Adrián González Naveda
/ El semanario sin Límites
Hoy, y desde hace ya varios
años, el salario mínimo en México no es suficiente para solventar el costo de
los productos básicos de primera necesidad, ubicando en una situación de
indefensión económica y lacerante carestía a un ancho espectro de la población
nacional. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
los mexicanos perciben el segundo salario mínimo más bajo de América Latina,
sólo por encima de Uruguay. Países como Paraguay, Argentina y Costa Rica tienen
salarios mínimos que superan en dos, y hasta en tres veces, al salario
mínimo mexicano.
En el periodo 2009-2010 la
variación del salario mínimo real en Ecuador fue de 7.3%, en Brasil la cifra
alcanzó el 5.1% mientras que en México la medición se situó en un inaceptable
-0.3%, muy similar al alcanzado en el periodo 2008-2009 cuando fue de
-0.5%. La situación es grave si consideramos que entre 1995 y 2010 el índice
del salario mínimo en el país cayó alrededor del 30% y, aún así, a diferencia
de la mayoría de los países en América Latina, el Estado mexicano no ha podido
restablecer cuantitativamente el nivel en que debería fijarse el salario mínimo
para poder garantizar el acceso de la clase trabajadora a los satisfactores
básicos.
Según datos del propio Banco
de México la inflación de alimentos y bebidas ha sido de 21.2% de enero del
2008 a la fecha, mientras que el aumento reciente en los precios de alimentos,
desde junio del 2010, ha sido de 5.2%. De diciembre de 2005 a diciembre de
2010 el cargo fijo por mes de electricidad aumentó en 32%, pasando de
$54.75 a $72.40 pesos por mes. De diciembre de 2000 a diciembre de 2010 el
precio por litro de gasolina Magna aumentó en 74%, el litro de Premium en 73% y
el litro de Diesel en 118%, teniendo esto un impacto directo en el aumento de
precios. El kilo de tortilla, de 2007 a 2010, acumuló un aumento en su precio
de 20%, sin que a la fecha se haya detenido su escalada. En términos
reales la gente hace 40 años podía comprar una canasta básica cuatro veces más
grande que ahora, tanto en variedad o cantidad de productos y servicios, con un
salario mínimo.
Podemos afirmar, sin miedo a
equivocarnos, que esta situación se debe en gran medida a la actuación de la
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos; constituida como organismo
descentralizado, sin plena autonomía de acción y sectorizado en la Secretaría
de Trabajo y Previsión Social. El notable alejamiento de los intereses de los
trabajadores por parte de esta Comisión radica en el control que el Poder
Ejecutivo ejerce sobre ella, pervirtiendo la naturaleza colegiada y tripartita
que la Constitución le confiere y supeditándola en los hechos al arbitrio de la
Secretaria de Trabajo y Previsión Social. Esta anacrónica estructura
institucional, con predominancia y sobrerrepresentación del gobierno, responde
de manera muy clara a una lógica corporativista propia de un sistema político
que ya pensábamos agotado y que en los hechos abroga la participación activa,
la discusión y el análisis entre las parte interesadas.
Queda claro que el actual diseño
de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos consiente que el gobierno se
rehúse a subir el salario mínimo, convirtiendo un proceso de concertación en
uno de imposición, con el consecuente y desafortunado impacto negativo en la
población más vulnerable del país. Urgen cambios en el diseño institucional de
muchas dependencias, más este cobra especial relevancia, y es que las omisiones
que aquí se cometen tienen un impacto profundo en la calidad de vida de
millones de mexicanos. Y pues eso.
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