Francisco Valdés Ugalde / El Universal
¿Hay en el horizonte del futuro sociedades ordenadas por estados nacionales? La realidad obliga a plantearse la pregunta.
La globalización sin fronteras es más que producto del capricho o la malignidad de las élites. Millones de migrantes cruzan el mundo de sur a norte y de este a oeste.
Las organizaciones de criminales dedicadas al trasiego de drogas, armas, personas o contrabando florecen. La piratería está en todas partes: casi no hay rubro en el que no se puedan obtener copias “marca patito” de software, ropa, calzado, música y video, electrónica, herramienta, juguetes, artesanías, etc.
El capital financiero es dominante en el conjunto de la economía y las máximas ganancias se obtienen de conglomerados integrados que operan globalmente sin enfrentar regulaciones consistentes por parte de los gobiernos; los negocios dominantes son transnacionales por excelencia, al igual que la corrupción pública y privada, y el lavado de dinero ilícito.
Los medios de transporte y comunicación son también supranacionales para bien o para mal: lo mismo para ayudar a las rebeliones del Magreb y las manifestaciones populares contra el desempleo en España, Francia y Alemania que para comunicar a los narcos, viabilizar la pederastia en gran escala o hacer de la televisión un poder que usurpa alevosamente el lugar de la sociedad en el Estado.
Mientras que el dominio de lo gobernable rebasa fronteras e impone condiciones los Estados mantienen sus atribuciones dentro de las fronteras territoriales tradicionales, con instrumentos jurídicos avejentados, con instituciones de Gobierno afincadas en principios rebasados (como la “unidad” ya inexistente de pueblo, Gobierno y territorio), y con herramientas incapaces de abarcar lo que se supone que se debe gobernar y que se topan una y otra vez con realidades fuera de su alcance.
El problema no es nuevo pero el atraso de las instituciones políticas frente a esa realidad es abismal. Ya Kant lo había hecho notar en “La Paz Perpetua” (¡vaya optimismo!), el futuro superaría a los estados nacionales; habría que constituir una asamblea de los Estados para que ahí estuviesen representados los pueblos.
Pero los organismos internacionales de hoy no tienen ese carácter. O, mejor, lo tienen solamente en principio. La Organización de las Naciones Unidas reúne a la mayoría de los Estados, pero difícilmente puede decirse que represente a los pueblos. El Consejo de Seguridad congrega únicamente al club nuclear y algunos convidados en rotación, pero no por ello es menos importante. Sin embargo, ningún organismo internacional tiene capacidad de obligar eficazmente al cumplimiento de sus disposiciones. Las mediaciones para hacerlo son los Estados nacionales a través de los tenues efectos internos de los tratados internacionales.
En esta frontera ente lo interno y lo externo habita la certidumbre de que las instituciones del Estado nación ya no son suficientemente representativas ni eficaces para gobernar los procesos internos, y las instituciones internacionales gobiernan (lo externo y lo interno) más en el papel que en los hechos, aunque su eficacia varía de acuerdo con la importancia relativa del “representado”. Si se trata de un poder nuclear hay más eficacia, si se trata de Estados al borde de la desaparición por el cambio climático y la concomitante elevación del nivel de los océanos la eficacia es prácticamente nula.
Las asimetrías son claras: si en California se permite la producción de mariguana pero se prohíbe en Sinaloa, la gobernabilidad es puesta en entredicho en México, pero no hay coordinación para prohibirla o permitirla simultáneamente en ambos sitios a menos que haya un acuerdo entre Estados. La voluntad de los ciudadanos californianos de fumar mota con libertad se tradujo en la decisión legislativa que la permite, pero en Sinaloa esa voluntad no ha tenido urna que la recoja.
Este sencillo ejemplo nos lleva al meollo del problema: sin solución de continuidad entre las autoridades nacionales y las internacionales, sin vinculación institucional entre la voluntad ciudadana de distintos estados, las instituciones representativas del Estado nacional han encontrado su límite histórico y les es imposible ir mas allá bajo los términos de su naturaleza actual.
Las realidad ha rebasado las fronteras del Estado nacional. Mantener la visión de la gobernanza democrática en los términos dictados por las doctrinas que lo arropan es, paradójicamente, perder la visión de Estado, del futuro político y de la gobernabilidad democrática.
El reto es formidable. Las instituciones representativas del Estado nacional requieren trascender las fronteras nacionales para actualizar su capacidad de representar eficazmente. Porque representar no es solamente elegir a un gobernante, sino que éste plasme en decisiones de gobierno eficaces los mandatos que le vienen de los ciudadanos.
Mientras no se acerquen los planos institucionales interno y externo, se mantendrá la fisura de oportunidad que se abre a los que se dedican a las formas más variadas de depredación. Y lo peor es que no hay marcha atrás.
¿Hay en el horizonte del futuro sociedades ordenadas por estados nacionales? La realidad obliga a plantearse la pregunta.
La globalización sin fronteras es más que producto del capricho o la malignidad de las élites. Millones de migrantes cruzan el mundo de sur a norte y de este a oeste.
Las organizaciones de criminales dedicadas al trasiego de drogas, armas, personas o contrabando florecen. La piratería está en todas partes: casi no hay rubro en el que no se puedan obtener copias “marca patito” de software, ropa, calzado, música y video, electrónica, herramienta, juguetes, artesanías, etc.
El capital financiero es dominante en el conjunto de la economía y las máximas ganancias se obtienen de conglomerados integrados que operan globalmente sin enfrentar regulaciones consistentes por parte de los gobiernos; los negocios dominantes son transnacionales por excelencia, al igual que la corrupción pública y privada, y el lavado de dinero ilícito.
Los medios de transporte y comunicación son también supranacionales para bien o para mal: lo mismo para ayudar a las rebeliones del Magreb y las manifestaciones populares contra el desempleo en España, Francia y Alemania que para comunicar a los narcos, viabilizar la pederastia en gran escala o hacer de la televisión un poder que usurpa alevosamente el lugar de la sociedad en el Estado.
Mientras que el dominio de lo gobernable rebasa fronteras e impone condiciones los Estados mantienen sus atribuciones dentro de las fronteras territoriales tradicionales, con instrumentos jurídicos avejentados, con instituciones de Gobierno afincadas en principios rebasados (como la “unidad” ya inexistente de pueblo, Gobierno y territorio), y con herramientas incapaces de abarcar lo que se supone que se debe gobernar y que se topan una y otra vez con realidades fuera de su alcance.
El problema no es nuevo pero el atraso de las instituciones políticas frente a esa realidad es abismal. Ya Kant lo había hecho notar en “La Paz Perpetua” (¡vaya optimismo!), el futuro superaría a los estados nacionales; habría que constituir una asamblea de los Estados para que ahí estuviesen representados los pueblos.
Pero los organismos internacionales de hoy no tienen ese carácter. O, mejor, lo tienen solamente en principio. La Organización de las Naciones Unidas reúne a la mayoría de los Estados, pero difícilmente puede decirse que represente a los pueblos. El Consejo de Seguridad congrega únicamente al club nuclear y algunos convidados en rotación, pero no por ello es menos importante. Sin embargo, ningún organismo internacional tiene capacidad de obligar eficazmente al cumplimiento de sus disposiciones. Las mediaciones para hacerlo son los Estados nacionales a través de los tenues efectos internos de los tratados internacionales.
En esta frontera ente lo interno y lo externo habita la certidumbre de que las instituciones del Estado nación ya no son suficientemente representativas ni eficaces para gobernar los procesos internos, y las instituciones internacionales gobiernan (lo externo y lo interno) más en el papel que en los hechos, aunque su eficacia varía de acuerdo con la importancia relativa del “representado”. Si se trata de un poder nuclear hay más eficacia, si se trata de Estados al borde de la desaparición por el cambio climático y la concomitante elevación del nivel de los océanos la eficacia es prácticamente nula.
Las asimetrías son claras: si en California se permite la producción de mariguana pero se prohíbe en Sinaloa, la gobernabilidad es puesta en entredicho en México, pero no hay coordinación para prohibirla o permitirla simultáneamente en ambos sitios a menos que haya un acuerdo entre Estados. La voluntad de los ciudadanos californianos de fumar mota con libertad se tradujo en la decisión legislativa que la permite, pero en Sinaloa esa voluntad no ha tenido urna que la recoja.
Este sencillo ejemplo nos lleva al meollo del problema: sin solución de continuidad entre las autoridades nacionales y las internacionales, sin vinculación institucional entre la voluntad ciudadana de distintos estados, las instituciones representativas del Estado nacional han encontrado su límite histórico y les es imposible ir mas allá bajo los términos de su naturaleza actual.
Las realidad ha rebasado las fronteras del Estado nacional. Mantener la visión de la gobernanza democrática en los términos dictados por las doctrinas que lo arropan es, paradójicamente, perder la visión de Estado, del futuro político y de la gobernabilidad democrática.
El reto es formidable. Las instituciones representativas del Estado nacional requieren trascender las fronteras nacionales para actualizar su capacidad de representar eficazmente. Porque representar no es solamente elegir a un gobernante, sino que éste plasme en decisiones de gobierno eficaces los mandatos que le vienen de los ciudadanos.
Mientras no se acerquen los planos institucionales interno y externo, se mantendrá la fisura de oportunidad que se abre a los que se dedican a las formas más variadas de depredación. Y lo peor es que no hay marcha atrás.
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