llegar hasta los Estados Unidos y resolver los crímenes que se cometen contra ellos. Doble agravio que, sin embargo, se origina otra vez en el mismo punto; es decir, en las debilidades inaceptables del sistema de justicia mexicano. La llamada Bestia: ese tren que traslada a los indocumentados centroamericanos entre fronteras nacionales, sigue circulando como si no pasara nada mientras los criminales trafican con la gente impunemente. ¿Por qué nadie suspende en definitiva los recorridos de ese tren o, al menos, les impone vigilancia permanente?
Como sea, la internacionalización de esas debilidades agobiantes es inevitable. Y sospecho que el argumento de la valentía presidencial para enfrentar al crimen, que sirvió como pieza de orgullo y reconocimiento en casi todos los lugares que visitaba Calderón, ya llegó a su límite. Y es que la ofensiva diplomática que está sufriendo el gobierno mexicano por casi todos lados expresa la misma preocupación que compartimos muchos: que una cosa es defenderse del ataque de los criminales para salvaguardar la seguridad pública y otra convertir ese propósito en un pretexto universal para cubrir todos los defectos, carencias y abusos del sistema de justicia.
En el fondo, creo que lo que está desafiando nuestras relaciones con el mundo es lo mismo que está amenazado nuestra cohesión interna: la debilidad de nuestro Estado de derecho y la corrupción que lo está hundiendo. Se trata de un problema que rebasa con creces a la diplomacia y sus recursos, pero que también está muy por encima de la capacidad de fuego de las fuerzas armadas y de la policía. Quizás sea complementario, pero sin instituciones capaces de garantizar la más confiable y transparente administración de la justicia, acabaremos convirtiendo al país en una cantina de machos mexicanos, donde todos se matan contra todos. Y por supuesto, eso debe preocupar al mundo.
Profesor investigador del CIDE
Con excepción de los momentos de franca intervención armada durante el siglo XIX —protagonizados por los ejércitos de España, de EU y de Francia, sucesivamente— y del conflicto derivado de la expropiación petrolera de 1938, no recuerdo ningún otro periodo en el que la diplomacia mexicana haya sido más desafiada que ahora mismo. Y lo peor es que la causa no puede ser resuelta a corto plazo ni depende solamente del Ejecutivo, pues se origina en los gravísimos defectos de nuestro sistema de justicia.
Por supuesto que el presidente Sarkozy ha dado prueba de una prepotencia indigna de un líder democrático. Los arrebatos de agresión verbal y discriminación de los que ha hecho gala parecen extraídos de la primera mitad del siglo XX, cuando las potencias europeas se sentían dueñas del derecho y del destino de los países periféricos. Pero no puedo ignorar que tras su desprecio por la justicia mexicana hay una duda razonable acerca de la veracidad de las pruebas y del proceso seguido contra Florence Cassez. Si la policía fue capaz de usarla, literalmente, para realizar un montaje de televisión alterando las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió la captura de la banda criminal a la que se asume que pertenecía Cassez, ¿cómo exigir confianza en la objetividad y en la imparcialidad del resto del proceso?
Creo que el gobierno mexicano habría cometido un error al haber cedido a las presiones francesas, pero al mismo tiempo me resulta imposible indignarme demasiado tras haber asistido a una función de Presunto culpable. No digo que por los defectos de nuestro sistema de justicia todos los acusados deberían quedar en libertad, sin más. Pero no parece cosa fácil defender los intereses diplomáticos de México en estas circunstancias.
Por otra parte, el gobierno de los EU ha reaccionado con justificada iracundia ante el asesinato de uno de sus agentes mientras circulaba por territorio mexicano. Las afirmaciones de la secretaria Napolitano fueron especialmente duras (como si fuera policía de Nueva York, dijo que el ataque a uno de los suyos es una afrenta a todos) y dejaron ver el principio de un nuevo periodo de presiones para el gobierno mexicano. En otro momento, la huella nacionalista habría dictado una respuesta igualmente dura de Calderón, zanjando cualquier intento de intervención foránea en los asuntos internos del país. Pero no ahora, cuando lo más sensato ha sido aceptar la mayor cooperación posible para investigar y resolver el caso.
Y entretanto, los gobiernos centroamericanos parecen decididos a incrementar sus niveles de reclamo a México por lo que consideran una exportación del crimen y, a la vez, por la incapacidad del gobierno nuestro para proteger a los migrantes en su intento de llegar hasta los Estados Unidos y resolver los crímenes que se cometen contra ellos. Doble agravio que, sin embargo, se origina otra vez en el mismo punto; es decir, en las debilidades inaceptables del sistema de justicia mexicano. La llamada Bestia: ese tren que traslada a los indocumentados centroamericanos entre fronteras nacionales, sigue circulando como si no pasara nada mientras los criminales trafican con la gente impunemente. ¿Por qué nadie suspende en definitiva los recorridos de ese tren o, al menos, les impone vigilancia permanente?
Como sea, la internacionalización de esas debilidades agobiantes es inevitable. Y sospecho que el argumento de la valentía presidencial para enfrentar al crimen, que sirvió como pieza de orgullo y reconocimiento en casi todos los lugares que visitaba Calderón, ya llegó a su límite. Y es que la ofensiva diplomática que está sufriendo el gobierno mexicano por casi todos lados expresa la misma preocupación que compartimos muchos: que una cosa es defenderse del ataque de los criminales para salvaguardar la seguridad pública y otra convertir ese propósito en un pretexto universal para cubrir todos los defectos, carencias y abusos del sistema de justicia.
En el fondo, creo que lo que está desafiando nuestras relaciones con el mundo es lo mismo que está amenazado nuestra cohesión interna: la debilidad de nuestro Estado de derecho y la corrupción que lo está hundiendo. Se trata de un problema que rebasa con creces a la diplomacia y sus recursos, pero que también está muy por encima de la capacidad de fuego de las fuerzas armadas y de la policía. Quizás sea complementario, pero sin instituciones capaces de garantizar la más confiable y transparente administración de la justicia, acabaremos convirtiendo al país en una cantina de machos mexicanos, donde todos se matan contra todos. Y por supuesto, eso debe preocupar al mundo.
Profesor investigador del CIDE
No hay comentarios:
Publicar un comentario