Jorge A. Chavez Pressa / El Universal
México
pasa por una de sus peores crisis políticas. Y es crisis porque quienes
se dedican a las actividades y quehaceres de la política no han logrado
construir los acuerdos para organizar al país de una manera diferente.
No se tienen los mecanismos efectivos para tomar decisiones colectivas que contribuyan a que todas las actividades que emprenden las personas, empresas, organizaciones sociales y las de los gobiernos dentro del Estado mexicano estén mejor organizadas para crecer con equidad, esto es, a generar desarrollo económico.
Hechos irrefutables como la bajísima tasa de crecimiento económico por habitante registrada durante las últimas tres décadas (0.8% de 1983 a 2011, y de 0.9% de 2001 a 2011), y que dan como consecuencia que más de 52 millones de mexicanos vivan en situación de pobreza, o que más de 84 millones padezcan al menos una carencia social, nos obligan a pensar que el país tiene que organizarse de manera diferente en los ámbitos económico, social y desde luego político.
Sin una mayor tasa de crecimiento económico, que eleve de manera sostenida el PIB per cápita y genere mejores empleos simplemente no se tendrán los medios para aliviar las carencias por acceso a los servicios de salud, seguridad social y a los servicios básicos en la vivienda, y de carencia por calidad y espacios de la vivienda, así como el rezago educativo. Tampoco se superarán esas carencias si no se diseñan y aplican los programas gubernamentales adecuados para ello.
Para 2010 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social informó que de las carencias citadas la más aguda por el mayor porcentaje de población que afecta es la de seguridad social de la cual están excluidos más de 68 millones de mexicanos. Si no se llegan a tomar las decisiones colectivas indispensables, que les corresponde a los políticos, tanto aquellos que ostentan cargos de elección popular como aquellos que representan intereses empresariales y sindicales, no saldremos de un statu quo inaceptable y que más aun lleva al país en una ruta de colisión.
Entre las decisiones colectivas necesarias para llevar a la economía mexicana a una mayor tasa de crecimiento económico destacan, por un lado, todas aquellas que limitan la expansión de las actividades productivas y de generación de empleo. Y por el otro, todo lo que le corresponde al gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales, que no hacen adecuadamente, como proporcionar seguridad en todos los sentidos: seguridad a la integridad física y patrimonial de las personas; seguridad jurídica y social.
Entre los cambios a los límites y prohibiciones que urge discutir públicamente para construir decisiones colectivas más adecuadas a nuestras circunstancias y necesidades destacan las siguientes: la prohibición para que inversión privada fluya a actividades reservadas al Estado como también a actividades privadas; introducir flexibilidad para la contratación y terminación de una relación laboral, y la falta de ingresos fiscales para que mejoren los servicios públicos, entre ellos la formación de capital humano.
Una competencia electoral de gran nivel se centraría en debatir la mejor forma de lograrlo y de cómo proteger al interés público. También la competencia electoral de alto nivel sería un elemento que permitiría que los ciudadanos puedan tener una mejor idea de quién entre los diferentes candidatos tiene las capacidades, habilidades, aptitudes y vocación para lograrlo.
Los buenos oficios de los políticos son necesarios para destrabar estos puntos centrales de nuestra economía. Y para que nos aseguremos de que el interés público prevalezca sobre intereses privados muy particulares, se necesita de ciudadanos que demos mandatos claros a quienes elegimos, desde presidente de la república hasta alcalde, pasando por senadores y diputados.
Sin lo político es imposible la construcción de los acuerdos que concilien el interés público con los intereses privados legítimos e incluso fragüen compensaciones a los perdedores. A ellos les corresponde entender los problemas públicos y definirlos para plantear la solución, y con ello buscar el mandato de los ciudadanos que se los otorga mediante el voto mayoritario. Pero sólo con ciudadanos que nos preocupemos por entender la litis de los problemas públicos y por identificar las amenazas al interés público, podremos desechar a los políticos que no nos sirven para dirigir las políticas públicas a la solución. Para que nuestra democracia empiece a ser funcional, los ciudadanos necesitamos hacer la tarea.
No se tienen los mecanismos efectivos para tomar decisiones colectivas que contribuyan a que todas las actividades que emprenden las personas, empresas, organizaciones sociales y las de los gobiernos dentro del Estado mexicano estén mejor organizadas para crecer con equidad, esto es, a generar desarrollo económico.
Hechos irrefutables como la bajísima tasa de crecimiento económico por habitante registrada durante las últimas tres décadas (0.8% de 1983 a 2011, y de 0.9% de 2001 a 2011), y que dan como consecuencia que más de 52 millones de mexicanos vivan en situación de pobreza, o que más de 84 millones padezcan al menos una carencia social, nos obligan a pensar que el país tiene que organizarse de manera diferente en los ámbitos económico, social y desde luego político.
Sin una mayor tasa de crecimiento económico, que eleve de manera sostenida el PIB per cápita y genere mejores empleos simplemente no se tendrán los medios para aliviar las carencias por acceso a los servicios de salud, seguridad social y a los servicios básicos en la vivienda, y de carencia por calidad y espacios de la vivienda, así como el rezago educativo. Tampoco se superarán esas carencias si no se diseñan y aplican los programas gubernamentales adecuados para ello.
Para 2010 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social informó que de las carencias citadas la más aguda por el mayor porcentaje de población que afecta es la de seguridad social de la cual están excluidos más de 68 millones de mexicanos. Si no se llegan a tomar las decisiones colectivas indispensables, que les corresponde a los políticos, tanto aquellos que ostentan cargos de elección popular como aquellos que representan intereses empresariales y sindicales, no saldremos de un statu quo inaceptable y que más aun lleva al país en una ruta de colisión.
Entre las decisiones colectivas necesarias para llevar a la economía mexicana a una mayor tasa de crecimiento económico destacan, por un lado, todas aquellas que limitan la expansión de las actividades productivas y de generación de empleo. Y por el otro, todo lo que le corresponde al gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales, que no hacen adecuadamente, como proporcionar seguridad en todos los sentidos: seguridad a la integridad física y patrimonial de las personas; seguridad jurídica y social.
Entre los cambios a los límites y prohibiciones que urge discutir públicamente para construir decisiones colectivas más adecuadas a nuestras circunstancias y necesidades destacan las siguientes: la prohibición para que inversión privada fluya a actividades reservadas al Estado como también a actividades privadas; introducir flexibilidad para la contratación y terminación de una relación laboral, y la falta de ingresos fiscales para que mejoren los servicios públicos, entre ellos la formación de capital humano.
Una competencia electoral de gran nivel se centraría en debatir la mejor forma de lograrlo y de cómo proteger al interés público. También la competencia electoral de alto nivel sería un elemento que permitiría que los ciudadanos puedan tener una mejor idea de quién entre los diferentes candidatos tiene las capacidades, habilidades, aptitudes y vocación para lograrlo.
Los buenos oficios de los políticos son necesarios para destrabar estos puntos centrales de nuestra economía. Y para que nos aseguremos de que el interés público prevalezca sobre intereses privados muy particulares, se necesita de ciudadanos que demos mandatos claros a quienes elegimos, desde presidente de la república hasta alcalde, pasando por senadores y diputados.
Sin lo político es imposible la construcción de los acuerdos que concilien el interés público con los intereses privados legítimos e incluso fragüen compensaciones a los perdedores. A ellos les corresponde entender los problemas públicos y definirlos para plantear la solución, y con ello buscar el mandato de los ciudadanos que se los otorga mediante el voto mayoritario. Pero sólo con ciudadanos que nos preocupemos por entender la litis de los problemas públicos y por identificar las amenazas al interés público, podremos desechar a los políticos que no nos sirven para dirigir las políticas públicas a la solución. Para que nuestra democracia empiece a ser funcional, los ciudadanos necesitamos hacer la tarea.
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