La economía informal ha servido como una válvula de escape junto con la migración hacia Estados Unidos y en el caso de México actualmente 68.2% de la ciudadanía está empleada en ese esquema, indicó Armand Peschard, del Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos.
“Complicando el panorama aún más es el hecho de que un porcentaje dentro de esa economía informal se atribuye directamente o indirectamente a actividades ilícitas que generan billones de dólares, ya sea en el contrabando o tráfico de bienes o de personas, al igual que la piratería”, dijo el especialista.
Panelista de la mesa de análisis “Seguridad, Estado y Democracia” en los foros organizado por el IFE, el especialista puntualizó que no hay una cifra sobre qué porcentaje dentro de la economía formal se atribuye a las actividades ilícitas.
Agregó que en dichas actividades -ilegales-, el crimen organizado ejerce como un “actor económico”.
“Es más, es una fuente de crecimiento económico directo e indirecto, que en los ojos de la sociedad, en vecindarios, ejidos, pueblos y municipios lo ven como una salida de la pobreza”.
Destacó que esta disfuncionalidad en la economía implica que el crimen organizado evolucione como un grupo de interés, con un “desproporcionado nivel de poder económico” que trasciende al ámbito político, “ya sea a través de la corrupción o más descaradamente y poniendo a su gente dentro de las estructuras gubernamentales.
“Esto no sólo tiene consecuencias que vulneran la gobernabilidad, sino también la percibida capacidad o eficacia de la democracia”, abundó.
El especialista planteó propuestas a partir de este diagnóstico, como impulsar reformas estructurales que contribuyan a un crecimiento económico; que el Ejecutivo y el Congreso logren un consenso para la transformación del Poder Judicial; seguir la profesionalización de cuerpos policiales, y reconocer el uso del Ejército en tareas de seguridad pública, “aunque no ideal, es necesario” en el corto o mediano plazos, entre otros.
La mayor amenaza
En su turno, el secretario general de Flacso (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales), Francisco Rojas, dijo que se ha pasado de una etapa en la cual el Estado fue la “mayor amenaza” para los pueblos latinoamericanos con la doctrina de seguridad nacional, a otra en la cual la “ausencia de Estado” deja a la gente vulnerable y en condiciones de precariedad en el ámbito de la seguridad.
CREDITO:
Mauricio Rubí / El Economista
“Complicando el panorama aún más es el hecho de que un porcentaje dentro de esa economía informal se atribuye directamente o indirectamente a actividades ilícitas que generan billones de dólares, ya sea en el contrabando o tráfico de bienes o de personas, al igual que la piratería”, dijo el especialista.
Panelista de la mesa de análisis “Seguridad, Estado y Democracia” en los foros organizado por el IFE, el especialista puntualizó que no hay una cifra sobre qué porcentaje dentro de la economía formal se atribuye a las actividades ilícitas.
Agregó que en dichas actividades -ilegales-, el crimen organizado ejerce como un “actor económico”.
“Es más, es una fuente de crecimiento económico directo e indirecto, que en los ojos de la sociedad, en vecindarios, ejidos, pueblos y municipios lo ven como una salida de la pobreza”.
Destacó que esta disfuncionalidad en la economía implica que el crimen organizado evolucione como un grupo de interés, con un “desproporcionado nivel de poder económico” que trasciende al ámbito político, “ya sea a través de la corrupción o más descaradamente y poniendo a su gente dentro de las estructuras gubernamentales.
“Esto no sólo tiene consecuencias que vulneran la gobernabilidad, sino también la percibida capacidad o eficacia de la democracia”, abundó.
El especialista planteó propuestas a partir de este diagnóstico, como impulsar reformas estructurales que contribuyan a un crecimiento económico; que el Ejecutivo y el Congreso logren un consenso para la transformación del Poder Judicial; seguir la profesionalización de cuerpos policiales, y reconocer el uso del Ejército en tareas de seguridad pública, “aunque no ideal, es necesario” en el corto o mediano plazos, entre otros.
La mayor amenaza
En su turno, el secretario general de Flacso (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales), Francisco Rojas, dijo que se ha pasado de una etapa en la cual el Estado fue la “mayor amenaza” para los pueblos latinoamericanos con la doctrina de seguridad nacional, a otra en la cual la “ausencia de Estado” deja a la gente vulnerable y en condiciones de precariedad en el ámbito de la seguridad.
CREDITO:
Mauricio Rubí / El Economista
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