ERNESTO VILLANUEVA / (Proceso).-
El 20 de abril de 2009 el presidente Felipe Calderón presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, reglamentaria del artículo 10 de la Constitución, que reconoce el derecho humano de poseer armas de fuego para la seguridad y la legítima defensa de toda persona. Esa iniciativa ha sido aprobada por la Cámara de Diputados y se prevé que sea discutida en el Senado en este periodo ordinario de sesiones para su eventual aprobación. Dicho proceso se desarrolla en un marco de ignorancia y ausencia de participación ciudadana, y la única perdedora es la sociedad mexicana. Veamos por qué.
Primero. La iniciativa del presidente Calderón, de entrada, confunde eficacia con validez jurídica, es decir, la “existencia” de leyes –lo que se denomina “validez”–, con su efectivo cumplimiento –lo que se llama “eficacia”–. En la exposición de motivos dice, por ejemplo, que “es ineludible que para combatir con mayor eficiencia los altos índices de violencia debe erradicarse la proliferación de la compra-venta ilícita de armas de fuego, mediante el establecimiento de controles efectivos y sanciones adecuadas a quienes participen de dichas operaciones”.
Se ha dicho hasta el cansancio que la proliferación de leyes no genera, de ninguna manera, mayor cumplimiento de la ley. Antes bien, en muchos casos dificulta el cumplimiento de la norma jurídica. Esta confusión del presidente y sus asesores es uno de los hilos conductores que dan cuenta de cómo se ha perdido tiempo, dinero y esfuerzo en el combate al crimen organizado por falta de método y proyecto lógico racional.
Segundo. La iniciativa del presidente Calderón abona el mito que tiene todavía carta de naturalización en el grueso de la población al asociar el concepto “armas de fuego” con “crimen y violencia”. Evidentemente, en la iniciativa de referencia no hay datos duros que fundamenten su aseveración. Se trata sólo de conjeturas y ocurrencias puras y simples. La iniciativa agrega, entre otras cosas, tres nuevas restricciones: a) reducir los calibres permitidos formalmente para posesión y portación de armas de fuego; b) incrementar las penas privativas de libertad al poseer o portar armas de fuego no autorizadas por la ley, y c) sancionar el empleo de municiones modificadas para el uso “ordinario” de armas de fuego. Las tres innovaciones presidenciales son, además de absurdas, violatorias del derecho humano a poseer y, por consiguiente, portar armas de fuego para la legítima defensa y seguridad de los gobernados.
Hasta el día de hoy algunos calibres 9 milímetros son permitidos en la Ley de Armas de Fuego; ahora se excluyen, además de éste, el .38 Especial y el .37 Magnum, entre otros, de modo que, en este mundo al revés, pareciera que la ley busca proteger a los delincuentes de las personas de a pie. Otro elemento peligroso es el relativo al transporte de armas de fuego y sus calibres, por el desconocimiento de la sociedad, de las autoridades y de las fuerzas del orden. Así pues, en caso de que se apruebe esta insensatez, a los problemas existentes se sumarán mayores extorsiones, “siembras” e interpretaciones ajenas al espíritu de la Constitución, en perjuicio, como siempre, de los que menos tienen.
Tercero. Por otro lado, la iniciativa de Calderón y el PAN de ninguna manera podría mejorar la seguridad de las personas. Seamos lógicos, por favor: ¿Alguien con un dedo de frente se imagina que una persona que forme parte del crimen, organizado o común, desea registrar su arma y/o conseguir una licencia de portación? Por supuesto que no, por dos razones obvias: a) Lo que menos quieren los delincuentes es ser detectados o seguidos por las autoridades, y b) Las armas que utilizan son de calibres mayores a los que la Ley Federal de Armas –tanto la actual como la que podría aprobarse– permite poseer y/o portar.
Así, la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República debe hacer el esfuerzo de pensar (sé que no es fácil, pero puedo asegurar que no duele y sí es posible) qué beneficios concretos para la sociedad tendría la aprobación de esa reforma. Espero que lleguen a la misma conclusión que yo: la de que si se aprueba en sus términos dicha iniciativa, se inscribiría en las acciones para acorralar todavía más a las personas de buena fe (alrededor de un 99% de los ciudadanos), que no cuentan con escolta y que, por ende, no tienen poder ni dinero para defenderse del crimen, con placa o sin ella.
Es ese 99% el que quiere estar dentro de la ley, el que quiere registrar su arma de fuego y obtener su licencia de portación para su legítima defensa, la protección de su integridad y de su patrimonio, así como para la práctica del deporte cinegético. Paradójicamente, el gobierno de Calderón se empeña en dejar a casi todos fuera de la ley, por buenas o malas razones.
Se ha dicho hasta el cansancio que la proliferación de leyes no genera, de ninguna manera, mayor cumplimiento de la ley. Antes bien, en muchos casos dificulta el cumplimiento de la norma jurídica. Esta confusión del presidente y sus asesores es uno de los hilos conductores que dan cuenta de cómo se ha perdido tiempo, dinero y esfuerzo en el combate al crimen organizado por falta de método y proyecto lógico racional.
Segundo. La iniciativa del presidente Calderón abona el mito que tiene todavía carta de naturalización en el grueso de la población al asociar el concepto “armas de fuego” con “crimen y violencia”. Evidentemente, en la iniciativa de referencia no hay datos duros que fundamenten su aseveración. Se trata sólo de conjeturas y ocurrencias puras y simples. La iniciativa agrega, entre otras cosas, tres nuevas restricciones: a) reducir los calibres permitidos formalmente para posesión y portación de armas de fuego; b) incrementar las penas privativas de libertad al poseer o portar armas de fuego no autorizadas por la ley, y c) sancionar el empleo de municiones modificadas para el uso “ordinario” de armas de fuego. Las tres innovaciones presidenciales son, además de absurdas, violatorias del derecho humano a poseer y, por consiguiente, portar armas de fuego para la legítima defensa y seguridad de los gobernados.
Hasta el día de hoy algunos calibres 9 milímetros son permitidos en la Ley de Armas de Fuego; ahora se excluyen, además de éste, el .38 Especial y el .37 Magnum, entre otros, de modo que, en este mundo al revés, pareciera que la ley busca proteger a los delincuentes de las personas de a pie. Otro elemento peligroso es el relativo al transporte de armas de fuego y sus calibres, por el desconocimiento de la sociedad, de las autoridades y de las fuerzas del orden. Así pues, en caso de que se apruebe esta insensatez, a los problemas existentes se sumarán mayores extorsiones, “siembras” e interpretaciones ajenas al espíritu de la Constitución, en perjuicio, como siempre, de los que menos tienen.
Tercero. Por otro lado, la iniciativa de Calderón y el PAN de ninguna manera podría mejorar la seguridad de las personas. Seamos lógicos, por favor: ¿Alguien con un dedo de frente se imagina que una persona que forme parte del crimen, organizado o común, desea registrar su arma y/o conseguir una licencia de portación? Por supuesto que no, por dos razones obvias: a) Lo que menos quieren los delincuentes es ser detectados o seguidos por las autoridades, y b) Las armas que utilizan son de calibres mayores a los que la Ley Federal de Armas –tanto la actual como la que podría aprobarse– permite poseer y/o portar.
Así, la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República debe hacer el esfuerzo de pensar (sé que no es fácil, pero puedo asegurar que no duele y sí es posible) qué beneficios concretos para la sociedad tendría la aprobación de esa reforma. Espero que lleguen a la misma conclusión que yo: la de que si se aprueba en sus términos dicha iniciativa, se inscribiría en las acciones para acorralar todavía más a las personas de buena fe (alrededor de un 99% de los ciudadanos), que no cuentan con escolta y que, por ende, no tienen poder ni dinero para defenderse del crimen, con placa o sin ella.
Es ese 99% el que quiere estar dentro de la ley, el que quiere registrar su arma de fuego y obtener su licencia de portación para su legítima defensa, la protección de su integridad y de su patrimonio, así como para la práctica del deporte cinegético. Paradójicamente, el gobierno de Calderón se empeña en dejar a casi todos fuera de la ley, por buenas o malas razones.
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