CAMBALACHE

Mauricio Merino / El Universal 

Es difícil apostar por el futuro de Elba Esther Gordillo. Desde que Carlos Salinas de Gortari la aupó a la dirigencia nacional del SNTE, “la Maestra” —ese alias con mayúscula ganado a pulso— ha dado pruebas más que suficientes de su capacidad de adaptación y de maniobra frente a los cuatro gobiernos sucesivos que la han convertido en la mujer más poderosa del país. Se mueve con destreza entre los pliegues y las debilidades de la ambición política y maneja todos los recursos a su alcance con un admirable sentido de oportunidad. Ningún político encarna, como ella, los rasgos y las redes del régimen político que se niega a desaparecer. 

Por eso es imposible leer sus decisiones sin el apoyo de un tablero de ajedrez. ¿Cuál es la pieza que quiere capturar ahora o de qué jaque quiere defenderse con este nuevo desafío a la evaluación del magisterio? Con la sartén cogida por el mango, el rechazo unilateral a ese ejercicio ya pactado de antemano y sin consecuencias prácticas para la vida sindical no puede ser leído sino como una carta de cambio para defenderse de algo o para ganar un nuevo espacio de negociación. Las conjeturas van desde la bienvenida al nuevo secretario José Ángel Córdova hasta la despedida de su aliado Felipe Calderón —tratando de aprovechar hasta la última gota del sexenio— pasando por la preparación de un movimiento nacional de grandes proporciones para enseñarle el músculo al próximo gobierno. Pero en el reino de la oscuridad y del lenguaje doble donde se mueve “la Maestra”, cualquier intento de interpretación es azaroso. 

La única certeza que tenemos es que no dice la verdad. No es cierto que la evaluación pactada haya caído por sorpresa, ni que el gobierno federal le haya ocultado los detalles. Acaso se interrumpió la interlocución magnífica que “la Maestra” mantuvo con Lujambio —y de la que ambos presumían— o quizás el secretario Córdova sea más reticente. Pero no hay un solo dato público que nos permita suponer que los acuerdos celebrados desde mayo del 2011 se hayan roto en el camino. Por el contrario, la SEP ha reiterado que la evaluación universal que hoy está en el paredón no tendría más propósito que el del “diagnóstico y los fines formativos”, ni afectaría, “en modo alguno, los derechos laborales de los trabajadores, ni se utilizará para descalificar a los participantes”. En el mejor de los casos, será una evaluación sin dientes y sin más consecuencias laborales que las que el propio SNTE quiera darles. No será atole con el dedo, sino atole a secas. ¿Por qué tendría que oponerse el sindicato a un ejercicio de esa naturaleza? 

Otra conjetura es el rechazo puro y simple al precedente que esa evaluación crearía. Desde la arrogancia del poder prestado, el secretario general del Sindicato, Juan Díaz, le dijo ayer a este diario que quienes desafían al Estado no son los maestros sino “estos grupos con la aspiración de presentarse como los representantes de la academia, de la intelectualidad y de los interesados profesionalmente en el sector educativo. Son ellos los que están desafiando al Estado, porque están queriendo imponer una agenda para que el Estado vaya y actúe contra los maestros”. ¿Estos grupos que actúan contra los maestros? Así de ambiguo, quizás el profesor Díaz habría revelado el punto principal de la objeción: que si la evaluación saliera mal —cosa muy probable—, en efecto habría que modificar las causas que han destruido la calidad educativa en el país y entre ellas está, sin duda alguna, el peso específico del liderazgo sindical. De modo que el profesor Díaz se equivoca de sujeto: el problema no son los maestros, sino el contubernio histórico entre sus líderes y los gobiernos. 

Con todo, el SNTE estaría apostando por el “statu quo”: que no se mueva ni una hoja de la evaluación, que todo se quede igual, al menos mientras se acomodan las piezas del próximo sexenio y se replantean los términos de la relación política, personal y sindical, que más caro le ha salido a México en 20 años.