María de los Ángeles Moreno / El Universal
Después de una amplia investigación, consulta y deliberación sobre la situación alimentaria de los trabajadores en nuestro país, en el Senado de la República aprobamos, de forma unánime, la ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores que beneficiará a los asalariados, cuyas empresas se afilien al sistema.
Los principales beneficios de esta Ley son, entre otros:
Que los trabajadores tengan acceso a una dieta correcta, que mejore su nutrición y con ello se reduzcan los accidentes de trabajo y, paulatinamente, se aumente la productividad.
Experiencias internacionales muestran que un aumento del 1% en el consumo de calorías en la dieta habitual de los trabajadores produce incrementos del 2.27% en la productividad. Los esquemas de ayuda alimentaria en diversos países del mundo han demostrado además que mejoran la actitud ante el trabajo, reducen el número de accidentes y ausentismo por enfermedad, aumentan la producción y satisfacción con el trabajo; disminuyen costos en los servicios de salud a mediano y largo plazo, elevan el producto nacional y los ingresos fiscales, al promover, indirectamente, la formalización de establecimientos proveedores de alimentos.
Para facilitar el cumplimiento de la norma, se prevén diversas modalidades para que los empleadores puedan adoptar esquemas de apoyo alimentario ya sea mediante comedores en la misma empresa, concesiones a restaurantes u otros establecimientos de consumo de alimentos o bien utilizando vales impresos o electrónicos y despensas. En todos los casos, se establece la condición de que la dieta contenga los elementos para una nutrición satisfactoria.
La alimentación proporcionada al trabajador beneficiará a su familia, por un lado, porque en el hogar habrá un integrante menos que alimentar. Por el otro, porque si se trata de despensas, estas contribuirán a mejorar la nutrición de las familias y no sólo de los trabajadores. Asimismo, porque la difusión de dietas correctas irá generando, poco a poco paulatinamente, una cultura de alimentación sana y equilibrada.
La ayuda alimentaria puede mejorar el poder adquisitivo familiar, pues los trabajadores dedican a la compra de alimentos entre el 22% y 38.3% de su gasto total, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares.
Por su lado, Gobierno podrá lograr una mayor recaudación de impuestos, al formalizarse los establecimientos que expenden alimentos, ante una mayor demanda sostenida. Asimismo, obtendrá, en plazos amplios, una reducción de los costos en los servicios de salud pública.
Un resultado positivo adicional puede ser la mayor generación de empleos en el sector de restaurante y alimentos, así como en la industria agroalimentaria.
En síntesis, con la aplicación de esta ley se lograrán beneficios paulatinos pero crecientes para una gran proporción de la población; se reducirán los costos por enfermedades como la obesidad y la diabetes, así como por el pago de accidentes de trabajo.
La ley de ayuda alimentaria para los trabajadores implica, de inicio, una afiliación voluntaria de empresas que pacten con sus trabajadores, mediante acuerdo bilateral o, en su caso, dentro de un contrato colectivo la prestación. El costo será asumido por el empleador, hasta por el equivalente a un salario mínimo vigente en la zona, con una deducción fiscal de ISR (Impuesto sobre la renta) o IETU (Impuesto empresarial a tasa única), dentro de lo ya previsto por las normas que regulan estos impuestos. Respeta, igualmente, lo establecido en la Ley del Seguro Social para este tipo de previsiones. Los propios trabajadores aportarán una parte; del costo después de 5 salarios mínimos. El apoyo sólo podrá ser utilizado, en cualquiera de sus modalidades, para alimentos.
Después de una amplia investigación, consulta y deliberación sobre la situación alimentaria de los trabajadores en nuestro país, en el Senado de la República aprobamos, de forma unánime, la ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores que beneficiará a los asalariados, cuyas empresas se afilien al sistema.
Los principales beneficios de esta Ley son, entre otros:
Que los trabajadores tengan acceso a una dieta correcta, que mejore su nutrición y con ello se reduzcan los accidentes de trabajo y, paulatinamente, se aumente la productividad.
Experiencias internacionales muestran que un aumento del 1% en el consumo de calorías en la dieta habitual de los trabajadores produce incrementos del 2.27% en la productividad. Los esquemas de ayuda alimentaria en diversos países del mundo han demostrado además que mejoran la actitud ante el trabajo, reducen el número de accidentes y ausentismo por enfermedad, aumentan la producción y satisfacción con el trabajo; disminuyen costos en los servicios de salud a mediano y largo plazo, elevan el producto nacional y los ingresos fiscales, al promover, indirectamente, la formalización de establecimientos proveedores de alimentos.
Para facilitar el cumplimiento de la norma, se prevén diversas modalidades para que los empleadores puedan adoptar esquemas de apoyo alimentario ya sea mediante comedores en la misma empresa, concesiones a restaurantes u otros establecimientos de consumo de alimentos o bien utilizando vales impresos o electrónicos y despensas. En todos los casos, se establece la condición de que la dieta contenga los elementos para una nutrición satisfactoria.
La alimentación proporcionada al trabajador beneficiará a su familia, por un lado, porque en el hogar habrá un integrante menos que alimentar. Por el otro, porque si se trata de despensas, estas contribuirán a mejorar la nutrición de las familias y no sólo de los trabajadores. Asimismo, porque la difusión de dietas correctas irá generando, poco a poco paulatinamente, una cultura de alimentación sana y equilibrada.
La ayuda alimentaria puede mejorar el poder adquisitivo familiar, pues los trabajadores dedican a la compra de alimentos entre el 22% y 38.3% de su gasto total, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares.
Por su lado, Gobierno podrá lograr una mayor recaudación de impuestos, al formalizarse los establecimientos que expenden alimentos, ante una mayor demanda sostenida. Asimismo, obtendrá, en plazos amplios, una reducción de los costos en los servicios de salud pública.
Un resultado positivo adicional puede ser la mayor generación de empleos en el sector de restaurante y alimentos, así como en la industria agroalimentaria.
En síntesis, con la aplicación de esta ley se lograrán beneficios paulatinos pero crecientes para una gran proporción de la población; se reducirán los costos por enfermedades como la obesidad y la diabetes, así como por el pago de accidentes de trabajo.
La ley de ayuda alimentaria para los trabajadores implica, de inicio, una afiliación voluntaria de empresas que pacten con sus trabajadores, mediante acuerdo bilateral o, en su caso, dentro de un contrato colectivo la prestación. El costo será asumido por el empleador, hasta por el equivalente a un salario mínimo vigente en la zona, con una deducción fiscal de ISR (Impuesto sobre la renta) o IETU (Impuesto empresarial a tasa única), dentro de lo ya previsto por las normas que regulan estos impuestos. Respeta, igualmente, lo establecido en la Ley del Seguro Social para este tipo de previsiones. Los propios trabajadores aportarán una parte; del costo después de 5 salarios mínimos. El apoyo sólo podrá ser utilizado, en cualquiera de sus modalidades, para alimentos.
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