Dolia Estévez / El Semanario
La contratación de dos firmas estadounidenses para “explorar” la viabilidad de demandar a empresas e individuos bajo sospecha de surtir a los cárteles con armas de alto poder, es una las decisiones más audaces y justificadas que ha tomado el gobierno de Felipe Calderón en cuatro años de guerra fallida contra el crimen organizado. “Es una estrategia osada. En el peor de los casos, reciben buena publicidad en México por ser duros; y en el mejor, obtienen un arreglo extrajudicial o les dan un pequeño susto a los fabricantes”, dijo Andrew Selee, director del Instituto México del Centro Woodrow Wilson.
La medida denota un viraje estratégico: de incriminar inútilmente a Washington por no hacer lo suficiente para detener el flujo de armas, como acostumbra Calderón, a proceder legalmente en los tribunales estadounidenses contra la presunta complicidad de la industria armamentista. El contrato condicional, firmado por la PGR en 2010 con los despachos Reid, Collins, Tsai (abogados) y Berg Associates (detectives), no le costará al erario mexicano. De acuerdo con el texto, disponible en el portal del Departamento de Justicia, Reid recibirá 23.5 % y Berg 6.5 % de la recuperación monetaria, de haber resultados positivos.
Berg goza de buen prestigio en el ramo. Entre sus fundadores figura Bobby Nieves, ex director de Operaciones Internacionales de la DEA, a cargo del expediente mexicano. Douglas Farah, consultor en materia de seguridad, dijo que Berg ganó casos legales muy importantes contra las grandes tabacaleras. “Tienen muy buenos antecedentes”. Estimó que el hecho de que las firmas tengan que invertir “cientos de miles” de dólares para construir casos, sin que se les pague hasta que haya recuperación, “sugiere que ya tienen identificados algunos proveedores de armas”. Quizá la estrategia, vaticinó, sea iniciar querellas que obliguen a los demandados aceptar arreglos de pago extrajudiciales entre las partes. En los procesos de descubrimiento de pruebas previos a los juicios, explicó, puede salir información perjudicial para la imagen de las empresas acusadas.
El gobierno de México deberá demostrar que industrias como Colt y Bushmaster han rediseñado sus modelos para satisfacer la sed de fuego de los grupos criminales mexicanos. Deberá probar que Colt lanzó al mercado armas de alto poder con nombres como El Oficial, El Comandante y El Generalísimo, y que 90 % de éstas van a las armerías de Texas y Arizona para ser introducidas clandestinamente al mercado negro mexicano. También deberá presentar testigos estrellas dispuestos a declarar que surtir a los cárteles es un acto deliberado y consiente. Aún así, sería una victoria pírrica. Acabar con el tráfico de armas es tan irreal como creer que algún día viviremos en un mundo sin adicción.
LOS INTOCABLES
El contrato también plantea litigar contra “instituciones financieras” que lavan el sangriento dinero de los cárteles. Esto, sin embargo, es todavía más complicado dada la protección oficial de la que gozan los grandes bancos, como Wachovia, que según el diario inglés The Guardian blanqueó miles de millones de dólares de los cárteles mexicanos sin que las autoridades le fincaran cargos. Esta complacencia encuentra justificación en el inmoral argumento de que hay bancos tan grandes que acusarlos pondría en riesgo la estabilidad del sistema financiero mundial. Son los poderes fácticos que operan por encima de la ley.
No sólo eso. La supervivencia de muchos de ellos depende del dinero sucio. En 2009, Antonio María Costa, jefe de la Oficina de Drogas y Delincuencia de la ONU, dijo tener pruebas de que el dinero procedente del crimen organizado “fue la única inversión de capital” disponible para algunos bancos al borde del abismo en la crisis de 2008. Sostuvo que la mayor parte de los 352,000 mdd de las ganancias anuales del narcotráfico fue oficialmente “blanqueado” y pasó a ser parte del sistema económico.
DESPEDIDA
Todo llega y todo pasa. Con esta columna me despido. Agradezco a los editores de El Semanario haberme permitido usar este espacio durante cinco años. Para mis lectores va mi respeto y agradecimiento por su interés y comentarios invaluables a lo largo de esta travesía que hoy termina.
La contratación de dos firmas estadounidenses para “explorar” la viabilidad de demandar a empresas e individuos bajo sospecha de surtir a los cárteles con armas de alto poder, es una las decisiones más audaces y justificadas que ha tomado el gobierno de Felipe Calderón en cuatro años de guerra fallida contra el crimen organizado. “Es una estrategia osada. En el peor de los casos, reciben buena publicidad en México por ser duros; y en el mejor, obtienen un arreglo extrajudicial o les dan un pequeño susto a los fabricantes”, dijo Andrew Selee, director del Instituto México del Centro Woodrow Wilson.
La medida denota un viraje estratégico: de incriminar inútilmente a Washington por no hacer lo suficiente para detener el flujo de armas, como acostumbra Calderón, a proceder legalmente en los tribunales estadounidenses contra la presunta complicidad de la industria armamentista. El contrato condicional, firmado por la PGR en 2010 con los despachos Reid, Collins, Tsai (abogados) y Berg Associates (detectives), no le costará al erario mexicano. De acuerdo con el texto, disponible en el portal del Departamento de Justicia, Reid recibirá 23.5 % y Berg 6.5 % de la recuperación monetaria, de haber resultados positivos.
Berg goza de buen prestigio en el ramo. Entre sus fundadores figura Bobby Nieves, ex director de Operaciones Internacionales de la DEA, a cargo del expediente mexicano. Douglas Farah, consultor en materia de seguridad, dijo que Berg ganó casos legales muy importantes contra las grandes tabacaleras. “Tienen muy buenos antecedentes”. Estimó que el hecho de que las firmas tengan que invertir “cientos de miles” de dólares para construir casos, sin que se les pague hasta que haya recuperación, “sugiere que ya tienen identificados algunos proveedores de armas”. Quizá la estrategia, vaticinó, sea iniciar querellas que obliguen a los demandados aceptar arreglos de pago extrajudiciales entre las partes. En los procesos de descubrimiento de pruebas previos a los juicios, explicó, puede salir información perjudicial para la imagen de las empresas acusadas.
El gobierno de México deberá demostrar que industrias como Colt y Bushmaster han rediseñado sus modelos para satisfacer la sed de fuego de los grupos criminales mexicanos. Deberá probar que Colt lanzó al mercado armas de alto poder con nombres como El Oficial, El Comandante y El Generalísimo, y que 90 % de éstas van a las armerías de Texas y Arizona para ser introducidas clandestinamente al mercado negro mexicano. También deberá presentar testigos estrellas dispuestos a declarar que surtir a los cárteles es un acto deliberado y consiente. Aún así, sería una victoria pírrica. Acabar con el tráfico de armas es tan irreal como creer que algún día viviremos en un mundo sin adicción.
LOS INTOCABLES
El contrato también plantea litigar contra “instituciones financieras” que lavan el sangriento dinero de los cárteles. Esto, sin embargo, es todavía más complicado dada la protección oficial de la que gozan los grandes bancos, como Wachovia, que según el diario inglés The Guardian blanqueó miles de millones de dólares de los cárteles mexicanos sin que las autoridades le fincaran cargos. Esta complacencia encuentra justificación en el inmoral argumento de que hay bancos tan grandes que acusarlos pondría en riesgo la estabilidad del sistema financiero mundial. Son los poderes fácticos que operan por encima de la ley.
No sólo eso. La supervivencia de muchos de ellos depende del dinero sucio. En 2009, Antonio María Costa, jefe de la Oficina de Drogas y Delincuencia de la ONU, dijo tener pruebas de que el dinero procedente del crimen organizado “fue la única inversión de capital” disponible para algunos bancos al borde del abismo en la crisis de 2008. Sostuvo que la mayor parte de los 352,000 mdd de las ganancias anuales del narcotráfico fue oficialmente “blanqueado” y pasó a ser parte del sistema económico.
DESPEDIDA
Todo llega y todo pasa. Con esta columna me despido. Agradezco a los editores de El Semanario haberme permitido usar este espacio durante cinco años. Para mis lectores va mi respeto y agradecimiento por su interés y comentarios invaluables a lo largo de esta travesía que hoy termina.
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