Elena Azaola / El Universal
Investigadora del CIESAS
En alguna ocasión, Mary Robinson, quien fungió como alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sentenció: “Las violaciones a los derechos humanos de hoy son la causa de los conflictos del mañana”. Antes y después de haber obtenido dicho encargo, fue reconocida por su capacidad para hacer que todas las voces fueran escuchadas.
En México, aunque casi todos los días escuchamos que el saldo de la lucha que el gobierno ha decidido emprender en contra del crimen organizado es, hasta hoy, de 40 mil muertos, no parece haber nadie que se haga cargo de ello, que asuma plenamente la responsabilidad de cara al país y a la historia. Tampoco parece haber nadie que responda por los más de 800 cadáveres encontrados en cerca de 200 fosas que han sido descubiertas en 22 estados de la república. O alguien que nos indique las pistas para encontrar a las más de 5 mil personas que han sido reportadas como “desaparecidas” durante los últimos cuatro años ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. O alguien que nos explique si los más de 200 internos que se fugaron de manera masiva de distintas prisiones, fueron o no recuperados o dónde están y si hay alguien que se ocupe de recapturarlos.
Tampoco hemos sabido cuál ha sido el resultado de las mil 500 quejas levantadas, tan sólo durante el último año, ante la misma comisión en contra del Ejército y de las 600 en contra de la Policía Federal por violaciones graves a los derechos humanos. De igual modo, no sabemos cuál es el destino de los cerca de 20 mil migrantes que la misma comisión reportó que durante 2010 fueron secuestrados en su recorrido por varios estados de la República. Tampoco sabemos qué pasó o dónde están los más de 200 mil ciudadanos que, en distintas entidades, salieron huyendo y dejaron sus casas abandonadas.
No hemos sabido, asimismo, si las muertes de más de 2 mil niños que han ocurrido en el contexto de esta guerra, han sido documentadas, investigadas y si se les ha hecho justicia. De igual modo, no sabemos cuál es la suerte de los, aproximadamente, 50 mil niños y jóvenes huérfanos que esta guerra ha dejado. Y mucho menos sabemos cuál es el saldo en el número de heridos, de mutilados física y emocionalmente, de personas cuya vida ha dado un giro radical y ha quedado para siempre marcada, sea que fueran víctimas de los delincuentes o de las fuerzas del Estado que se han impuesto como principal misión combatir a aquéllos sin asumir la responsabilidad por los costos para los ciudadanos.
Por si hicieran falta más datos, podríamos agregar que la más reciente encuesta de EL UNIVERSAL (2 de mayo) muestra que, si bien 63% de los ciudadanos están de acuerdo en que debe ponerse un alto a los delincuentes, 75% estima que esta lucha está afectando los derechos humanos y 62% opina que los narcotraficantes, y no el gobierno, están ganando esta guerra.
El delito, sin duda alguna, debe ser perseguido pero, y también sin duda alguna, dentro del marco de la ley y colocando como prioridad inexcusable el respeto pleno de los derechos de todos los ciudadanos: víctimas y delincuentes, policías y militares. No puedo, por ello, sino coincidir plenamente con las palabras que recientemente pronunciara en su visita a México Fernando Savater: “la ley debe proteger los derechos elementales de la ciudadanía, pero sobre todo castigar la impunidad, pues éste es el factor más agresivo de desmoralización social”.
Efectivamente, pienso que la única manera de elevar la moral social es que cada quien asuma y se haga cargo de sus responsabilidades, como lo sugiriera también, con enorme talento y lucidez, Javier Sicilia en su discurso del 8 de mayo al proponer un pacto al que definió como “un compromiso fundamental de paz con justicia y dignidad, que le permita a la nación rehacer su suelo, un pacto en el que reconozcamos y asumamos nuestras diversas responsabilidades, un pacto que le permita a nuestros muchachos, nuestras muchachas y a nuestros niños recuperar su presente y su futuro, para que dejen de ser las víctimas de esta guerra o el ejército de reserva de la delincuencia”.
Investigadora del CIESAS
En alguna ocasión, Mary Robinson, quien fungió como alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sentenció: “Las violaciones a los derechos humanos de hoy son la causa de los conflictos del mañana”. Antes y después de haber obtenido dicho encargo, fue reconocida por su capacidad para hacer que todas las voces fueran escuchadas.
En México, aunque casi todos los días escuchamos que el saldo de la lucha que el gobierno ha decidido emprender en contra del crimen organizado es, hasta hoy, de 40 mil muertos, no parece haber nadie que se haga cargo de ello, que asuma plenamente la responsabilidad de cara al país y a la historia. Tampoco parece haber nadie que responda por los más de 800 cadáveres encontrados en cerca de 200 fosas que han sido descubiertas en 22 estados de la república. O alguien que nos indique las pistas para encontrar a las más de 5 mil personas que han sido reportadas como “desaparecidas” durante los últimos cuatro años ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. O alguien que nos explique si los más de 200 internos que se fugaron de manera masiva de distintas prisiones, fueron o no recuperados o dónde están y si hay alguien que se ocupe de recapturarlos.
Tampoco hemos sabido cuál ha sido el resultado de las mil 500 quejas levantadas, tan sólo durante el último año, ante la misma comisión en contra del Ejército y de las 600 en contra de la Policía Federal por violaciones graves a los derechos humanos. De igual modo, no sabemos cuál es el destino de los cerca de 20 mil migrantes que la misma comisión reportó que durante 2010 fueron secuestrados en su recorrido por varios estados de la República. Tampoco sabemos qué pasó o dónde están los más de 200 mil ciudadanos que, en distintas entidades, salieron huyendo y dejaron sus casas abandonadas.
No hemos sabido, asimismo, si las muertes de más de 2 mil niños que han ocurrido en el contexto de esta guerra, han sido documentadas, investigadas y si se les ha hecho justicia. De igual modo, no sabemos cuál es la suerte de los, aproximadamente, 50 mil niños y jóvenes huérfanos que esta guerra ha dejado. Y mucho menos sabemos cuál es el saldo en el número de heridos, de mutilados física y emocionalmente, de personas cuya vida ha dado un giro radical y ha quedado para siempre marcada, sea que fueran víctimas de los delincuentes o de las fuerzas del Estado que se han impuesto como principal misión combatir a aquéllos sin asumir la responsabilidad por los costos para los ciudadanos.
Por si hicieran falta más datos, podríamos agregar que la más reciente encuesta de EL UNIVERSAL (2 de mayo) muestra que, si bien 63% de los ciudadanos están de acuerdo en que debe ponerse un alto a los delincuentes, 75% estima que esta lucha está afectando los derechos humanos y 62% opina que los narcotraficantes, y no el gobierno, están ganando esta guerra.
El delito, sin duda alguna, debe ser perseguido pero, y también sin duda alguna, dentro del marco de la ley y colocando como prioridad inexcusable el respeto pleno de los derechos de todos los ciudadanos: víctimas y delincuentes, policías y militares. No puedo, por ello, sino coincidir plenamente con las palabras que recientemente pronunciara en su visita a México Fernando Savater: “la ley debe proteger los derechos elementales de la ciudadanía, pero sobre todo castigar la impunidad, pues éste es el factor más agresivo de desmoralización social”.
Efectivamente, pienso que la única manera de elevar la moral social es que cada quien asuma y se haga cargo de sus responsabilidades, como lo sugiriera también, con enorme talento y lucidez, Javier Sicilia en su discurso del 8 de mayo al proponer un pacto al que definió como “un compromiso fundamental de paz con justicia y dignidad, que le permita a la nación rehacer su suelo, un pacto en el que reconozcamos y asumamos nuestras diversas responsabilidades, un pacto que le permita a nuestros muchachos, nuestras muchachas y a nuestros niños recuperar su presente y su futuro, para que dejen de ser las víctimas de esta guerra o el ejército de reserva de la delincuencia”.
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