BALANCE GENERAL
Alberto Barranco / El Universal
En busca de estridencia en la etapa previa a la veda electoral, el presidente Felipe Calderón presumió hace unas semanas lo que en el papel parecía un milagro: la superación de la crisis del Instituto Mexicano del Seguro Social
Colocado el volumen a todo decibeles, el Ejecutivo habló de que el organismo, alejado de su interior el fantasma de la bancarrota, estaba reviviendo sus inversiones físicas largamente aletargadas.
La cifra hablaba de 28 mil millones de pesos en lo que llevaba el actual sexenio, ya equipando hospitales en larga lista de espera para operar, o ya construyendo nuevos, además, naturalmente, de clínicas.
Habría, pues, espacio no sólo para los 14 millones de derechohabientes, sino para los inscritos en el Seguro Popular.
Casi el paraíso.
El problema es que a finales del sexenio anterior el director general del Instituto, Fernando Flores Pérez, había advertido que para evitar un colapso entre la oferta y la demanda de camas, se reclamaba una inversión mínima de 56 mil millones de pesos.
La cifra señalada por el Ejecutivo, pues, apenas representa la mitad.
De hecho, bajo el nuevo escenario la proporción de camas por cada mil derechohabientes alcanza sólo 0.9, es decir creció una décima de punto porcentual frente al 0.8 con que se había iniciado el sexenio.
La cifra promedio en los países afiliados al Organismo para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), al que pertenece México, es de 5.6 camas.
Durante el sexenio del recién desaparecido presidente Miguel de la Madrid, la proporción era de 1.1, en tanto bajo el zedillista se había alcanzado 1.2.
Como lee usted, estamos muy lejos aún no sólo de superar todas las marcas, como pregonan las fanfarrias, sino de lograr siquiera el empate.
Por lo pronto, en la paradoja frente a los graves problemas financieros que enfrenta el organismo, hete aquí que apenas hoy, mes y medio después de hacerse públicos sus resultados, el Consejo Técnico del organismo empezará la revisión de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación a la Cuenta Pública del 2010.
Como usted recordará, el organismo colocó el énfasis en dos irregularidades: la adjudicación de un contrato para tareas de corte cibernético por 3 mil millones de pesos a una empresa que pactó un pago por horas, y la pérdida de miles de millones de pesos de las reservas en operaciones fallidas de carácter bursátil.
En el primer caso las cuentas no salen, dado que el número de horas facturadas implicaría haber trabajado más de 24 horas al día.
En el segundo caso, el dinero lo jugó en inversiones ruinosas, la compra de papeles de deuda de empresas en graves problemas financieros, la firma Metrofinanciera, filial del banco IXE, hoy integrado a la férula del Banco Mercantil del Norte, Banorte.
En la cumbre del absurdo, pues, el Seguro Social, o la firma contratada como intermediaria, no respetó las reglas presidenciales para realizar este tipo de inversiones, financiando a firmas cuya calidad crediticia estaba en los suelos.
Por menos de eso durante el gobierno zedillista se llevó a la cárcel al funcionario encargado de realizar este tipo de operaciones, por más que el quebranto, entonces, alcanzaba una proporción mínima frente al actual.
Estamos hablando de Tomás Peñalosa Web, quien había llegado al IMSS tras un paso fugaz en el desaparecido Bancrecer.
En paralelo, por otro tipo de operaciones financieras que provocaron problemas de caja al organismo, se persiguió al ex tesorero de éste, Porfirio Barbosa.
Las supuestas irregularidades se cometieron en la época en que el director del Instituto era el tristemente célebre Juan Molinar Horcasitas, a quien el manto protector del gobierno ha cobijado hasta el escándalo.
Lejos aún de lograr el equilibrio frente a de sus formidables boquetes en materia de reservas, el IMSS, pues, lleva en la espalda otra loza: la corrupción.
¿Se acuerda usted que en este espacio hablábamos de que la semana pasada el pleno de la Comisión Federal de Competencia analizaría el recurso de reconsideración planteado por Telcel frente a la megamulta de casi 12 mil millones de pesos aplicada por la dependencia por supuesta reincidencia en prácticas monopólicas absolutas?
Bien, pues, la sesión se agotó con la lectura de un documento en el que la filial de Teléfonos de México plantea una serie de compromisos con miras a que los comisionados le reduzca el monto de la sanción. Estamos hablando, básicamente de cumplir lo que dispone la ley en materia de empresas de telecomunicaciones.
En alguna forma, pues, se negoció el cumplimiento de ésta.
La gran pregunta es cuál será la reacción de los destinatarios del documento cuando se analice realmente el recurso de reconsideración de Telcel, con la ausencia, por disposición judicial, del presidente del organismo, Eduardo Pérez Motta.
SIEMPRE NO
Colocadas sus cabezas en la guillotina, finalmente llegó el indulto para las filiales en México de las firmas LG y Samsung, a la par de Electrolux, en la pretensión del Departamento de Comercio de Estados Unidos de aplicarles una cuota compensatoria por vender refrigeradores a precios "injustamente bajos".
Un panel de expertos del organismo decidió que no había suficiente evidencia para el castigo, es decir la imposición de un arancel extraordinario.
Anteriormente se había librado del golpazo a la empresa nacional Mabe.
La bala, pues, pasó rozando.
La denuncia que involucraba la supuesta aplicación de subsidios por parte del gobierno coreano a sus refrigeradores Samsung con congelador en su parte inferior, la había colocado la empresa Whirpool.
El castigo consistía en la imposición de un nuevo impuesto de importación de 30.34% para los refrigeradores LG fabricados en México, y de 14.41% para los fabricados en Corea del Sur.
En paralelo, habría un arancel de 15.95 para los refrigeradores Samsung fabricados en México y otro de 5.50 para los hechos en Corea.
En el caso de los refrigeradores Mabe y Electrolux el castigo sería de 6% y 22.44% respectivamente.
MÉXICO JUEZ Y PARTE
Empujado, en su calidad de líder del grupo de los 20, por el gobierno español para encabezar una protesta contra el gobierno argentino por la expropiación del 51% de las acciones de la petrolera YPF, del paquete de 57% que mantiene la ibérica Repsol, lo cierto es que México se colocaría en calidad de juez y parte.
Le pesa su casi 10% que detenta en el capital de la petrolera española.
Más aún, de cara a la opinión pública, le pesan los mil obstáculos colocados por los españoles para que Petróleos Mexicanos ampliara su participación en Repsol.
Los exabruptos presidenciales, pues, salen sobrando.
Alberto Barranco / El Universal
En busca de estridencia en la etapa previa a la veda electoral, el presidente Felipe Calderón presumió hace unas semanas lo que en el papel parecía un milagro: la superación de la crisis del Instituto Mexicano del Seguro Social
Colocado el volumen a todo decibeles, el Ejecutivo habló de que el organismo, alejado de su interior el fantasma de la bancarrota, estaba reviviendo sus inversiones físicas largamente aletargadas.
La cifra hablaba de 28 mil millones de pesos en lo que llevaba el actual sexenio, ya equipando hospitales en larga lista de espera para operar, o ya construyendo nuevos, además, naturalmente, de clínicas.
Habría, pues, espacio no sólo para los 14 millones de derechohabientes, sino para los inscritos en el Seguro Popular.
Casi el paraíso.
El problema es que a finales del sexenio anterior el director general del Instituto, Fernando Flores Pérez, había advertido que para evitar un colapso entre la oferta y la demanda de camas, se reclamaba una inversión mínima de 56 mil millones de pesos.
La cifra señalada por el Ejecutivo, pues, apenas representa la mitad.
De hecho, bajo el nuevo escenario la proporción de camas por cada mil derechohabientes alcanza sólo 0.9, es decir creció una décima de punto porcentual frente al 0.8 con que se había iniciado el sexenio.
La cifra promedio en los países afiliados al Organismo para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), al que pertenece México, es de 5.6 camas.
Durante el sexenio del recién desaparecido presidente Miguel de la Madrid, la proporción era de 1.1, en tanto bajo el zedillista se había alcanzado 1.2.
Como lee usted, estamos muy lejos aún no sólo de superar todas las marcas, como pregonan las fanfarrias, sino de lograr siquiera el empate.
Por lo pronto, en la paradoja frente a los graves problemas financieros que enfrenta el organismo, hete aquí que apenas hoy, mes y medio después de hacerse públicos sus resultados, el Consejo Técnico del organismo empezará la revisión de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación a la Cuenta Pública del 2010.
Como usted recordará, el organismo colocó el énfasis en dos irregularidades: la adjudicación de un contrato para tareas de corte cibernético por 3 mil millones de pesos a una empresa que pactó un pago por horas, y la pérdida de miles de millones de pesos de las reservas en operaciones fallidas de carácter bursátil.
En el primer caso las cuentas no salen, dado que el número de horas facturadas implicaría haber trabajado más de 24 horas al día.
En el segundo caso, el dinero lo jugó en inversiones ruinosas, la compra de papeles de deuda de empresas en graves problemas financieros, la firma Metrofinanciera, filial del banco IXE, hoy integrado a la férula del Banco Mercantil del Norte, Banorte.
En la cumbre del absurdo, pues, el Seguro Social, o la firma contratada como intermediaria, no respetó las reglas presidenciales para realizar este tipo de inversiones, financiando a firmas cuya calidad crediticia estaba en los suelos.
Por menos de eso durante el gobierno zedillista se llevó a la cárcel al funcionario encargado de realizar este tipo de operaciones, por más que el quebranto, entonces, alcanzaba una proporción mínima frente al actual.
Estamos hablando de Tomás Peñalosa Web, quien había llegado al IMSS tras un paso fugaz en el desaparecido Bancrecer.
En paralelo, por otro tipo de operaciones financieras que provocaron problemas de caja al organismo, se persiguió al ex tesorero de éste, Porfirio Barbosa.
Las supuestas irregularidades se cometieron en la época en que el director del Instituto era el tristemente célebre Juan Molinar Horcasitas, a quien el manto protector del gobierno ha cobijado hasta el escándalo.
Lejos aún de lograr el equilibrio frente a de sus formidables boquetes en materia de reservas, el IMSS, pues, lleva en la espalda otra loza: la corrupción.
¿Se acuerda usted que en este espacio hablábamos de que la semana pasada el pleno de la Comisión Federal de Competencia analizaría el recurso de reconsideración planteado por Telcel frente a la megamulta de casi 12 mil millones de pesos aplicada por la dependencia por supuesta reincidencia en prácticas monopólicas absolutas?
Bien, pues, la sesión se agotó con la lectura de un documento en el que la filial de Teléfonos de México plantea una serie de compromisos con miras a que los comisionados le reduzca el monto de la sanción. Estamos hablando, básicamente de cumplir lo que dispone la ley en materia de empresas de telecomunicaciones.
En alguna forma, pues, se negoció el cumplimiento de ésta.
La gran pregunta es cuál será la reacción de los destinatarios del documento cuando se analice realmente el recurso de reconsideración de Telcel, con la ausencia, por disposición judicial, del presidente del organismo, Eduardo Pérez Motta.
SIEMPRE NO
Colocadas sus cabezas en la guillotina, finalmente llegó el indulto para las filiales en México de las firmas LG y Samsung, a la par de Electrolux, en la pretensión del Departamento de Comercio de Estados Unidos de aplicarles una cuota compensatoria por vender refrigeradores a precios "injustamente bajos".
Un panel de expertos del organismo decidió que no había suficiente evidencia para el castigo, es decir la imposición de un arancel extraordinario.
Anteriormente se había librado del golpazo a la empresa nacional Mabe.
La bala, pues, pasó rozando.
La denuncia que involucraba la supuesta aplicación de subsidios por parte del gobierno coreano a sus refrigeradores Samsung con congelador en su parte inferior, la había colocado la empresa Whirpool.
El castigo consistía en la imposición de un nuevo impuesto de importación de 30.34% para los refrigeradores LG fabricados en México, y de 14.41% para los fabricados en Corea del Sur.
En paralelo, habría un arancel de 15.95 para los refrigeradores Samsung fabricados en México y otro de 5.50 para los hechos en Corea.
En el caso de los refrigeradores Mabe y Electrolux el castigo sería de 6% y 22.44% respectivamente.
MÉXICO JUEZ Y PARTE
Empujado, en su calidad de líder del grupo de los 20, por el gobierno español para encabezar una protesta contra el gobierno argentino por la expropiación del 51% de las acciones de la petrolera YPF, del paquete de 57% que mantiene la ibérica Repsol, lo cierto es que México se colocaría en calidad de juez y parte.
Le pesa su casi 10% que detenta en el capital de la petrolera española.
Más aún, de cara a la opinión pública, le pesan los mil obstáculos colocados por los españoles para que Petróleos Mexicanos ampliara su participación en Repsol.
Los exabruptos presidenciales, pues, salen sobrando.
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