Andrés Roemer / El Universal
¿Sabía que la Constitución mexicana dice que usted es libre para expresarse, pero no para comprar pautas en radio o televisión que expresen sus preferencias electorales? En efecto, el artículo sexto en su primer párrafo señala: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado”.
Es decir, todo mexicano debería ser libre para decir si apoya o no a un candidato (libertad de expresión), debería tener acceso a las opiniones de distintos actores políticos, líderes de opinión o cualquier otro ciudadano sobre quienes aspiran a gobernarnos (derecho a la información) y, con ello, cuestionar la información recibida para formar su propia opinión (libertad de pensamiento). Pero no es así.
El artículo 41 señala al IFE como el único actor que puede administrar tiempos en radio o televisión para hacer proselitismo. Además, en su fracción III, apartado A, inciso G, párrafo tercero dice: “Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular”. ¿Sabe lo que esto implica? En México la libertad de expresión es limitada, porque cualquier ciudadano sin militancia partidista carece de la libertad para expresar sus preferencias electorales en dichos medios. Peor aún, también lesiona el derecho a la información porque en lugar de alentar el debate público lo sanciona, pretende marginar las opiniones de quienes no coincidan con un algún partido político fuera de los medios con mayor cobertura e impacto en la sociedad.
Además, trastoca la libertad de pensamiento. Aun cuando jamás estamos totalmente libres para pensar —estamos influidos por nuestro idioma, tradiciones y experiencias— hay formas de acercarse. En primer lugar, debemos de informarnos considerando para ello diversas opiniones y corrientes de pensamiento, contrastar esas informaciones, cuestionarlas y formar opiniones propias. Ahora bien, si no hay derecho a escuchar opiniones de ciudadanos o cúpulas apartidistas —se nos limita el derecho a la información— ¿puede el ciudadano ejercer su libertad de pensamiento plenamente?
Si usted, querido lector, está de acuerdo con esta prohibición, cuestiónese lo siguiente: ¿sabía que este tipo de control de contenidos en medios ha sido instrumento de regímenes autoritarios? ¿Sabía que millones de personas usan las redes sociales para criticar, mostrar su apoyo y cuestionar a los políticos (en Egipto fueron extraordinarias herramientas para promover las protestas pacíficas)? ¿Por qué en la radio y la televisión nos lo impiden?
El tema de fondo es si la Constitución debe albergar limitantes a las libertades ciudadanas. ¿Sabía que un grupo de ciudadanos interpusieron un amparo para demostrar que esta prohibición es anticonstitucional? El amparo ya está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que pronto deberá resolver sobre el tema. Al referirse a este debate se habla de “el amparo de los intelectuales”, cuando sería mejor hablar de “el amparo de un grupo de liberales” porque este amparo es una batalla por la libertad y apoyarlo es una posición congruente con quienes apostamos a la libertad como el camino para construir un México próspero y democrático.
Esto es muy serio, y no es un tema propio de las televisoras o de los partidos, ni de los intelectuales o los legisladores, es un tema de México. Porque cada uno de los ciudadanos debemos ser empoderados y exigir el respeto al valor fundamental que es la libertad de expresarnos, de informarnos, de manifestarnos y de pensar.
No es un debate más de la agenda nacional, es el debate toral de México. Si lo que se pretende con este articulado es generar equidad electoral; logrémoslo, pero no a cambio de nuestra libertad. Existen otras políticas públicas para ello. De otra forma, es como pretender curar una apendicitis provocándole al paciente un paro cardiaco. Es decir, no sólo es absurdo sino peligroso. Sin libertad no hay democracia.
México exige una libertad sin adjetivos y cada uno de nosotros debe estar consciente de lo que se está debatiendo en la materia.
Finalmente, no olvidemos las palabras de Bertolt Brecht: “Primero vinieron por los comunistas, y yo no los defendí, porque yo no era comunista. Después vinieron por los judíos, y yo no los defendí, porque yo no era judío. Entonces vinieron por los católicos, y yo no los defendí, porque yo no era católico. Finalmente, vinieron a por mí, y para entonces, ya no quedaba nadie para defenderme”.
Presidente de Poder Cívico, AC
¿Sabía que la Constitución mexicana dice que usted es libre para expresarse, pero no para comprar pautas en radio o televisión que expresen sus preferencias electorales? En efecto, el artículo sexto en su primer párrafo señala: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado”.
Es decir, todo mexicano debería ser libre para decir si apoya o no a un candidato (libertad de expresión), debería tener acceso a las opiniones de distintos actores políticos, líderes de opinión o cualquier otro ciudadano sobre quienes aspiran a gobernarnos (derecho a la información) y, con ello, cuestionar la información recibida para formar su propia opinión (libertad de pensamiento). Pero no es así.
El artículo 41 señala al IFE como el único actor que puede administrar tiempos en radio o televisión para hacer proselitismo. Además, en su fracción III, apartado A, inciso G, párrafo tercero dice: “Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular”. ¿Sabe lo que esto implica? En México la libertad de expresión es limitada, porque cualquier ciudadano sin militancia partidista carece de la libertad para expresar sus preferencias electorales en dichos medios. Peor aún, también lesiona el derecho a la información porque en lugar de alentar el debate público lo sanciona, pretende marginar las opiniones de quienes no coincidan con un algún partido político fuera de los medios con mayor cobertura e impacto en la sociedad.
Además, trastoca la libertad de pensamiento. Aun cuando jamás estamos totalmente libres para pensar —estamos influidos por nuestro idioma, tradiciones y experiencias— hay formas de acercarse. En primer lugar, debemos de informarnos considerando para ello diversas opiniones y corrientes de pensamiento, contrastar esas informaciones, cuestionarlas y formar opiniones propias. Ahora bien, si no hay derecho a escuchar opiniones de ciudadanos o cúpulas apartidistas —se nos limita el derecho a la información— ¿puede el ciudadano ejercer su libertad de pensamiento plenamente?
Si usted, querido lector, está de acuerdo con esta prohibición, cuestiónese lo siguiente: ¿sabía que este tipo de control de contenidos en medios ha sido instrumento de regímenes autoritarios? ¿Sabía que millones de personas usan las redes sociales para criticar, mostrar su apoyo y cuestionar a los políticos (en Egipto fueron extraordinarias herramientas para promover las protestas pacíficas)? ¿Por qué en la radio y la televisión nos lo impiden?
El tema de fondo es si la Constitución debe albergar limitantes a las libertades ciudadanas. ¿Sabía que un grupo de ciudadanos interpusieron un amparo para demostrar que esta prohibición es anticonstitucional? El amparo ya está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que pronto deberá resolver sobre el tema. Al referirse a este debate se habla de “el amparo de los intelectuales”, cuando sería mejor hablar de “el amparo de un grupo de liberales” porque este amparo es una batalla por la libertad y apoyarlo es una posición congruente con quienes apostamos a la libertad como el camino para construir un México próspero y democrático.
Esto es muy serio, y no es un tema propio de las televisoras o de los partidos, ni de los intelectuales o los legisladores, es un tema de México. Porque cada uno de los ciudadanos debemos ser empoderados y exigir el respeto al valor fundamental que es la libertad de expresarnos, de informarnos, de manifestarnos y de pensar.
No es un debate más de la agenda nacional, es el debate toral de México. Si lo que se pretende con este articulado es generar equidad electoral; logrémoslo, pero no a cambio de nuestra libertad. Existen otras políticas públicas para ello. De otra forma, es como pretender curar una apendicitis provocándole al paciente un paro cardiaco. Es decir, no sólo es absurdo sino peligroso. Sin libertad no hay democracia.
México exige una libertad sin adjetivos y cada uno de nosotros debe estar consciente de lo que se está debatiendo en la materia.
Finalmente, no olvidemos las palabras de Bertolt Brecht: “Primero vinieron por los comunistas, y yo no los defendí, porque yo no era comunista. Después vinieron por los judíos, y yo no los defendí, porque yo no era judío. Entonces vinieron por los católicos, y yo no los defendí, porque yo no era católico. Finalmente, vinieron a por mí, y para entonces, ya no quedaba nadie para defenderme”.
Presidente de Poder Cívico, AC
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