DEMOCRACIA E IGUALDAD NO SON PAREJA

LORENZO MEYER / REFORMA 

Agenda ciudadana 

"Por sí sola la democracia política no lleva a la justicia social. Se requiere de la acción inteligente y honesta del gobierno para crear las condiciones que conduzcan a ella".

 Lorenzo Meyer

El avance en la igualdad política que trae consigo la democracia debería desembocar en un avance notorio e histórico de la igualdad social. Parecería lógico que así fuera, sin embargo hasta ahora no necesariamente ha sido el caso. Y es que las altas concentraciones de dinero privado han logrado influir sobre los procesos políticos para preservar o reconstruir la desigualdad heredada. Se requiere voluntad política, y mucha, para romper y mantener roto ese círculo vicioso entre dinero e influencia política. Los mexicanos vivimos en un sistema que es ejemplo vivo de la primacía de los intereses monopólicos sobre el interés general.

La democracia ateniense fue el primer gran intento de igualdad política dentro de una sociedad occidental compleja, pero ese notable experimento no duró mucho ni tuvo efecto notorio por lo que a igualdad material se refiere. Cuando milenios más tarde ese proyecto democrático volvió a repetirse aunque ahora a una escala mundial, los resultados no muestran una disminución apreciable en la desigualdad. Si se examinan las cifras que proporciona la OCDE sobre sus miembros, se verá que los países con la distribución del ingreso más igualitaria como Suecia, Noruega o Dinamarca son también sistemas políticos democráticos. Sin embargo, otro país también reputado como ejemplo de democracia política por más de dos siglos, Estados Unidos, es crecientemente desigual, al punto que la OCDE lo coloca en este rubro al lado de México, el país más desigual del conjunto, ( www.oecd.org/els/social/inequality).

Si se acepta la propuesta hecha hace 77 años por el politólogo norteamericano Harold D. Lasswell (1902-1978) "La política es el estudio de quién consigue qué, cómo y cuándo", (World politics and personal insecurity, Nueva York: Free Press, 1935), entonces las cifras sobre la distribución del ingreso son la mejor radiografía sobre la naturaleza profunda del sistema político de cualquier país. Así, y no obstante sus enormes diferencias históricas, económicas y culturales, las estructuras del poder político de México y Estados Unidos casi se hermanan.

En Estados Unidos el 1% de los contribuyentes recibe el 19.77% del total de ingresos disponibles, (ver el artículo de Thomas Edsall en The New York Times, 22 de abril). Según las estadísticas oficiales mexicanas y que se pueden consultar en la Encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares del 2010, publicada por el Inegi en julio de 2011, el 10% de los hogares más pobres se las tenían que arreglar con apenas el 1.8% del ingreso disponible mientras que el 10% más rico lo hacía con el 34% de ese ingreso. Miguel del Castillo Negrete, tomando también las cifras oficiales, estima que el 1% de las familias mexicanas más ricas -alrededor de 290 mil- disfrutaron de un ingreso equivalente a 47 veces el del 10% de las familias más pobres, lo que significa el 18% del total, situación casi igual a la de Estados Unidos, (Este País, abril 2012). Finalmente, hay que tener en cuenta que estos datos son apenas una aproximación muy gruesa de cómo está realmente distribuido el ingreso -y la riqueza- en nuestro país, pues la muestra no está diseñada para captar ni a los muy pobres ni a los extremadamente ricos -y los hogares de mayores ingresos que si entran en la muestra tienden a reportar menos de lo que realmente tienen-, por eso la desigualdad oficial, de por sí notable, es menor que la real.

La desigualdad de la sociedad mexicana es un problema histórico que sólo se trató de enfrentar de manera efectiva a raíz del estallido de la Revolución Mexicana, especialmente durante el cardenismo, cuando se procedió al reparto de una de las fuentes de riqueza más importantes de la época: la tierra. Al tiempo en que se puso fin al reparto agrario en 1992, los campesinos mexicanos habían recibido alrededor de cien millones de hectáreas es decir, que poseían las 2/3 partes de la propiedad rústica. Sin embargo, en el momento mismo en que la reforma agraria tuvo su época de oro -1935 a 1939- la vida campesina ligada a la tierra ya había empezado a dejar de ser la fuente principal del sustento y de la riqueza de los mexicanos. Si en 1930 todo el sector primario -el ligado a la tierra y a la pesca- absorbía al 70% de la fuerza de trabajo, para el final del siglo apenas si ocupaba al 20% del total. Así pues, la modernización económica disolvió muy pronto el gran esfuerzo político de justicia social de la Revolución Mexicana. Hoy la riqueza proviene de actividades como la industria, la banca, las finanzas, los servicios, que no se prestan a un reparto como el de la tierra.

Adam Przewoerski, un politólogo polaco-norteamericano, profesor de la Universidad de Nueva York y autor, entre otros libros, de Democracy and the market, (Cambridge University Press, 1991), dio no hace mucho en México una conferencia cuyo tema central versó sobre los efectos de la democracia política sobre la igualdad y la redistribución del ingreso, ("Democracy, redistribution, and equality").

Przewoerski hizo notar que cuando se empezó a tratar, en teoría, el tema de la democracia política en Europa, allá en el siglo XVII y hasta bien entrado el siglo XIX, era aceptable la hipótesis de que conceder el derecho a sufragio a las clases populares, llevaría inevitablemente a la demanda de igualdad económica y, por tanto, a la destrucción de las clases propietarias. David Ricardo, el economista clásico, recomendó dar derecho al voto sólo a aquellos que se supusiera no tenían interés en poner fin al derecho a la propiedad privada.

Sin embargo, y en contra de lo que se supuso en la época anterior al sufragio universal, la igualdad política propia de la democracia se hizo realidad en una buena parte del globo, pero coexiste con una enorme desigualdad económica y, por tanto, social. La ola democrática se extiende por el planeta, pero también la concentración de la riqueza, es decir, la desigualdad. De acuerdo con el último número de Forbes (marzo 26, 2012), en 1987 la revista pudo encontrar apenas 140 personas o familias cuya riqueza privada superara los mil millones de dólares. Este año el registro es de 1,226 (Carlos Slim encabeza la lista y otro mexicano, "El Chapo" Guzmán, sigue estando en ella) que, en promedio poseen una fortuna de 3,700 millones de dólares cada uno. Esto significa que ese 1,226 personas o familias controlan bienes por valor de ¡4 536 200 000 000 dólares!

Examinando los datos mundiales sobre concentración de la riqueza y del ingreso y los regímenes políticos actuales, Przewoerski no puede menos que concluir que, pese a la existencia de numerosas sociedades democráticas, lo que funciona es una especie de ley del círculo vicioso: "Una alta desigualdad económica genera altas desigualdades políticas y la desproporcionada influencia política de los ricos perpetúa la desigualdad [económica]."

Examinando los ejemplos de las políticas contra la pobreza en Brasil y Argentina -y podría, desde luego, añadir el ejemplo de México- el politólogo polaco-americano sostiene que esos esfuerzos gubernamentales que subsidian el consumo de los pobres quizá tengan un impacto efectivo en reducir la pobreza, pero no han tenido ningún efecto notorio en alterar la reproducción de los pobres en el tiempo, es decir, en modificar sus capacidades para que ellos mismos sean capaces de desarrollar el potencial que tienen puedan aumentar sus ingresos y salgan definitivamente de pobres.

Para disminuir de manera efectiva y permanente la desigualdad social y hacer de la democracia política algo que sea históricamente significativo, se necesita que los gobiernos se enfoquen no sólo en redistribuir para que los más desvalidos sobrevivan en condiciones menos deplorables que las heredadas sino que se haga real el acceso a los medios a través de los cuales los más pobres pueden mejorar de manera sustantiva sus capacidades productivas. Y de entre esas medidas destaca la educación, pero una educación de muy alta calidad, el acceso a los servicios de salud, de alta calidad también, crédito e infraestructura, entre otros.

Lo que debería estar en el centro de la discusión de cara a la próxima elección mexicana es como poner fin a esta "ley" de la desigualdad económica enunciada por Przewoerski: las fuerzas del mercado siempre tenderán a incrementar las desigualdades de los ingresos en una sociedad y sólo la intervención activa -e inteligente- de los gobiernos puede contrarrestar tal tendencia. El camino hacia la justicia social es complicadísimo, pero existe.