Jorge Montaño / El Universal
Dos temas muestran el abismo que separa a Estados Unidos del resto del continente. En ambos casos, existe una relación de causa-efecto que pretenden ignorar, dados los escasos costos políticos de su omisión. El veranillo en que Kennedy y McCain presentaron un proyecto de reforma migratoria sucumbió por las primarias presidenciales. Subsiste la demanda a Obama, quien en campaña se comprometió a retomar el tema con un electorado representativo de millones de ilegales.
Dos temas muestran el abismo que separa a Estados Unidos del resto del continente. En ambos casos, existe una relación de causa-efecto que pretenden ignorar, dados los escasos costos políticos de su omisión. El veranillo en que Kennedy y McCain presentaron un proyecto de reforma migratoria sucumbió por las primarias presidenciales. Subsiste la demanda a Obama, quien en campaña se comprometió a retomar el tema con un electorado representativo de millones de ilegales.
Recurrentemente, las crisis despiertan instintos racistas y xenófobos, en este caso radicalizados por la ley de Arizona, que puede entrar en vigor en unos días. La gobernadora de ese estado, con una relación históricamente intensa con Sonora, es una figura nacional a partir de su desafío al gobierno federal, suscitando el apoyo espontáneo del 60% del electorado a favor de su legislación. Obama, con buen juicio, planteó la controversia reclamando funciones que constitucionalmente le corresponden, aunque también envía un mensaje contra leyes que penalicen el perfil racial. Este planteamiento con argumentaciones políticas lo asumirán como amigos de la corte organizaciones hispanas, grupos de derechos humanos y una docena de gobiernos de la región, eficazmente convocados por México.
En las elecciones de noviembre estarán en disputa 19 gubernaturas demócratas, la mayoría en la cámara baja y un tercio del senado, por lo que el partido en el poder ha solicitado a la Casa Blanca retirar la impugnación a la SB1070, que puede replicarse en varios estados. El pragmatismo electoral aconseja evitar conflictos con los conservadores que postulan el odio a los migrantes, posición que ha sido bien recibida. El votante blanco, sajón y protestante exige convertir en delito la migración ilegal. Es claro que con esta estrategia los criminalizadores lograrán diferir, al menos por este año, la discusión de la reforma migratoria.
El otro tema es la posición intransigente de negar que la lucha contra el crimen organizado exige un enfoque trasnacional. Las declaraciones estridentes en contra de “nuestro insaciable apetito por las drogas” no se convierten en políticas públicas que aborden la responsabilidad del gobierno. En el Capitolio predomina una corriente empeñada en distribuir culpas fuera de EU, sin reconocer los avances de los cárteles que controlan la distribución en 265 ciudades. Esta actitud burocratiza la asignación de recursos a las agencias responsables, que entienden la gravedad del desafío. Los magros fondos de la Iniciativa Mérida fluyen lentamente, dañando la capacidad de los gobiernos centroamericanos, cuyo territorio es zona estratégica del crimen organizado.
Los políticos privilegian el inmediatismo electoral sin advertir el daño que causan los legalizadores de drogas o la proliferación de armas que circulan en América Latina y el Caribe. Este asedio en sus mares y tierras obligó al congreso de Costa Rica a autorizar el arribo de barcos artillados, helicópteros, portaaviones y siete mil soldados estadounidenses. Esta decisión, en una sociedad tradicionalmente pacifista, se debe a que sus instituciones de seguridad están rebasadas o cooptadas. Cabe preguntarse qué pasará con los otros países de la región, más asediados por el crimen organizado y sus bandas. La cerrazón de los legisladores a estas evidencias se explica por la comodidad de actuar sólo en casos extremos. La reticencia a aceptar las ventajas de la diplomacia preventiva hace más difícil mantener la viabilidad política de los gobiernos centroamericanos.
Dado el egocentrismo del vecino se requiere profundizar la articulación de la región, reclamando atención a problemas comunes. Sabemos que es una estrategia que no merece el aplauso del gobierno y congreso estadounidenses, pero es evidente la urgencia de romper el diálogo unilateral que privilegian. La atención a la deuda que nos asfixiaba en los ochentas se logró con una posición unificada a través del Consenso de Cartagena. Esta es la opción para romper la pasividad frente al odio racial y los avances del crimen organizado.
Internacionalista
En las elecciones de noviembre estarán en disputa 19 gubernaturas demócratas, la mayoría en la cámara baja y un tercio del senado, por lo que el partido en el poder ha solicitado a la Casa Blanca retirar la impugnación a la SB1070, que puede replicarse en varios estados. El pragmatismo electoral aconseja evitar conflictos con los conservadores que postulan el odio a los migrantes, posición que ha sido bien recibida. El votante blanco, sajón y protestante exige convertir en delito la migración ilegal. Es claro que con esta estrategia los criminalizadores lograrán diferir, al menos por este año, la discusión de la reforma migratoria.
El otro tema es la posición intransigente de negar que la lucha contra el crimen organizado exige un enfoque trasnacional. Las declaraciones estridentes en contra de “nuestro insaciable apetito por las drogas” no se convierten en políticas públicas que aborden la responsabilidad del gobierno. En el Capitolio predomina una corriente empeñada en distribuir culpas fuera de EU, sin reconocer los avances de los cárteles que controlan la distribución en 265 ciudades. Esta actitud burocratiza la asignación de recursos a las agencias responsables, que entienden la gravedad del desafío. Los magros fondos de la Iniciativa Mérida fluyen lentamente, dañando la capacidad de los gobiernos centroamericanos, cuyo territorio es zona estratégica del crimen organizado.
Los políticos privilegian el inmediatismo electoral sin advertir el daño que causan los legalizadores de drogas o la proliferación de armas que circulan en América Latina y el Caribe. Este asedio en sus mares y tierras obligó al congreso de Costa Rica a autorizar el arribo de barcos artillados, helicópteros, portaaviones y siete mil soldados estadounidenses. Esta decisión, en una sociedad tradicionalmente pacifista, se debe a que sus instituciones de seguridad están rebasadas o cooptadas. Cabe preguntarse qué pasará con los otros países de la región, más asediados por el crimen organizado y sus bandas. La cerrazón de los legisladores a estas evidencias se explica por la comodidad de actuar sólo en casos extremos. La reticencia a aceptar las ventajas de la diplomacia preventiva hace más difícil mantener la viabilidad política de los gobiernos centroamericanos.
Dado el egocentrismo del vecino se requiere profundizar la articulación de la región, reclamando atención a problemas comunes. Sabemos que es una estrategia que no merece el aplauso del gobierno y congreso estadounidenses, pero es evidente la urgencia de romper el diálogo unilateral que privilegian. La atención a la deuda que nos asfixiaba en los ochentas se logró con una posición unificada a través del Consenso de Cartagena. Esta es la opción para romper la pasividad frente al odio racial y los avances del crimen organizado.
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