Adolfo Sánchez Rebolledo / La Jornada
En el contexto de anomia general que vive el país, una movilización de masas como la que vimos al comienzo de la semana en el Distrito Federal es un signo positivo, pese a la desinformación televisiva que suele minimizar la protesta social. Al estigmatizarla como simple asunto de tránsito y vialidad, se omite toda referencia a los objetivos que la animan y cuyo derecho a expresarse en las calles está protegido.
Sin embargo, para todos aquellos que creen que en México no pasa nada, les resultará extraño saber que, a pesar de las políticas antisindicales practicadas durante décadas y del interés por asfixiar la resistencia en el campo, sigue vivo el intento de crear, sin pedirle permiso a la llamada clase política, un "polo social" que dé voz y presencia en la vida pública a las mayorías pertenecientes al mundo del trabajo, todavía sujeto al libreto clientelar y corporativo, al sindicalismo fantasma o a la ley de la selva de los contratos de protección.
Se trata de reunir en una gran corriente unitaria, respetuosa de las diferencias y de la autonomía, a las organizaciones sociales dispuestas a cruzar la crisis institucional y económica con la perspectiva de un cambio "del modelo de desarrollo para el crecimiento, la inclusión y la equidad". Resulta increíble que en un país como México, con sus extremos de miseria y opulencia, los trabajadores no sean considerados interlocutores de aquello que en otros lares se llama "diálogo social" o que los mecanismos de concertación, imprescindibles para asegurar el mejor aprovechamiento de las fortalezas nacionales no cuenten con la opinión libre de los interesados.
La marcha organizada por el Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas constituye un paso importante para construir esa alternativa, tanto o cuanto más necesario porque se acercan tiempos de definiciones: en el corto plazo por la posibilidad de que al fin se someta a la consideración del Congreso la reforma laboral con la cual el gobierno y el empresariado quieren "vacunar" al sistema contra los "males" del sindicalismo, pero también por la intención de pasar, por fin, una reforma fiscal cuya profundidad y alcances determinará en el futuro inmediato el curso del desarrollo nacional.
A nadie escapa que estamos inmersos en el escenario de la sucesión presidencial y ya no hay asunto que no se vea a través de ese cristal. Por eso mismo, resulta más importante el planteamiento de las agrupaciones de masas expuesto al final de la gran manifestación. “Se trata que la ciudadanía –como lo exige la democracia– tome en sus manos los destinos del país, tenemos una concepción clara sobre cómo mejorar su futuro, sabremos dialogar y también presionar a partidos y gobierno para que tomen las decisiones a las que tenemos derecho y que le urgen al país. Nos comprometemos a impulsar la articulación del gran polo social que se requiere para las transformaciones posibles y necesarias para un nuevo modelo incluyente, un modelo eficiente, justo y democrático. Transformémoslo para recuperar a México y a su dignidad, por no-sotros y por las próximas generaciones”.
Es importante destacar que las organizaciones sociales reconocen la dimensión política de sus exigencias, pero no las confunden con los planteamientos políticos electorales que legítimamente plantean otras fuerzas. Tampoco se limitan a la condena moral del sistema, sino que destacan una serie de reformas agrupadas en cinco "transformaciones" principales que incluyen el régimen político, la política económica y social, el campo y la política exterior. El eje orientador de todas estas reformas –explican– será la garantía de la integralidad de los derechos humanos para todos los mexicanos, lo que implica apego a la democracia e inclusión social. Este punto es de especial importancia, toda vez que vivimos en un mundo donde el ejercicio de algunos derechos humanos resulta vedado, ya sea por la desigualdad en la distribución del ingreso o por las trabas legales que así lo impiden. Un ejemplo claro de cambio de orientación, admite el Llamamiento leído en el Zócalo, sería el de la política social que, en opinión de las organizaciones, debería pasar de las políticas asistenciales, focalizadas y compensatorias, a otras que fortalezcan el tejido social con la promoción de la capacidad organizativa y productiva de la sociedad. Para que exista una política social digna de tal nombre, el Estado debe asegurar la universalidad de la seguridad social y, al mismo tiempo fortalecer "las capacidades innovadoras de la sociedad", impulsando la educación, la ciencia y la tecnología” mediante la participación de las comunidades que la integran.
Capítulo muy importante en el planteamiento es el que se refiere a la necesidad de revisar la situación del campo, donde se han ensayado y puesto a prueba todos los intentos de modernización, introducidos casi como panaceas contra la de-sigualdad. Hoy, a la vuelta de los años, los resultados son desalentadores y las soluciones difíciles. La crisis estructural del campo se expresa, afirma el Llamamiento, en la dependencia alimentaria y el creciente desempleo, el abandono y la migración, los elevados índices de pobreza, la desintegración familiar y social, la baja productividad y la degradación de los recursos naturales. Resolver estos problemas implicará en el futuro inmediato adoptar una visión nueva, integral, capaz de asumir las realidades creadas por la imposición del modelo que ahora hace aguas ante la pasividad de las autoridades.
Ninguna de las reformas propuestas será posible sin iniciar un ciclo de crecimiento económico orientado, como piden los trabajadores, a la "promoción del empleo digno". Pero eso no será posible mientras persistan las inercias actuales. La reforma fiscal, de la que tanto se habla ahora, no puede posponerse indefinidamente. Sin embargo, en aras de proteger el arreglo que beneficia a un empresariado voraz, pero ineficiente, las autoridades insisten en trasladar la carga impositiva a los sectores cautivos, en lugar de impulsar "un pacto fiscal progresivo y equitativo" y la revisión de la estrategia económica para que ésta permita acudir a la economía global sin sacrificar, como hasta ahora, el mercado interno.
No es un secreto para nadie que el malestar acumulado por la sociedad mexicana, agraviado por la violencia que aterroriza al país, puede convertirse en una pesadilla inimaginable. Ojalá y los partidos políticos, por no hablar del gobierno, atiendan los llamados de la sociedad a escuchar sus demandas. Pueden acallar la protesta social silenciándola o ignorándola. Pero ahí está. No se va a esfumar.
En el contexto de anomia general que vive el país, una movilización de masas como la que vimos al comienzo de la semana en el Distrito Federal es un signo positivo, pese a la desinformación televisiva que suele minimizar la protesta social. Al estigmatizarla como simple asunto de tránsito y vialidad, se omite toda referencia a los objetivos que la animan y cuyo derecho a expresarse en las calles está protegido.
Sin embargo, para todos aquellos que creen que en México no pasa nada, les resultará extraño saber que, a pesar de las políticas antisindicales practicadas durante décadas y del interés por asfixiar la resistencia en el campo, sigue vivo el intento de crear, sin pedirle permiso a la llamada clase política, un "polo social" que dé voz y presencia en la vida pública a las mayorías pertenecientes al mundo del trabajo, todavía sujeto al libreto clientelar y corporativo, al sindicalismo fantasma o a la ley de la selva de los contratos de protección.
Se trata de reunir en una gran corriente unitaria, respetuosa de las diferencias y de la autonomía, a las organizaciones sociales dispuestas a cruzar la crisis institucional y económica con la perspectiva de un cambio "del modelo de desarrollo para el crecimiento, la inclusión y la equidad". Resulta increíble que en un país como México, con sus extremos de miseria y opulencia, los trabajadores no sean considerados interlocutores de aquello que en otros lares se llama "diálogo social" o que los mecanismos de concertación, imprescindibles para asegurar el mejor aprovechamiento de las fortalezas nacionales no cuenten con la opinión libre de los interesados.
La marcha organizada por el Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas constituye un paso importante para construir esa alternativa, tanto o cuanto más necesario porque se acercan tiempos de definiciones: en el corto plazo por la posibilidad de que al fin se someta a la consideración del Congreso la reforma laboral con la cual el gobierno y el empresariado quieren "vacunar" al sistema contra los "males" del sindicalismo, pero también por la intención de pasar, por fin, una reforma fiscal cuya profundidad y alcances determinará en el futuro inmediato el curso del desarrollo nacional.
A nadie escapa que estamos inmersos en el escenario de la sucesión presidencial y ya no hay asunto que no se vea a través de ese cristal. Por eso mismo, resulta más importante el planteamiento de las agrupaciones de masas expuesto al final de la gran manifestación. “Se trata que la ciudadanía –como lo exige la democracia– tome en sus manos los destinos del país, tenemos una concepción clara sobre cómo mejorar su futuro, sabremos dialogar y también presionar a partidos y gobierno para que tomen las decisiones a las que tenemos derecho y que le urgen al país. Nos comprometemos a impulsar la articulación del gran polo social que se requiere para las transformaciones posibles y necesarias para un nuevo modelo incluyente, un modelo eficiente, justo y democrático. Transformémoslo para recuperar a México y a su dignidad, por no-sotros y por las próximas generaciones”.
Es importante destacar que las organizaciones sociales reconocen la dimensión política de sus exigencias, pero no las confunden con los planteamientos políticos electorales que legítimamente plantean otras fuerzas. Tampoco se limitan a la condena moral del sistema, sino que destacan una serie de reformas agrupadas en cinco "transformaciones" principales que incluyen el régimen político, la política económica y social, el campo y la política exterior. El eje orientador de todas estas reformas –explican– será la garantía de la integralidad de los derechos humanos para todos los mexicanos, lo que implica apego a la democracia e inclusión social. Este punto es de especial importancia, toda vez que vivimos en un mundo donde el ejercicio de algunos derechos humanos resulta vedado, ya sea por la desigualdad en la distribución del ingreso o por las trabas legales que así lo impiden. Un ejemplo claro de cambio de orientación, admite el Llamamiento leído en el Zócalo, sería el de la política social que, en opinión de las organizaciones, debería pasar de las políticas asistenciales, focalizadas y compensatorias, a otras que fortalezcan el tejido social con la promoción de la capacidad organizativa y productiva de la sociedad. Para que exista una política social digna de tal nombre, el Estado debe asegurar la universalidad de la seguridad social y, al mismo tiempo fortalecer "las capacidades innovadoras de la sociedad", impulsando la educación, la ciencia y la tecnología” mediante la participación de las comunidades que la integran.
Capítulo muy importante en el planteamiento es el que se refiere a la necesidad de revisar la situación del campo, donde se han ensayado y puesto a prueba todos los intentos de modernización, introducidos casi como panaceas contra la de-sigualdad. Hoy, a la vuelta de los años, los resultados son desalentadores y las soluciones difíciles. La crisis estructural del campo se expresa, afirma el Llamamiento, en la dependencia alimentaria y el creciente desempleo, el abandono y la migración, los elevados índices de pobreza, la desintegración familiar y social, la baja productividad y la degradación de los recursos naturales. Resolver estos problemas implicará en el futuro inmediato adoptar una visión nueva, integral, capaz de asumir las realidades creadas por la imposición del modelo que ahora hace aguas ante la pasividad de las autoridades.
Ninguna de las reformas propuestas será posible sin iniciar un ciclo de crecimiento económico orientado, como piden los trabajadores, a la "promoción del empleo digno". Pero eso no será posible mientras persistan las inercias actuales. La reforma fiscal, de la que tanto se habla ahora, no puede posponerse indefinidamente. Sin embargo, en aras de proteger el arreglo que beneficia a un empresariado voraz, pero ineficiente, las autoridades insisten en trasladar la carga impositiva a los sectores cautivos, en lugar de impulsar "un pacto fiscal progresivo y equitativo" y la revisión de la estrategia económica para que ésta permita acudir a la economía global sin sacrificar, como hasta ahora, el mercado interno.
No es un secreto para nadie que el malestar acumulado por la sociedad mexicana, agraviado por la violencia que aterroriza al país, puede convertirse en una pesadilla inimaginable. Ojalá y los partidos políticos, por no hablar del gobierno, atiendan los llamados de la sociedad a escuchar sus demandas. Pueden acallar la protesta social silenciándola o ignorándola. Pero ahí está. No se va a esfumar.
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