Alberto Barranco / El Universal
Aunque en el papel, de acuerdo al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Mario Sánchez Ruiz, ya está planchada en el Congreso la posibilidad de una reforma laboral, lo cierto es que ésta no será la que planteó la fracción panista en el Senado, sino la que impulsa el PRI
La iniciativa redactada en la Secretaría del Trabajo con base, se dijo, en un híbrido de las 250 propuestas planteadas en los últimos 10 años, incluida la llamada Ley Abascal, se ha venido diluyendo dramáticamente, por más que el partido en el poder la colocó en los primeros lugares de la agenda legislativa para el actual periodo ordinario de sesiones.
La paradoja del caso es que el bombardeo ha salido de las propias filas empresariales, a contrapelo del sentir generalizado de que la propuesta apuntalaba su propia causa.
Hete aquí que hace unas semanas se celebró una reunión informal del pleno del poderoso Consejo Mexicano de Hombres de Negocios en el que caben 42 de los presidentes de firmas gigantes nacionales, a la que acudió el presidente Felipe Calderón, en cuyo seno se discutió la propuesta.
El cónclave tenía como anfitrión al fundador del Grupo Bimbo, Lorenzo Servitje, por más que formalmente no es integrante del organismo.
El caso es que, empujado por el expresidente del propio CMHN, Claudio Xavier González, el eje de la discusión se centró en la propuesta de llevar al terreno de ley la semana de 40 horas.
La posibilidad fue descartada al fragor de una catarata de argumentos en contra planteados por el propio presidente de Kimberly Clark.
El problema, naturalmente, es que la alternativa, en paralelo a la exigencia de cancelar las arbitrarias revisiones a las mujeres en busca de empleo en opción de descartar a las que están en estado de gestación o la de desterrar el escalafón ciego que le escatima oportunidades de acceso a los más aptos, permitía el equilibrio frente a otras reformas al gusto de los empresarios.
Estamos hablando del trabajo por horas; de un largo periodo de prueba para otorgar planta a los aspirantes; de poner reglas para los juicios laborales o de aprovechar las multihabilidades de los trabajadores en ruptura de la rigidez de los Contratos Colectivos de Trabajo.
Ahora que tampoco ayuda el carácter rijoso del secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, quien se confrontó hace unas semanas de tú a tú con el dirigente de la Concamin, Salomón Presburger, en un escenario de gritos, insultos y una que otra amenaza.
Y si le seguimos, el funcionario mantiene un pleito personal al rojo fuego con el dirigente de la Confederación Mexicana de Trabajadores, Joaquín Gamboa Pascoe, tras otro round verbal.
Y aunque ninguno de ellos tiene opción de voto en el Congreso, dudar de su influencia sería tapar el sol con un dedo.
Por lo pronto, mientras la alternativa panista camina en reversa, la priísta gana terreno, bajo el señuelo de impulsar la productividad y la competitividad… dejando a salvo los privilegios históricos de los sindicatos.
Y aunque coincide con la alternativa blanquiazul de reglamentar la actividad del outsourcing o tercería, que permite la subcontratación de empresas para realizar tareas específicas, los caminos se bifurcan al exigirse corresponsabilidad de los contratantes cuando las firmas eluden sus obligaciones con los trabajadores en materia de seguridad social.
Y aunque los priístas hablan de modificar mil 10 artículos de la Ley Federal del Trabajo, es decir cuatro veces más que la propuesta panista, sólo 100 de las modificaciones serían de fondo.
El resto es cosmético.
Y aunque el propio Consejo Coordinador Empresarial le apuesta a una combinación de propuestas sobre la base de extraer lo mejor de cada una para abrir la posibilidad de contratación masiva, no se ve cómo pudiera empatar un escenario de cacicazgos sindicales con otro de laxitud laboral.
Por lo demás, nadie podría apostar a una relación tersa entre el PRI y el PAN. De hecho, la mayoría de los empresarios se inclina por dejar el escenario tal como está.
Balance general
Pues ahora resulta que el Grupo Aeroportuario del Sureste, encabezado por Fernando Chico Pardo, ya encontró la forma de cobrar revancha frente a la negativa de la Comisión Federal de Competencia para participar en la licitación de un nuevo aeropuerto en la Riviera Maya, alegando que se traslaparía con el de Cancún, administrado por la firma.
La intensión es administrar la nueva terminal a instalarse a la vera de las ruinas de Chichén Itzá, con alcance a la ruta de las haciendas henequeras y la de los conventos de Yucatán.
Como usted sabe, la concesión la obtuvo el gobierno local encabezado por Ivonne Ortega.
Naturalmente, el escenario impide que la Comisión Federal de Competencia que encabeza Eduardo Pérez Motta pudiera vetar al grupo.
Más aún, tampoco habría posibilidad alguna de que interviniera la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dado que la concesión ya fue otorgada. Por lo puerta de atrás, pues, Asur seguirá siendo el rey de la península, al controlar los aeropuertos de Mérida, Cancún, Cozumel… y Chichén Itzá.
Garantías balín
Ahora resulta que no le salen las cuentas al Banco Nacional de Comercio Exterior en su pretensión de cobrarse en especie el remanente del préstamo de mil millones de pesos que le otorgó a Mexicana de Aviación, con el remate de los nueve aviones otorgados en garantía.
El adeudo actual es de 800 millones de pesos. El caso es que de acuerdo con los expertos en el mejor de los casos la recuperación sería de 600 millones, es decir se irían 200 a fondo perdido.
La razón es simple: los aviones Airbus A320 y 321 que se pretenden colocar en el mercado de Estados Unidos y el asiático no valen lo que se pensaba, dada su antigüedad de 20 años.
A lo mucho se pagarán 5.5 millones de dólares por cada uno, lo que daría un global de 49.5.
Lo grotesco del asunto es que desde el momento en que se planteó el supuesto préstamo-puente para afrontar los problemas financieros de la empresa que administraba Gastón Azcárraga Andrade, se advirtió que las garantías estaban cortas.
Hora cero para el IFE
Mañana a las 12 horas, convocado por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, comparece el contralor interno del Instituto Federal Electoral, Gregorio Guerrero Posas, para explicar sus objeciones a la maniobra aprobada por el pleno del organismo en relación con una partida no ejercida el año pasado.
Estamos hablando de 348 millones de pesos. Como usted sabe, éstos se traspasaron a una partida especial que según ello apuntalará un fondo para compra de inmuebles que actualmente se rentan.
Sin embargo, para el funcionario el Instituto infla sus presupuestos para obtener remanentes que califica de ahorros.
Aunque en el papel, de acuerdo al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Mario Sánchez Ruiz, ya está planchada en el Congreso la posibilidad de una reforma laboral, lo cierto es que ésta no será la que planteó la fracción panista en el Senado, sino la que impulsa el PRI
La iniciativa redactada en la Secretaría del Trabajo con base, se dijo, en un híbrido de las 250 propuestas planteadas en los últimos 10 años, incluida la llamada Ley Abascal, se ha venido diluyendo dramáticamente, por más que el partido en el poder la colocó en los primeros lugares de la agenda legislativa para el actual periodo ordinario de sesiones.
La paradoja del caso es que el bombardeo ha salido de las propias filas empresariales, a contrapelo del sentir generalizado de que la propuesta apuntalaba su propia causa.
Hete aquí que hace unas semanas se celebró una reunión informal del pleno del poderoso Consejo Mexicano de Hombres de Negocios en el que caben 42 de los presidentes de firmas gigantes nacionales, a la que acudió el presidente Felipe Calderón, en cuyo seno se discutió la propuesta.
El cónclave tenía como anfitrión al fundador del Grupo Bimbo, Lorenzo Servitje, por más que formalmente no es integrante del organismo.
El caso es que, empujado por el expresidente del propio CMHN, Claudio Xavier González, el eje de la discusión se centró en la propuesta de llevar al terreno de ley la semana de 40 horas.
La posibilidad fue descartada al fragor de una catarata de argumentos en contra planteados por el propio presidente de Kimberly Clark.
El problema, naturalmente, es que la alternativa, en paralelo a la exigencia de cancelar las arbitrarias revisiones a las mujeres en busca de empleo en opción de descartar a las que están en estado de gestación o la de desterrar el escalafón ciego que le escatima oportunidades de acceso a los más aptos, permitía el equilibrio frente a otras reformas al gusto de los empresarios.
Estamos hablando del trabajo por horas; de un largo periodo de prueba para otorgar planta a los aspirantes; de poner reglas para los juicios laborales o de aprovechar las multihabilidades de los trabajadores en ruptura de la rigidez de los Contratos Colectivos de Trabajo.
Ahora que tampoco ayuda el carácter rijoso del secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, quien se confrontó hace unas semanas de tú a tú con el dirigente de la Concamin, Salomón Presburger, en un escenario de gritos, insultos y una que otra amenaza.
Y si le seguimos, el funcionario mantiene un pleito personal al rojo fuego con el dirigente de la Confederación Mexicana de Trabajadores, Joaquín Gamboa Pascoe, tras otro round verbal.
Y aunque ninguno de ellos tiene opción de voto en el Congreso, dudar de su influencia sería tapar el sol con un dedo.
Por lo pronto, mientras la alternativa panista camina en reversa, la priísta gana terreno, bajo el señuelo de impulsar la productividad y la competitividad… dejando a salvo los privilegios históricos de los sindicatos.
Y aunque coincide con la alternativa blanquiazul de reglamentar la actividad del outsourcing o tercería, que permite la subcontratación de empresas para realizar tareas específicas, los caminos se bifurcan al exigirse corresponsabilidad de los contratantes cuando las firmas eluden sus obligaciones con los trabajadores en materia de seguridad social.
Y aunque los priístas hablan de modificar mil 10 artículos de la Ley Federal del Trabajo, es decir cuatro veces más que la propuesta panista, sólo 100 de las modificaciones serían de fondo.
El resto es cosmético.
Y aunque el propio Consejo Coordinador Empresarial le apuesta a una combinación de propuestas sobre la base de extraer lo mejor de cada una para abrir la posibilidad de contratación masiva, no se ve cómo pudiera empatar un escenario de cacicazgos sindicales con otro de laxitud laboral.
Por lo demás, nadie podría apostar a una relación tersa entre el PRI y el PAN. De hecho, la mayoría de los empresarios se inclina por dejar el escenario tal como está.
Balance general
Pues ahora resulta que el Grupo Aeroportuario del Sureste, encabezado por Fernando Chico Pardo, ya encontró la forma de cobrar revancha frente a la negativa de la Comisión Federal de Competencia para participar en la licitación de un nuevo aeropuerto en la Riviera Maya, alegando que se traslaparía con el de Cancún, administrado por la firma.
La intensión es administrar la nueva terminal a instalarse a la vera de las ruinas de Chichén Itzá, con alcance a la ruta de las haciendas henequeras y la de los conventos de Yucatán.
Como usted sabe, la concesión la obtuvo el gobierno local encabezado por Ivonne Ortega.
Naturalmente, el escenario impide que la Comisión Federal de Competencia que encabeza Eduardo Pérez Motta pudiera vetar al grupo.
Más aún, tampoco habría posibilidad alguna de que interviniera la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dado que la concesión ya fue otorgada. Por lo puerta de atrás, pues, Asur seguirá siendo el rey de la península, al controlar los aeropuertos de Mérida, Cancún, Cozumel… y Chichén Itzá.
Garantías balín
Ahora resulta que no le salen las cuentas al Banco Nacional de Comercio Exterior en su pretensión de cobrarse en especie el remanente del préstamo de mil millones de pesos que le otorgó a Mexicana de Aviación, con el remate de los nueve aviones otorgados en garantía.
El adeudo actual es de 800 millones de pesos. El caso es que de acuerdo con los expertos en el mejor de los casos la recuperación sería de 600 millones, es decir se irían 200 a fondo perdido.
La razón es simple: los aviones Airbus A320 y 321 que se pretenden colocar en el mercado de Estados Unidos y el asiático no valen lo que se pensaba, dada su antigüedad de 20 años.
A lo mucho se pagarán 5.5 millones de dólares por cada uno, lo que daría un global de 49.5.
Lo grotesco del asunto es que desde el momento en que se planteó el supuesto préstamo-puente para afrontar los problemas financieros de la empresa que administraba Gastón Azcárraga Andrade, se advirtió que las garantías estaban cortas.
Hora cero para el IFE
Mañana a las 12 horas, convocado por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, comparece el contralor interno del Instituto Federal Electoral, Gregorio Guerrero Posas, para explicar sus objeciones a la maniobra aprobada por el pleno del organismo en relación con una partida no ejercida el año pasado.
Estamos hablando de 348 millones de pesos. Como usted sabe, éstos se traspasaron a una partida especial que según ello apuntalará un fondo para compra de inmuebles que actualmente se rentan.
Sin embargo, para el funcionario el Instituto infla sus presupuestos para obtener remanentes que califica de ahorros.
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