Estrictamente Personal
Raymundo Riva Palacio / Eje Central
El 16 de
diciembre de 2009, tras varios días de persecución, un comando de élite
de la Marina ejecutó una operación quirúrgica en un fraccionamiento en el
centro de Cuernavaca donde murió Arturo Beltrán Leyva, el jefe del
cártel que lleva el nombre de la familia. La operación tuvo éxito por la eficaz
forma con la que actuó el comando, recién desempacado de su entrenamiento en
Estados Unidos, a partir de dos factores: la información precisa que ubicó a Beltrán
Leyva, y la neutralización de la protección institucional de la que gozó
por años.
Ese episodio en Morelos es la otra cara de la narcopolítica
en México y su penetración en las estructuras de seguridad. Es también la
demostración de la discrecionalidad con la que se ha llevado a cabo la
lucha contra las drogas que, cuando llega a los niveles de la alta política, el
gobierno ha aplicado la norma juarista: a los amigos, justicia y gracia;
a los enemigos, sólo justicia. La muerte de Beltrán Leyva no tuvo consecuencia
política alguna para el gobernador Marco Adame, sino respaldo y cobijo
del gobierno federal pese a indicios que sugieren que, cuando menos, se debió
haber abierto una investigación que lo limpiara de cualquier sospecha.
La operación en contra de Beltrán Leyva tiene todavía muchos lados ocultos.
Unos, de manera discreta, han sido resueltos. Por ejemplo, el que concierne al Ejército,
sobre el cual la DEA, que aportó la información precisa de dónde estaba
Beltrán Leyva, tenía dudas fundadas sobre su compromiso para actuar en
contra del capo, quien tenia relación con varios mandos militares en esa
zona. El mismo día en que murió, de acuerdo con personas que fueron arrestadas
en la operación, tenía prevista una comida con el comandante de las 24ª. Zona
Militar, el general Leopoldo Díaz.
La comida nunca se realizó, pero el general Díaz fue removido tiempo
después. Díaz había remplazado al general Ricardo Escorcia, quien fue
destituido de esa comandancia dos años antes, cuando a propósito del decomiso
de cocaína en un avión que aterrizó en el aeropuerto de Cuernavaca, se
descubrió protección militar a la banda criminal. Escorcia es uno de los
principales testigos en el caso contra el general y ex subsecretario de la
Defensa, Tomás Ángeles, sobre la presunta protección de varios oficiales
de alto rango al Cártel de los Beltrán Leyva.
El Ejército, lento o rápido, procedió contra sus elementos. Pero en el
gobierno federal, no lo hicieron así contra los suyos. Sobre Adame no hay
investigación pendiente, pese a que la Marina tiene indicios sobre su
presunta protección a Beltrán Leyva, como resultado de la información de
inteligencia en la operación de aquél 16 de diciembre. Esa noche, la Marina monitoreó
todas las comunicaciones de Beltrán Leyva donde figuraba una llamada a una
persona no identificada, donde surgió el nombre del gobernador.
Según militares que han escuchado las grabaciones, Beltrán Leyva le
gritaba que hablara con el gobernador Adame “para que pare” la operación
desplegada en su contra. La manera como estaba fraseada la exigencia, de
acuerdo con los militares, sugería complicidades con su gobierno, que se
habían comenzado a probar en mayo de ese año cuando se arrestó a su secretario
de Seguridad Pública, Luis Ángel Cabeza de Vaca, por proteger a ese
cártel. En aquella ocasión las fuerzas federales tomaron por completo la
seguridad estatal, pero tampoco hubo consecuencias contra Adame.
El gobernador estaba blindado. Es el jefe político de la extrema
derecha del PAN, y su esposa, vieja amiga de la primera dama Margarita
Zavala, es la coordinadora regional de la campaña de su otra amiga,
Josefina Vázquez Mota. Proceder en su contra afectaría por completo el
discurso presidencial de que el narcotráfico es patrimonio del PRI y rompería
la estrategia de la candidata presidencial de vincular a ex gobernadores
tamaulipecos del PRI con el narcotráfico. Pero para tener la lengua larga,
hay que tener la cola corta. Y esto es lo que regularmente olvidan los
panistas, sobretodo, en tiempos electorales.
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