Hay varias alternativas, pero todas implican involucrar al
Estado en una ruta de orientar y actuar en la economía para que crezca.
Jesús Alberto Cano Vélez / Excelsior
“Los resultados son positivos, a pesar de las críticas”, declaró el presidente Felipe Calderón
la semana pasada, al dirigirse a los visitantes internacionales que en
diversos momentos sesionaron en México en el Foro Económico Mundial para
América Latina; el G20 de las economías más relevantes del mundo, y en
la Reunión Ministerial para el Comercio Exterior.
El problema es que el Presidente hablaba de la situación que más
interesa a las empresas y a los hombres de dinero, porque —dijo— la
inflación es “cada vez más baja, alrededor de tres por ciento anual”;
las reservas internacionales son de 150 mil millones de dólares y
derrotamos la enorme tentación de proteccionismo porque “justo en lo más
intenso de la crisis económica mundial en 2008, México abrió su
comercio y redujo aranceles”.
Y aseveró: “siempre he sido optimista con este país, y cuando se
habla tanto de los problemas del narcotráfico, debemos ir a los hechos,
no hay que concentrarse en los titulares sino en las tendencias. La
economía mexicana va por buen camino”.
Y ante eso, alguien podría haberle preguntado: “¿y los 57 millones de pobres?”.
Absolutamente nada dijo de la creciente pobreza en México, que ha
llegado a afectar a casi la mitad de la población. ¿Ni del desempleo,
empleo informal, o subempleo? ¿Ni del casi estancamiento de la economía
mexicana y de los ingresos per cápita?
Para el segmento más numeroso de la población —fuertemente
mayoritario— esos temas son de fundamental importancia para sus vidas.
Pero parecería ser que esas cosas no le importan a nuestro Presidente.
Enfoquémonos en el empleo en México y sus circunstancias,
porque en buena medida ese fenómeno es básico para lo que está pasando
con la tendencia de la pobreza que afecta a la mitad de las familias
mexicanas.
Según cifras oficiales, hay actualmente 2.6 millones de desempleados,
que representan el 5.45 por ciento de la fuerza laboral, pero hay
también 13.4 millones de mexicanos empleados en la informalidad y 3.9
millones de subempleados. Estas últimas dos clasificaciones suman 17
millones de personas, que representan 35 por ciento de los 48 millones
que conforman la fuerza laboral en México y no están protegidas en
materia de salud ni por la seguridad social para su eventual jubilación.
Constituyen una “bomba de tiempo” social por estar fuera de la fuerza
laboral formal, la protegida.
Obviamente tiene que haber cambios de fondo en la forma en que opera
la seguridad social en México, y algunos lo están pensando, haciendo
propuestas al respecto. Pero mientras tanto, ¿qué políticas públicas
podrían aplicarse en las actuales circunstancias?
Hay varias alternativas, pero todas implican involucrar al Estado
mexicano en una ruta de orientar y actuar en la economía para que crezca
y que genere empleos mejor remunerados y protegidos. Lamentablemente
eso rebasa el entendimiento de las personas que no confían en la acción
del Estado en la economía, porque ¡violarían el Consenso de Washington!
*Presidente Nacional del Colegio Nacional de Economistas
No hay comentarios:
Publicar un comentario