JORGE CARRASCO ARAIZAGA
MÉXICO, D.F. (apro).- La aprobación en el Senado del dictamen de Ley General de Víctimas es apenas un placebo para quienes han sufrido la violencia criminal del gobierno, que asegura combatir a los delincuentes.
La Ley, que aún debe pasar por la Cámara de Diputados, perfila un camino largo y burocrático para reparar a las víctimas de violación de sus derechos humanos en la “guerra a las drogas” impulsada por Felipe Calderón.
La propuesta de Ley crea un Sistema Nacional de Atención a Víctimas, que tiene como propósito “el acceso a la justicia, a la verdad y la reparación integral del daño”.
La justicia es el tema principal, y es aquí donde el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), impulsor de la ley, tendrá que empeñarse.
Hacer justicia tiene como condición necesaria conocer la verdad, esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y, en consecuencia, establecer las responsabilidades individuales y políticas.
La Ley propone un Registro Nacional de Víctimas. Y aunque el MPJD ya cuenta con uno preliminar, será necesario que sea lo más acabado posible. Para hacerlo se deberán abrir centros de registro en todo el país y acudir a los lugares más emblemáticos de la violencia desmesurada del sexenio calderonista.
Pero hay muchas personas que por miedo o desconocimiento no denuncian lo que les ha ocurrido. En muchas poblaciones, y aun en centros urbanos del país, el silencio se impone.
Y si ese registro será difícil, más lo será la investigación de lo ocurrido. Por disposición constitucional, le corresponde al Ministerio Público investigar los delitos, la mayoría de los cuales son de orden común. Los homicidios, robos, agresiones y otros tendrían que ser investigados por las procuradurías de los estados.
En casos más graves como la tortura, deberá intervenir la Procuraduría General de la República.
Pero cuando haya casos, que no son pocos, en los que intervengan integrantes de las Fuerzas Armadas, primero se tendrá que insistir para que no influyan los tribunales militares, según lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Cuando los perpetradores sean integrantes de la Policía Federal se deberá lidiar contra la costumbre de la Secretaría de Seguridad Pública de alterar los hechos a conveniencia.
Sólo con una investigación independiente se puede llegar a la “verdad verdadera”, más que construir una “verdad histórica”.
Si los tribunales encargados de establecer responsabilidades reciben expedientes elaborados por los mecanismos formales de investigación, “la verdad judicial” también estará lejos de lo ocurrido.
Será justicia sólo “en la medida de lo posible”. Los verdaderos culpables estarán a salvo.
Gran parte de la violencia también se explica por la red de protección política. En todo el país hay casos que se pueden documentar para sancionar a los responsables.
La Ley General de Víctimas también propone la creación de un Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, para indemnizar a las víctimas con un máximo de 500 veces el salario mínimo mensual del DF: apenas 31 mil 165 pesos.
Es prácticamente lo mismo con lo que se ha compensado hasta ahora a familias que han perdido a alguno de sus integrantes en medio de la “guerra”. O lo que pueden haber gastado en la búsqueda de la verdad y la justicia por lo sucedido a su familiar.
Dice la propuesta que ese pago saldrá del Presupuesto de Egresos de la Federación. Pero, ¿por qué no de los millonarios recursos incautados a los narcotraficantes? O de aquellos funcionarios que resultaran responsables, no de los elementos que ejecutaron –que en justicia deberían recibir una pena–, sino de los jefes que ordenaron disparar, pero sobre todo de aquellos que hicieron de la violencia una política pública.
Para esa “guerra” dispusieron de millonarios recursos en materiales, equipos, hombres. Fue una medida deliberada salir a “toparse” con los narcotraficantes.
Según Felipe Calderón “la divina providencia” lo mandó a dar esta “guerra”. Sería bueno que su pensión le cayera del cielo y no saliera de nuestros bolsillos.
En Chile se pretende abrir el testamento del dictador Augusto Pinochet, no sólo para saber cómo hizo su fortuna de 26 millones de dólares, sino para reparar en parte a sus víctimas. No sería mala idea que aquí la reparación del daño saliera también de aquellos que ordenaron la irracional guerra.
La Ley, que aún debe pasar por la Cámara de Diputados, perfila un camino largo y burocrático para reparar a las víctimas de violación de sus derechos humanos en la “guerra a las drogas” impulsada por Felipe Calderón.
La propuesta de Ley crea un Sistema Nacional de Atención a Víctimas, que tiene como propósito “el acceso a la justicia, a la verdad y la reparación integral del daño”.
La justicia es el tema principal, y es aquí donde el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), impulsor de la ley, tendrá que empeñarse.
Hacer justicia tiene como condición necesaria conocer la verdad, esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y, en consecuencia, establecer las responsabilidades individuales y políticas.
La Ley propone un Registro Nacional de Víctimas. Y aunque el MPJD ya cuenta con uno preliminar, será necesario que sea lo más acabado posible. Para hacerlo se deberán abrir centros de registro en todo el país y acudir a los lugares más emblemáticos de la violencia desmesurada del sexenio calderonista.
Pero hay muchas personas que por miedo o desconocimiento no denuncian lo que les ha ocurrido. En muchas poblaciones, y aun en centros urbanos del país, el silencio se impone.
Y si ese registro será difícil, más lo será la investigación de lo ocurrido. Por disposición constitucional, le corresponde al Ministerio Público investigar los delitos, la mayoría de los cuales son de orden común. Los homicidios, robos, agresiones y otros tendrían que ser investigados por las procuradurías de los estados.
En casos más graves como la tortura, deberá intervenir la Procuraduría General de la República.
Pero cuando haya casos, que no son pocos, en los que intervengan integrantes de las Fuerzas Armadas, primero se tendrá que insistir para que no influyan los tribunales militares, según lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Cuando los perpetradores sean integrantes de la Policía Federal se deberá lidiar contra la costumbre de la Secretaría de Seguridad Pública de alterar los hechos a conveniencia.
Sólo con una investigación independiente se puede llegar a la “verdad verdadera”, más que construir una “verdad histórica”.
Si los tribunales encargados de establecer responsabilidades reciben expedientes elaborados por los mecanismos formales de investigación, “la verdad judicial” también estará lejos de lo ocurrido.
Será justicia sólo “en la medida de lo posible”. Los verdaderos culpables estarán a salvo.
Gran parte de la violencia también se explica por la red de protección política. En todo el país hay casos que se pueden documentar para sancionar a los responsables.
La Ley General de Víctimas también propone la creación de un Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, para indemnizar a las víctimas con un máximo de 500 veces el salario mínimo mensual del DF: apenas 31 mil 165 pesos.
Es prácticamente lo mismo con lo que se ha compensado hasta ahora a familias que han perdido a alguno de sus integrantes en medio de la “guerra”. O lo que pueden haber gastado en la búsqueda de la verdad y la justicia por lo sucedido a su familiar.
Dice la propuesta que ese pago saldrá del Presupuesto de Egresos de la Federación. Pero, ¿por qué no de los millonarios recursos incautados a los narcotraficantes? O de aquellos funcionarios que resultaran responsables, no de los elementos que ejecutaron –que en justicia deberían recibir una pena–, sino de los jefes que ordenaron disparar, pero sobre todo de aquellos que hicieron de la violencia una política pública.
Para esa “guerra” dispusieron de millonarios recursos en materiales, equipos, hombres. Fue una medida deliberada salir a “toparse” con los narcotraficantes.
Según Felipe Calderón “la divina providencia” lo mandó a dar esta “guerra”. Sería bueno que su pensión le cayera del cielo y no saliera de nuestros bolsillos.
En Chile se pretende abrir el testamento del dictador Augusto Pinochet, no sólo para saber cómo hizo su fortuna de 26 millones de dólares, sino para reparar en parte a sus víctimas. No sería mala idea que aquí la reparación del daño saliera también de aquellos que ordenaron la irracional guerra.
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