FRANCISCO ROJAS / EL UNIVERSAL
La calidad de vida de las personas se ha deteriorado drásticamente en los últimos años debido a la conjugación de la pobreza expansiva, la violencia y la falta de oportunidades, principalmente para los jóvenes, precisamente en los años del llamado "bono demográfico" que se empezará a agotar en un decenio más.
La precariedad social en la que hemos caído no se debe a factores externos ni es herencia del pasado, como quiere la voz oficial; es resultado de una política económica que sacrifica el crecimiento en aras de la estabilidad, inhibe las inversiones privadas, especialmente en las industrias pequeña y mediana, desalienta la creación de empleos en la economía formal y reduce el mercado interno.
Los del PRI fomentaron el desarrollo económico y aplicaron una política social integral, entendida como obligación constitucional del Estado, que hizo posible la permeabilidad social y el surgimiento de amplias y diversificadas clases medias en el siglo XX.
La escuela pública se expandió como nunca en la historia, se constituyeron las instituciones de seguridad social y salud pública, se garantizó el abasto de alimentos a precios accesibles y se fomentó la vivienda. La estabilidad social y política estimuló el flujo de inversiones y el país estaba en paz.
Infortunadamente, esas tendencias se revirtieron en el primer decenio del siglo XXI. En los últimos cuatro años, 10.1 millones de personas empobrecieron, entre otros, por el estancamiento económico y porque se aplican programas sociales asistencialistas, corporativos, clientelares y electoreros que no combaten realmente la pobreza, no elevan el desarrollo humano, ni reducen los contrastes regionales.
En una década de gobiernos panistas, el poder adquisitivo de la población se ha reducido y los niveles de vida se han degradado. No hay suficientes empleos y los que hay son muy mal pagados, pero los precios de la canasta básica, la gasolina, el gas LP, la luz y el agua se han ido a las nubes. El ingreso de la gran mayoría de las familias mexicanas no alcanza para su alimentación, vestido, vivienda y salud.
Excluidos de la economía formal, los jóvenes no tienen más remedio que ocuparse en actividades informales; los más arrojados son cooptados por el crimen organizado o emigran a Estados Unidos, pese a que allá la ocupación ha caído a consecuencia de la crisis y se han endurecido las leyes y políticas contra los migrantes. Las remesas han disminuido y las familias están al borde de la desesperación.
La calidad de la educación ha caído sobre todo en el nivel básico, como lo demuestran los resultados de la prueba oficial ENLACE. En el examen PISA sobre habilidades de comprensión de lectura, los alumnos mexicanos quedaron 68 puntos abajo del promedio de la OCDE de 493. La reprobación y la deserción escolares frustran a los estudiantes y provocan desperdicios de recursos; según la OCDE, sólo el 34% de los adultos mexicanos cursó el bachillerato, mientras el promedio es de 73%.
El sistema de salud está burocratizado, no dispone de recursos para el abasto de medicamentos y es insuficiente; las perspectivas de envejecimiento de la población ponen en jaque a los sistemas de pensiones y el aumento de las enfermedades degenerativas presiona a las instituciones de seguridad social. Pese a las tragedias ocurridas, las guarderías y estancias infantiles siguen siendo inseguras y sus servicios de baja calidad.
En la era del conocimiento es indispensable aumentar la cobertura y la calidad escolares y dar acceso universal a una educación para toda la vida, orientarla a la formación de ciudadanía y a la capacitación para formar los recursos humanos calificados que requiere el desarrollo moderno.
La política de salud debe ser integral, privilegiar la prevención y fortalecer la formación de médicos, enfermeras e investigadores capacitados y bien remunerados. Es preciso ampliar la cobertura y elevar la calidad de los servicios de salud para satisfacer el incremento de la demanda: en 30 años por cada 160 adultos mayores habrá 100 niños.
El manido recurso de culpar al pasado para ocultar los errores del presente y la falta de visión futura, no debe desviarnos de la necesidad de vincular la política social del Estado con la política económica. Es tiempo de rechazar mitos y transparentar las causas verdaderas de la desigualdad y la injusticia social. Requerimos de un nuevo liderazgo que reencauce el rumbo.
La calidad de vida de las personas se ha deteriorado drásticamente en los últimos años debido a la conjugación de la pobreza expansiva, la violencia y la falta de oportunidades, principalmente para los jóvenes, precisamente en los años del llamado "bono demográfico" que se empezará a agotar en un decenio más.
La precariedad social en la que hemos caído no se debe a factores externos ni es herencia del pasado, como quiere la voz oficial; es resultado de una política económica que sacrifica el crecimiento en aras de la estabilidad, inhibe las inversiones privadas, especialmente en las industrias pequeña y mediana, desalienta la creación de empleos en la economía formal y reduce el mercado interno.
Los del PRI fomentaron el desarrollo económico y aplicaron una política social integral, entendida como obligación constitucional del Estado, que hizo posible la permeabilidad social y el surgimiento de amplias y diversificadas clases medias en el siglo XX.
La escuela pública se expandió como nunca en la historia, se constituyeron las instituciones de seguridad social y salud pública, se garantizó el abasto de alimentos a precios accesibles y se fomentó la vivienda. La estabilidad social y política estimuló el flujo de inversiones y el país estaba en paz.
Infortunadamente, esas tendencias se revirtieron en el primer decenio del siglo XXI. En los últimos cuatro años, 10.1 millones de personas empobrecieron, entre otros, por el estancamiento económico y porque se aplican programas sociales asistencialistas, corporativos, clientelares y electoreros que no combaten realmente la pobreza, no elevan el desarrollo humano, ni reducen los contrastes regionales.
En una década de gobiernos panistas, el poder adquisitivo de la población se ha reducido y los niveles de vida se han degradado. No hay suficientes empleos y los que hay son muy mal pagados, pero los precios de la canasta básica, la gasolina, el gas LP, la luz y el agua se han ido a las nubes. El ingreso de la gran mayoría de las familias mexicanas no alcanza para su alimentación, vestido, vivienda y salud.
Excluidos de la economía formal, los jóvenes no tienen más remedio que ocuparse en actividades informales; los más arrojados son cooptados por el crimen organizado o emigran a Estados Unidos, pese a que allá la ocupación ha caído a consecuencia de la crisis y se han endurecido las leyes y políticas contra los migrantes. Las remesas han disminuido y las familias están al borde de la desesperación.
La calidad de la educación ha caído sobre todo en el nivel básico, como lo demuestran los resultados de la prueba oficial ENLACE. En el examen PISA sobre habilidades de comprensión de lectura, los alumnos mexicanos quedaron 68 puntos abajo del promedio de la OCDE de 493. La reprobación y la deserción escolares frustran a los estudiantes y provocan desperdicios de recursos; según la OCDE, sólo el 34% de los adultos mexicanos cursó el bachillerato, mientras el promedio es de 73%.
El sistema de salud está burocratizado, no dispone de recursos para el abasto de medicamentos y es insuficiente; las perspectivas de envejecimiento de la población ponen en jaque a los sistemas de pensiones y el aumento de las enfermedades degenerativas presiona a las instituciones de seguridad social. Pese a las tragedias ocurridas, las guarderías y estancias infantiles siguen siendo inseguras y sus servicios de baja calidad.
En la era del conocimiento es indispensable aumentar la cobertura y la calidad escolares y dar acceso universal a una educación para toda la vida, orientarla a la formación de ciudadanía y a la capacitación para formar los recursos humanos calificados que requiere el desarrollo moderno.
La política de salud debe ser integral, privilegiar la prevención y fortalecer la formación de médicos, enfermeras e investigadores capacitados y bien remunerados. Es preciso ampliar la cobertura y elevar la calidad de los servicios de salud para satisfacer el incremento de la demanda: en 30 años por cada 160 adultos mayores habrá 100 niños.
El manido recurso de culpar al pasado para ocultar los errores del presente y la falta de visión futura, no debe desviarnos de la necesidad de vincular la política social del Estado con la política económica. Es tiempo de rechazar mitos y transparentar las causas verdaderas de la desigualdad y la injusticia social. Requerimos de un nuevo liderazgo que reencauce el rumbo.
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