Enrique Calderón Alzati / La Jornada
Para asegurar su existencia, las naciones modernas deben contar con los recursos que les permitan crecer, garantizar su soberanía, su capacidad de organización y de producción, así como la formación de sus nuevas generaciones; para hacerlas mejores que las que les precedieron, para asegurar la integridad y el bienestar de sus individuos, familias y comunidades en un marco de justicia y respeto, y para fomentar la cultura y el sentimiento colectivo de identidad.
Para todo esto, las naciones establecen gobiernos a los que se les encarga la realización de las actividades anteriormente señaladas, mediante recursos fiscales que deben ser provistos por los individuos, las empresas y las organizaciones de la sociedad en su conjunto. De esta manera, los gobiernos tienen en los recursos fiscales los instrumentos idóneos para fomentar el desarrollo de sus sociedades, buscando que éstos sean equitativos y se usen en forma responsable y visionaria.
Un principio que ha mostrado ser exitoso cuando ha sido aplicado es la orientación tributaria para que los contribuyentes, sean personas u organizaciones que paguen de acuerdo con la cantidad de beneficios reales que la nación les entrega. Este principio debe conjugarse con la idea de que el recurso económico más valioso que tiene hoy día una nación es su mercado interno, formado principalmente por los trabajadores y sus familias. De hecho, las naciones que centran sus recaudaciones impositivas en las empresas privadas que más se benefician del mercado, y que cuentan con mecanismos redistributivos para aplicar estos recursos a satisfacer las necesidades de los diferentes grupos sociales en materia de salud, educación, vivienda y bienestar en general, resultan ser las más atractivas para las empresas mismas, por los volúmenes de ventas que ellas obtienen cuando la capacidad económica de sus compradores es alta.
Esto no ha querido ser entendido por los gobiernos neoliberales que nos han asolado en las décadas recientes, los cuales han hecho exactamente lo contrario, estableciendo exenciones fiscales y mecanismos de usura y especulación, que permiten a los bancos, a las comercializadoras y a las empresas de servicios extranjeras tener utilidades muy altas aún con ingresos limitados, sin restringir la salida de esas utilidades del país, con el consecuente daño a la economía. Ciertamente que esas empresas y esos bancos están recibiendo beneficios muy altos que les son entregados por la sociedad mexicana, sin otorgarle nada a cambio, mientras los contribuyentes cautivos soportan cargas impositivas que no corresponden a los escasos beneficios que reciben en materia de seguridad, salud, educación y bienestar. Los resultados de estas políticas saltan a la vista por todas partes.
Sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que las corporaciones y empresas multinacionales no están interesadas en invertir en los países donde pagan menos impuestos, sino en aquellos cuyos mercados son de mayor dimensión y por ello más atractivos, esto ha sido entendido perfectamente por los países de la comunidad europea y por los países asiáticos, obteniendo como resultado naciones ricas con mercados atractivos y empresas también ricas.
El modelo económico seguido por nuestro país durante más de tres décadas ha sido el opuesto, sus políticas han estado sistemáticamente orientadas a obtener recursos donde menos existen, es decir, entre las grandes masas de trabajadores asalariados y otorgando exenciones fiscales para atraer empresas externas, supuestamente para crear fuentes de empleo, a costa de reducir a mínimos de subsistencia la capacidad de compra de la inmensa mayoría de las familias mexicanas, pensando que esas exenciones convencerán a otras empresas establecerse aquí.
La estrategia ha fracasado una y otra vez; sin embargo, la ineptitud o irresponsabilidad de los funcionarios les impide voltear a ver lo que sucede en otras naciones y a reconocer que nuestro estancamiento continuará mientras no se cambie la estrategia actual. No obstante, esto es sólo parte del problema, pues las soluciones que han dado a la falta de ingresos fiscales han generado otros problemas igualmente graves a partir de dos políticas absurdas e irresponsables: tratar de compensar la falta de ingresos con las ventas desmedidas de las reservas petroleras con que cuenta el país, sin importar las consecuencias futuras de esas acciones, y reducir al máximo los servicios gubernamentales de salud, seguridad social, educación, sin importar las consecuencias sociales de dichas políticas.
Para asegurar su existencia, las naciones modernas deben contar con los recursos que les permitan crecer, garantizar su soberanía, su capacidad de organización y de producción, así como la formación de sus nuevas generaciones; para hacerlas mejores que las que les precedieron, para asegurar la integridad y el bienestar de sus individuos, familias y comunidades en un marco de justicia y respeto, y para fomentar la cultura y el sentimiento colectivo de identidad.
Para todo esto, las naciones establecen gobiernos a los que se les encarga la realización de las actividades anteriormente señaladas, mediante recursos fiscales que deben ser provistos por los individuos, las empresas y las organizaciones de la sociedad en su conjunto. De esta manera, los gobiernos tienen en los recursos fiscales los instrumentos idóneos para fomentar el desarrollo de sus sociedades, buscando que éstos sean equitativos y se usen en forma responsable y visionaria.
Un principio que ha mostrado ser exitoso cuando ha sido aplicado es la orientación tributaria para que los contribuyentes, sean personas u organizaciones que paguen de acuerdo con la cantidad de beneficios reales que la nación les entrega. Este principio debe conjugarse con la idea de que el recurso económico más valioso que tiene hoy día una nación es su mercado interno, formado principalmente por los trabajadores y sus familias. De hecho, las naciones que centran sus recaudaciones impositivas en las empresas privadas que más se benefician del mercado, y que cuentan con mecanismos redistributivos para aplicar estos recursos a satisfacer las necesidades de los diferentes grupos sociales en materia de salud, educación, vivienda y bienestar en general, resultan ser las más atractivas para las empresas mismas, por los volúmenes de ventas que ellas obtienen cuando la capacidad económica de sus compradores es alta.
Esto no ha querido ser entendido por los gobiernos neoliberales que nos han asolado en las décadas recientes, los cuales han hecho exactamente lo contrario, estableciendo exenciones fiscales y mecanismos de usura y especulación, que permiten a los bancos, a las comercializadoras y a las empresas de servicios extranjeras tener utilidades muy altas aún con ingresos limitados, sin restringir la salida de esas utilidades del país, con el consecuente daño a la economía. Ciertamente que esas empresas y esos bancos están recibiendo beneficios muy altos que les son entregados por la sociedad mexicana, sin otorgarle nada a cambio, mientras los contribuyentes cautivos soportan cargas impositivas que no corresponden a los escasos beneficios que reciben en materia de seguridad, salud, educación y bienestar. Los resultados de estas políticas saltan a la vista por todas partes.
Sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que las corporaciones y empresas multinacionales no están interesadas en invertir en los países donde pagan menos impuestos, sino en aquellos cuyos mercados son de mayor dimensión y por ello más atractivos, esto ha sido entendido perfectamente por los países de la comunidad europea y por los países asiáticos, obteniendo como resultado naciones ricas con mercados atractivos y empresas también ricas.
El modelo económico seguido por nuestro país durante más de tres décadas ha sido el opuesto, sus políticas han estado sistemáticamente orientadas a obtener recursos donde menos existen, es decir, entre las grandes masas de trabajadores asalariados y otorgando exenciones fiscales para atraer empresas externas, supuestamente para crear fuentes de empleo, a costa de reducir a mínimos de subsistencia la capacidad de compra de la inmensa mayoría de las familias mexicanas, pensando que esas exenciones convencerán a otras empresas establecerse aquí.
La estrategia ha fracasado una y otra vez; sin embargo, la ineptitud o irresponsabilidad de los funcionarios les impide voltear a ver lo que sucede en otras naciones y a reconocer que nuestro estancamiento continuará mientras no se cambie la estrategia actual. No obstante, esto es sólo parte del problema, pues las soluciones que han dado a la falta de ingresos fiscales han generado otros problemas igualmente graves a partir de dos políticas absurdas e irresponsables: tratar de compensar la falta de ingresos con las ventas desmedidas de las reservas petroleras con que cuenta el país, sin importar las consecuencias futuras de esas acciones, y reducir al máximo los servicios gubernamentales de salud, seguridad social, educación, sin importar las consecuencias sociales de dichas políticas.
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