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Netzaí Sandoval Ballesteros* / Contralínea
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Se hizo público recientemente un estudio de la
Cámara de Diputados que calcula que el año pasado el narcotráfico blanqueó 10
mil millones de dólares dentro del sistema financiero mexicano.
Desde hace
años, quienes criticamos la fallida estrategia contra el narcotráfico del
gobierno calderonista, hemos insistido en que le hace falta más inteligencia y
menos tanquetas, balazos, muertes, desapariciones forzadas, ejecuciones
extrajudiciales y torturas.
Las
cifras cada vez lo hacen más evidente. En el quinto informe de labores
de la Procuraduría General de la República (PGR) se reportaron las acciones
para combatir el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita
(tipo penal con el que se designa al lavado o blanqueo de
dinero). Ahí se destacaron los “éxitos”: se lograron 17 sentencias
condenatorias y se aseguraron unos 154 millones de pesos.
La cifra
equivale aproximadamente al 0.1 por ciento de los recursos que el narcotráfico lava
anualmente en el país. Podemos decir que gracias al gobierno de Felipe
Calderón, el narcotráfico tiene solamente el 99.9 por ciento de su capacidad
para comprar armas, corromper funcionarios, infiltrar a las corporaciones
militares y policiacas, transportar narcóticos y pagar por sus “trabajos” a los
sicarios.
Hay otros
datos preocupantes: en el mismo periodo, la PGR concluyó más averiguaciones
previas por delitos contra el ambiente(225), que por lavado de dinero (181). Es
decir, la PGR se dedicó a trabajar más en “proteger” la naturaleza que en
combatir las causas del problema que Felipe Calderón colocó como el tema
central de la acción de gobierno durante todo su sexenio.
¿Quién puede
creer que el objetivo del gobierno fue combatir el narcotráfico, si nunca se
intentó acabar con el negocio que hay detrás de él? Al enfilarnos al final de
este sexenio de muerte, ¿no parecen insultantes las mentiras que repetían
aquellos promocionales que decían “para que la droga no llegue a tus hijos”?
Hay que
recordar que de acuerdo con la última Encuesta nacional de adicciones del
gobierno federal, alrededor del 5 por ciento de la población entre los 12 y los
65 años de edad ha consumido drogas ilícitas. El 95 por ciento restante se
encontraba ajeno al problema. ¿Estábamos ante un problema de seguridad nacional
por el consumo de drogas? Parece evidente que no.
Además, el
Departamento de Estado de Estados Unidos señala en el Reporte internacional
de estrategia para el control de narcóticos que la producción y consumo de
drogas ilegales crece y éstas continúan pasando a través del territorio
mexicano.
Es evidente
que lo que está ocurriendo en México no es un problema ordinario de seguridad
pública. También queda claro que el discurso gubernamental está lleno de
retórica vacía, pues es bien sabido que el narcotráfico no va a disminuir
mientras continúe siendo un negocio inmensamente rentable. Así, esta guerra no
se va a ganar.
Las Fuerzas
Armadas están complacidas en cierto grado con Calderón, pues han visto
incrementarse varias veces su presupuesto, con lo que también incrementan su
poder. Además, su presencia y capacidad de negociación han aumentado
sustancialmente durante este sexenio.
Sin
embargo, hay personas preparadas e inteligentes en el Ejército que saben que
Calderón los utilizó sabiendo que deterioraría su imagen, que la guerra tendría
costos y que ellos tendrían que pagar los platos rotos.
Hay altos
mandos que saben que torturar es imprescriptiblemente un delito y que la
práctica de esta atrocidad en los cuarteles militares va a generar un gravísimo
problema a largo plazo. También hay militares preparados que conocen
perfectamente su misión y están enterados de que la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) le hizo notar a Calderón la ausencia de protocolos para las
detenciones, los retenes y los operativos; e incluso le indicó que esa omisión
suya generaría muertes entre los civiles y también entre las fuerzas de
seguridad (ver Facultad de Investigación 3/2006 SCJN).
Hay
generales que ordenaron torturar, desaparecer y ejecutar civiles (caso del
general Moreno Aviña). No se puede llamar a esto accidente o error. Alguien va
a tener que pagar por estos crímenes y Calderón confiaba en escapar del país,
dejando a las fuerzas armadas la responsabilidad de enfrentar los procesos
penales que se iniciarían en su contra.
Es urgente
recuperar a nuestras Fuerzas Armadas. Recuperar su prestigio y su control. El
gigantesco error de Calderón puede tener consecuencias históricas.
Tradicionalmente una de las instituciones que no se había subordinado a los
deseos y órdenes del embajador de Estados Unidos en México era precisamente la
de las Fuerzas Armadas. Pero esto está cambiando y se hace notar,
particularmente, en las operaciones a cargo de la Secretaría de Marina.
Sería
indispensable someter a las Fuerzas Armadas a controles parlamentarios. La
lealtad al gobierno civil debe ser amplia, es decir, a la estructura de
gobierno entera y no simplemente al presidente.
El
control parlamentario sobre el despliegue de tropas en México, hacia el
interior del país, está dentro de los niveles más bajos en términos del derecho
comparado. Esto es verdaderamente preocupante: toda vez que el principio de
control democrático sobre las Fuerzas Armadas, se ha convertido incluso en un
requisito básico para formar parte de las organizaciones internacionales de
Estados democráticos. En estos Estados, el parlamento debe pronunciarse sobre
el despliegue militar antes de que ocurra, o por lo menos debe hacerlo una
comisión. En otros casos existe al menos la obligación de consultar la opinión
del Congreso aunque pueda no ser favorable.
El
Congreso puede comenzar a ejercer este control y comenzar a frenar la crisis
humanitaria que vivimos. Es urgente que legisle en torno al fuero militar y
deje en manos del fuero civil todos los delitos que no estén estrictamente
relacionados con la disciplina militar. Es decir, no solamente los crímenes más
graves deben juzgarse por tribunales civiles, sino incluso un simple asalto
contra un civil, o cualquier tipo de agresión contra civiles por parte de las
Fuerzas Armadas.
Una
vez recuperado el control sobre nuestro Ejército podremos comenzar a pensar en
combatir, realmente, el tráfico de drogas en México.
Abogado por
la Universidad Nacional Autónoma de México; posgraduado en administración de
justicia
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