Jorge A. Chávez Presa / El Universal
Las alianzas para contender por un puesto de elección popular son muy efectivas para ganar. Simple y llanamente el marco jurídico las ha diseñado para ese propósito específico, no están previstas para gobernar. Por ello son muy útiles para que el incentivo que impere sea “el quítate tú para que me ponga yo”, las cosas no cambien, y sigamos siendo el país donde no pasa nada hasta que la realidad nos rebasa.
Hasta antes de la reforma electoral de 2007, otro objetivo de las coaliciones era preservar el registro de un partido político que difícilmente alcanzaría la votación mínima necesaria.
Este domingo 4 de julio las alianzas o coaliciones demostraron ser una vez más un instrumento que sirve para ganar la elección a gobernador, especialmente cuando los gobernantes en turno gozan de una baja aprobación por parte de la ciudadanía y los partidos en ese lugar se dividieron. Todos los candidatos a gobernador que ganaron ese domingo lo hicieron porque contendieron bajo la figura de coalición o alizanza, independientemente de la relación que los partidos políticos sostengan a nivel federal o de si ideológicamente son compatibles. Sin embargo, la experiencia nos ha mostrado hasta ahora que las alianzas de los partidos políticos sirven sólo para ese fin: competir en elecciones, ya que lo que suceda después es otra cosa. Al país o al estado no le han resultado útiles en términos de concretar reformas, y con ello lograr un mejor desempeño económico.
El nuevo Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales (Cofipe), que resulta de la gran reforma electoral de 2007 plasmada en nuestra Constitución, con toda claridad establece que la coalición termina una vez que finaliza el proceso electoral. Aunque los partidos políticos tienen la obligación de presentar una misma plataforma electoral, “o en su caso un programa de gobierno”, una vez finalizada la elección no hay los mecanismos y por lo tanto los incentivos para que se respete el espíritu de la alianza. En un régimen parlamentario, por ejemplo, el primer ministro que sabe que no cuenta con los votos para conseguir una aprobación, simplemente disuelve el parlamento al convocar a nuevas elecciones, con lo que se conforma una nueva mayoría para gobernar, o el primer ministro y su partido salen, como lo vimos recientemente en las elecciones de Reino Unido.
En nuestro sistema presidencial habría que hacer la adaptación correspondiente. Sin embargo, actualmente este mecanismo representa un defecto estructural de nuestro sistema político, y no se ha previsto repararlo introduciendo la figura de un acuerdo de coalición para gobernar que permita construir una mayoría en el Congreso, o que el Congreso se disuelva al no poderse sostener ese acuerdo con reformas específicas a aprobar. Para ello se han propuesto la segunda vuelta y establecer la cláusula de gobernabilidad, con el costo de crear una sobrerrepresentación.
El mecanismo actual de coaliciones crea todos los incentivos para la división de los partidos políticos antes de elegir al candidato, especialmente cuando hay imposición de candidatos. Para fortalecer el sistema de partidos al que el país le ha apostado, se requiere de una “cláusula de estabilidad o de unidad”, que quite el incentivo al pirateo de militantes o a promover a tránsfugas expertos en el chantaje que sólo dividen y no traen ni siquiera un valor agregado a la política.
En este sentido, se necesita que transcurra cuando menos un año para que el militante pueda ser postulado como candidato por el partido que lo atrae. Y por el otro, necesitamos que los partidos políticos al interior tengan mejores prácticas democráticas y abiertas para elegir a su candidato. Ya se han observado experiencias valiosas y exitosas, como la de sostener elecciones primarias de manera escalonada, tal y como lo hacen en Estados Unidos. Este mecanismo abre la oportunidad a que candidatos poco conocidos y con bajo presupuesto puedan acceder a la competencia.
Para los ciudadanos que fueron a las urnas el domingo 4 de julio nada les garantiza que las cosas mejorarán. Ahora está en sus manos, a través de organizaciones civiles, a comprometerlos a efectuar los cambios que tanto necesitan para mejorar el acceso y la administración a la justicia, transparencia en el manejo de los recursos públicos, buenos catastros y registros públicos de la propiedad, y de manera especial recordarles que también son responsables del crecimiento económico y el abatimiento de la pobreza.
Economista
Las alianzas para contender por un puesto de elección popular son muy efectivas para ganar. Simple y llanamente el marco jurídico las ha diseñado para ese propósito específico, no están previstas para gobernar. Por ello son muy útiles para que el incentivo que impere sea “el quítate tú para que me ponga yo”, las cosas no cambien, y sigamos siendo el país donde no pasa nada hasta que la realidad nos rebasa.
Hasta antes de la reforma electoral de 2007, otro objetivo de las coaliciones era preservar el registro de un partido político que difícilmente alcanzaría la votación mínima necesaria.
Este domingo 4 de julio las alianzas o coaliciones demostraron ser una vez más un instrumento que sirve para ganar la elección a gobernador, especialmente cuando los gobernantes en turno gozan de una baja aprobación por parte de la ciudadanía y los partidos en ese lugar se dividieron. Todos los candidatos a gobernador que ganaron ese domingo lo hicieron porque contendieron bajo la figura de coalición o alizanza, independientemente de la relación que los partidos políticos sostengan a nivel federal o de si ideológicamente son compatibles. Sin embargo, la experiencia nos ha mostrado hasta ahora que las alianzas de los partidos políticos sirven sólo para ese fin: competir en elecciones, ya que lo que suceda después es otra cosa. Al país o al estado no le han resultado útiles en términos de concretar reformas, y con ello lograr un mejor desempeño económico.
El nuevo Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales (Cofipe), que resulta de la gran reforma electoral de 2007 plasmada en nuestra Constitución, con toda claridad establece que la coalición termina una vez que finaliza el proceso electoral. Aunque los partidos políticos tienen la obligación de presentar una misma plataforma electoral, “o en su caso un programa de gobierno”, una vez finalizada la elección no hay los mecanismos y por lo tanto los incentivos para que se respete el espíritu de la alianza. En un régimen parlamentario, por ejemplo, el primer ministro que sabe que no cuenta con los votos para conseguir una aprobación, simplemente disuelve el parlamento al convocar a nuevas elecciones, con lo que se conforma una nueva mayoría para gobernar, o el primer ministro y su partido salen, como lo vimos recientemente en las elecciones de Reino Unido.
En nuestro sistema presidencial habría que hacer la adaptación correspondiente. Sin embargo, actualmente este mecanismo representa un defecto estructural de nuestro sistema político, y no se ha previsto repararlo introduciendo la figura de un acuerdo de coalición para gobernar que permita construir una mayoría en el Congreso, o que el Congreso se disuelva al no poderse sostener ese acuerdo con reformas específicas a aprobar. Para ello se han propuesto la segunda vuelta y establecer la cláusula de gobernabilidad, con el costo de crear una sobrerrepresentación.
El mecanismo actual de coaliciones crea todos los incentivos para la división de los partidos políticos antes de elegir al candidato, especialmente cuando hay imposición de candidatos. Para fortalecer el sistema de partidos al que el país le ha apostado, se requiere de una “cláusula de estabilidad o de unidad”, que quite el incentivo al pirateo de militantes o a promover a tránsfugas expertos en el chantaje que sólo dividen y no traen ni siquiera un valor agregado a la política.
En este sentido, se necesita que transcurra cuando menos un año para que el militante pueda ser postulado como candidato por el partido que lo atrae. Y por el otro, necesitamos que los partidos políticos al interior tengan mejores prácticas democráticas y abiertas para elegir a su candidato. Ya se han observado experiencias valiosas y exitosas, como la de sostener elecciones primarias de manera escalonada, tal y como lo hacen en Estados Unidos. Este mecanismo abre la oportunidad a que candidatos poco conocidos y con bajo presupuesto puedan acceder a la competencia.
Para los ciudadanos que fueron a las urnas el domingo 4 de julio nada les garantiza que las cosas mejorarán. Ahora está en sus manos, a través de organizaciones civiles, a comprometerlos a efectuar los cambios que tanto necesitan para mejorar el acceso y la administración a la justicia, transparencia en el manejo de los recursos públicos, buenos catastros y registros públicos de la propiedad, y de manera especial recordarles que también son responsables del crecimiento económico y el abatimiento de la pobreza.
Economista
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