LA SEGURIDAD ALIMENTARIA COMO NEGOCIO

Ana de Ita / La Jornada

Desde el año pasado los agricultores de Sinaloa sufrieron los embates del clima. Los primeros días de febrero, los termómetros marcaron temperaturas menores a cero grados centígrados, fenómeno que no ocurría desde 1956, y que dañó totalmente 520 mil hectáreas de maíz, 70 mil de frijol, 50 mil de garbanzo, 20 mil de frutales, 32 mil de hortalizas, 10 mil de trigo. Los agricultores resembraron medio millón de hectáreas de maíz y sorgo y obtuvieron una cosecha de 5 millones de toneladas, con la que garantizaron la alimentación de millones de mexicanos y su esfuerzo fue reconocido por la FAO.

En el ciclo que actualmente cosechan, los agricultores sinaloenses fueron nuevamente puestos a prueba por la naturaleza, ya que las escasas lluvias no pudieron reponer el agua de las presas. Con la mitad del líquido utilizado normalmente, sembraron 320 mil hectáreas de maíz para cosechar cerca de tres millones de toneladas, producción sustancialmente menor a los más de cinco millones que producen anualmente.
Sinaloa, es la región que cosecha el mayor volumen de maíz blanco en el mundo, junto con Sudáfrica y Estados Unidos. La cosecha se realiza entre los meses de mayo y julio, lo que no sucede en ningún otro punto del orbe y garantiza la seguridad alimentaria del país pues está destinada a la producción de tortillas para la alimentación de la población, principalmente urbana, en todos los estados.
Con el pronóstico de una menor producción, los agricultores esperaban vender su cosecha en cerca de cinco mil pesos por tonelada. Sin embargo, el mercado de maíz es monopsónico, concentrado en un puñado de compradores trasnacionales que actúan a manera de cárteles y han decidido no comprar el grano de Sinaloa, pues con la aprobación y apoyo del gobierno han importado maíz blanco de Sudáfrica y de Estados Unidos. Desde 2008, con el sector agropecuario totalmente abierto a las importaciones de Estados Unidos, México compró medio millón de toneladas de maíz blanco, además de las más de siete millones de toneladas de amarillo. Desde el año pasado, el gobierno mexicano decidió permitir a las trasnacionales abastecerse de maíz blanco sudafricano, sin poner ningún requisito o impuesto a su importación, a pesar de que México no tiene acuerdo de libre comercio con este país. Se importaron en ese año casi un millón de toneladas de Sudáfrica y más de medio millón de toneladas de Estados Unidos.

Durante los tres primeros meses de este año las trasnacionales han importado 255 mil toneladas de maíz blanco de Sudáfrica y otras 255 mil provenientes de Estados Unidos, por las que pagaron en promedio alrededor de 4 mil 900 pesos por tonelada (371 dólares). Se sabe que vienen en camino varios miles de toneladas más, de ahí que Cargill y Archer Daniels Midland (ADM), quienes compran alrededor de 1.5 millones de toneladas en el estado y otras empresas, que compran otro tanto, se nieguen a comprar el maiz de Sinaloa. Estos monopolios que después de la retirada de los aparatos de regulación del Estado, la única alternativa de compra de la cosecha para los productores, argumentan que el mercado está invertido y no es redituable comprar ahora, cuando en meses posteriores los precios internacionales bajarán.

La Secretaría de Agricultura, que confunde la seguridad alimentaria y la política agrícola con oportunidades de negocios, argumenta que no tiene recursos para apoyar a los productores a establecer algún esquema de pignoración que evite la caída del precio del mercado, garantice la venta de la cosecha nacional y constituya una reserva técnica, por el contrario sostiene que apoyar a los agricultores nacionales implicaría pérdidas. Olvida que una función del Estado es regular los mercados de productos básicos y garantizar la producción nacional.

Además, Sudáfrica y Estados Unidos se encuentran entre los primeros países productores de maíz transgénico del mundo, por lo que es altamente probable que este maíz blanco, distribuido sin ningún tipo de etiquetado, y destinado a la elaboración de tortillas sea transgénico, lo cual no sólo atenta contra el desarrollo económico del campo, sino también contra la salud y la libertad de decisión de los consumidores.

Sería conveniente que los productores sinaloenses solicitaran al Departamento de Justicia y a la Comisión de Valores de Estados Unidos, investigar a Cargill de México y a ADM por malas prácticas corporativas, y lo mismo debería hacer la Cámara de Diputados de México con respecto a los comercializadores mexicanos.