¿TRANSPARENCIA? ¿CUAL TRANSPARENCIA?

 

Mauricio Merino / El Universal

(Investigador del CIDE)

En los últimos días, la prensa crítica y un grupo cada vez más amplio de organizaciones sociales se han ocupado de llamar nuestra atención sobre la falta de información completa, confiable y precisa sobre las candidaturas que, además de la presidencial, votaremos el próximo 1 de julio. Elegiremos un jefe de gobierno del DF, seis gobernadores, 128 senadores, 500 diputados federales, 579 diputados locales y 892 ayuntamientos. Pero solamente tenemos información suficiente sobre el grupo de candidatos que se disputa los ocho poderes ejecutivos. Del resto hay retazos e información fragmentada, en medio de una oscuridad ominosa.

El IFE nos pide que votemos a conciencia, luego de juzgar los programas de trabajo y de evaluar las trayectorias de los candidatos que se han presentado a las elecciones. Pero los ciudadanos no tenemos información suficiente para actuar de esa manera, porque los partidos se niegan a darla. No lo hacen, protegidos por la legalidad que ellos mismos se han dado: el Artículo 41 del Cofipe, que regula el acceso a la información que producen los partidos políticos, remite a un reglamento que se aprobó en el 2008 y cuyo artículo 67 establece, sin más, que la entrega de información relativa a la currícula de los candidatos que buscan puestos de elección popular será voluntaria. Esto significa, en otras palabras, que las y los candidatos no tienen obligación alguna de poner sus trayectorias profesionales al escrutinio del público. Y apenas si tengo que subrayar la flagrante contradicción que esa regla supone con los principios más elementales de la democracia.

Para animarlos a actuar con criterios más proclives a la transparencia, el IFE ha dispuesto una ventana electrónica —accesible desde la página web del propio instituto— cuyo título parece escrito con sorna: “Candidatas y candidatos: ¡conócelos!”. A esa convocatoria solamente han respondido de manera voluntaria 127 candidatos de entre 6 mil 442 (según la información que ofreció ayer el Comité Conciudadano con los datos de la Unidad de Información del IFE) cuidando mucho el contenido de sus currículum; mientras que el resto ha considerado, junto con las dirigencias de los siete partidos que los postulan (sin excepción) que la trayectoria de las mujeres y de los hombres que nos están pidiendo su voto para el 1 de julio es cosa confidencial y que, en todo caso, no hace falta entregarla. Y de los candidatos locales ni hablamos: saber quiénes son y de dónde vienen es una aventura digna del premio a la investigación en ciencias sociales.

Esta falta de respeto a los ciudadanos es grave por varias razones: además de negar los principios básicos de la competencia electoral y obligarnos a votar por siglas, fotografías y proclamas y no por trayectorias completas, confirma la arrogancia de los dueños del monopolio de la representación política. ¿Para qué conocer las trayectorias de los candidatos si podemos votar por partidos? ¿Para qué ocuparnos de los poderes legislativos si los medios electrónicos nos tienen entretenidos con los candidatos a los poderes ejecutivos y éstos prometen investirse de semidioses para cambiarlo todo, más allá de las voluntades de quienes representen al pueblo en las Cámaras? Por lo demás, si nos habían prometido blindar las candidaturas de la influencia del crimen organizado, ¿cómo podemos saber que cumplieron con su palabra?

Apenas esta semana los cuatro candidatos presidenciales escribieron en estas páginas sendos artículos en los que ofrecen un conmovedor apego a la transparencia. Si eso fuera verdad, no tendrían que esperar hasta el resultado del 1 de julio: pueden y deben hacerlo desde ahora, pidiendo a sus partidos políticos que revelen la trayectoria completa, precisa y confiable de los candidatos a todos los demás puestos que se disputan. No necesitan esperar tanto para demostrar su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. En esta materia, lo queremos todo y lo queremos ya.