Aumenta el número de miembros de una 'underclass' que no se sienten representados
JOAQUÍN ESTEFANÍA / EL PAÍS
La crisis de la deuda soberana no está superada. Cualquier acontecimiento que genera dudas a los mercados la reabre con fuerza y amplía, en distintos grados, el riesgo de contagio en la eurozona. Sucedió la pasada semana: el viernes terminó con un crecimiento de la prima de riesgo de la deuda española que superó los 240 puntos básicos en los bonos a 10 años. Las explicaciones son muy variadas y probablemente la más convincente sea que la reestructuración de la deuda griega y la necesidad de más dinero para rescatar a la economía helena de su quiebra ponen nerviosos a todos los agentes.
Pero también se mencionaron como otras causas añadidas al hecho de que España deba pagar más para financiarse: la debilidad política del Gobierno a raíz de las elecciones municipales autonómicas y municipales de ayer, y de la emergencia del movimiento de indignados, todavía no estructurado. Un Gobierno que necesitará de toda la fortaleza para cumplir el objetivo de déficit público y las reformas estructurales exigidas por Bruselas y que puede estar sometido a una tenaza de presiones más fuertes a su derecha e izquierda y, por consiguiente, con menor capacidad de actuación en su política económica de austeridad, desigualmente distribuida.
De las elecciones de ayer preocupa no solo la posibilidad de un mapa político esquizofrénico (un Gobierno central de un color político y un poder municipal y autonómico de otro, en un Estado fuertemente descentralizado), sino que los presidentes de las comunidades autónomas o los alcaldes de las principales ciudades hagan emerger un déficit hasta ahora oculto o maquillado, que dificulte aun más la posibilidad de que el desequilibrio de las cuentas de todas las Administraciones públicas se reduzca al 6% del PIB a final de año. El precedente de Cataluña, donde tras las elecciones autonómicas apareció una situación manifiestamente peor de lo que se decía, y donde para reducir su desequilibrio fiscal se están aplicando medidas que afectan a las políticas de proximidad de los ciudadanos (sanidad, educación, dependencia...) está presente en todos los que quieren invertir en deuda española. Además de ello, se teme que se acentúe la morosidad de las distintas Administraciones del Estado con las empresas (sobre todo con las pymes, que son las que tienen menos capacidad de negociación, y con los trabajadores autónomos), de modo que ello multiplique la mortandad empresarial y dificulte aún más la creación de empleo.
Respecto de la segunda inquietud, nadie sabe lo que va a dar de sí el movimiento de los indignados. Pero después de su aparición como nuevo sujeto público va a resultar más difícil, sea quien sea quien gobierne, aplicar políticas de ajuste que no estén bien explicadas y justificadas. Seguramente sin saberlo, los jóvenes manifestantes han hecho suyo el concepto de "democracia excluyente" que avanzó el economista John Kenneth Galbraith en La cultura de la satisfacción: cada vez es mayor la cuantía numérica de una underclass compuesta de mileuristas y menos que mileuristas, de parados y de desempleados de larga duración, de jubilados con escasas pensiones, de desanimados, etcétera, que se siente políticamente invisible, que está decepcionada y que en buena parte no tiene ningún deseo de votar. Dice Galbraith -que no era precisamente un apocalíptico, aunque tampoco un integrado- que los satisfechos de las sociedades operan bajo la convincente cobertura de la democracia, aunque de una democracia no de todos los ciudadanos sino de aquellos que acuden a las urnas. El resultado son Gobiernos que se ajustan no a la realidad o a la necesidad común, sino a las creencias de los satisfechos, que constituyen la mayoría de los que votan. Esa mayoría silenciosa (una mayoría compuesta no por todos los ciudadanos, sino solo por los que votan) actúa "al cómodo abrigo de la democracia, una democracia de la que no participan los menos afortunados".
Que esta tesis sea discutible no significa que haya que despreciarla si en ella se sienten cobijados los manifestantes de estos días. Según la misma, la contradicción principal ya no estaría situada entre el capital y el trabajo sino entre los favorecidos y sus burocracias, sean asalariados o no, y los social y económicamente desfavorecidos junto con el considerable número de quienes "por inquietud o compasión" acuden en su ayuda. Es otra forma de representación dual de la sociedad.
JOAQUÍN ESTEFANÍA / EL PAÍS
La crisis de la deuda soberana no está superada. Cualquier acontecimiento que genera dudas a los mercados la reabre con fuerza y amplía, en distintos grados, el riesgo de contagio en la eurozona. Sucedió la pasada semana: el viernes terminó con un crecimiento de la prima de riesgo de la deuda española que superó los 240 puntos básicos en los bonos a 10 años. Las explicaciones son muy variadas y probablemente la más convincente sea que la reestructuración de la deuda griega y la necesidad de más dinero para rescatar a la economía helena de su quiebra ponen nerviosos a todos los agentes.
Pero también se mencionaron como otras causas añadidas al hecho de que España deba pagar más para financiarse: la debilidad política del Gobierno a raíz de las elecciones municipales autonómicas y municipales de ayer, y de la emergencia del movimiento de indignados, todavía no estructurado. Un Gobierno que necesitará de toda la fortaleza para cumplir el objetivo de déficit público y las reformas estructurales exigidas por Bruselas y que puede estar sometido a una tenaza de presiones más fuertes a su derecha e izquierda y, por consiguiente, con menor capacidad de actuación en su política económica de austeridad, desigualmente distribuida.
De las elecciones de ayer preocupa no solo la posibilidad de un mapa político esquizofrénico (un Gobierno central de un color político y un poder municipal y autonómico de otro, en un Estado fuertemente descentralizado), sino que los presidentes de las comunidades autónomas o los alcaldes de las principales ciudades hagan emerger un déficit hasta ahora oculto o maquillado, que dificulte aun más la posibilidad de que el desequilibrio de las cuentas de todas las Administraciones públicas se reduzca al 6% del PIB a final de año. El precedente de Cataluña, donde tras las elecciones autonómicas apareció una situación manifiestamente peor de lo que se decía, y donde para reducir su desequilibrio fiscal se están aplicando medidas que afectan a las políticas de proximidad de los ciudadanos (sanidad, educación, dependencia...) está presente en todos los que quieren invertir en deuda española. Además de ello, se teme que se acentúe la morosidad de las distintas Administraciones del Estado con las empresas (sobre todo con las pymes, que son las que tienen menos capacidad de negociación, y con los trabajadores autónomos), de modo que ello multiplique la mortandad empresarial y dificulte aún más la creación de empleo.
Respecto de la segunda inquietud, nadie sabe lo que va a dar de sí el movimiento de los indignados. Pero después de su aparición como nuevo sujeto público va a resultar más difícil, sea quien sea quien gobierne, aplicar políticas de ajuste que no estén bien explicadas y justificadas. Seguramente sin saberlo, los jóvenes manifestantes han hecho suyo el concepto de "democracia excluyente" que avanzó el economista John Kenneth Galbraith en La cultura de la satisfacción: cada vez es mayor la cuantía numérica de una underclass compuesta de mileuristas y menos que mileuristas, de parados y de desempleados de larga duración, de jubilados con escasas pensiones, de desanimados, etcétera, que se siente políticamente invisible, que está decepcionada y que en buena parte no tiene ningún deseo de votar. Dice Galbraith -que no era precisamente un apocalíptico, aunque tampoco un integrado- que los satisfechos de las sociedades operan bajo la convincente cobertura de la democracia, aunque de una democracia no de todos los ciudadanos sino de aquellos que acuden a las urnas. El resultado son Gobiernos que se ajustan no a la realidad o a la necesidad común, sino a las creencias de los satisfechos, que constituyen la mayoría de los que votan. Esa mayoría silenciosa (una mayoría compuesta no por todos los ciudadanos, sino solo por los que votan) actúa "al cómodo abrigo de la democracia, una democracia de la que no participan los menos afortunados".
Que esta tesis sea discutible no significa que haya que despreciarla si en ella se sienten cobijados los manifestantes de estos días. Según la misma, la contradicción principal ya no estaría situada entre el capital y el trabajo sino entre los favorecidos y sus burocracias, sean asalariados o no, y los social y económicamente desfavorecidos junto con el considerable número de quienes "por inquietud o compasión" acuden en su ayuda. Es otra forma de representación dual de la sociedad.
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