José Fernández Santillan
Convengamos en que la propuesta de reforma política presentada por el presidente Felipe Calderón es un aliciente para que los mexicanos pongamos atención no solamente en los problemas económicos que agobian al país, sino también en lo que Giovanni Sartori ha llamado “la ingeniería constitucional”, o sea, la forma en que se puede mejorar el diseño de nuestras instituciones para que sirvan de una manera más conveniente a la causa de la democratización de México.
El decálogo presentado el martes 15 de diciembre debe ser motivo para reactivar la discusión en torno a la reforma del Estado. Por supuesto, los temas contenidos en la iniciativa presidencial no pueden ser los únicos. Me parece que más bien se trata de un mosaico (puzzle) al que se le deberán agregar o quitar algunas de sus piezas de acuerdo con los consensos que se logren alcanzar. Creo que de eso es consciente el propio jefe del Ejecutivo y su equipo de colaboradores en esta materia.
Asuntos como la segunda vuelta, la reelección de legisladores y alcaldes, la reducción del tamaño del Congreso, el aumento del umbral permitido para que los partidos conserven su registro, la iniciativa preferente, el veto parcial del Ejecutivo y las candidaturas independientes tienen el cometido, en mi concepto, de acotar el sistema de partidos y fortalecer el poder presidencial.
Lo que está faltando, sin embargo, es el reconocimiento de que en los últimos 12 años el poder en nuestro país se ha ido desplazando, para fortuna de nuestra democracia, del Ejecutivo al Legislativo. Y lo que se necesita, en consecuencia, es conducir a nuestro entramado político hacia el rumbo que en los hechos ya tomó; vale decir, darle alguna connotación parlamentaria o semiparlamentaria. En este tipo de régimen hay más incentivos para alcanzar acuerdos con base en la pluralidad que hoy caracteriza a la nación. No dudo al afirmar que en este tópico se localiza el eje de la transformación democrática del país.
Otro aspecto en el que, extrañamente, nadie ha puesto atención es que la iniciativa de Calderón quedó encajonada en temas referentes a los arreglos de tipo gubernamental. Sin embargo, para no empezar de cero y, sobre todo, abrir la perspectiva de una transformación de mayor calado, habría que recuperar lo que se hizo entre abril de 2007 y abril de 2008 gracias a la Ley para la Reforma del Estado que dividió los trabajos de la Comisión Ejecutiva para la Negociación y Construcción de Acuerdos (CENCA) en cinco grandes grupos: Régimen de Estado y Gobierno a cargo de Raymundo Cárdenas; Democracia y Sistema Electoral coordinado por Diódoro Carrasco; Federalismo en manos de Melquiades Morales; Reforma del Poder Judicial dirigido por César Camacho, y Garantías Sociales, bajo la responsabilidad de Héctor Ramírez.
Los temas que hoy saca a relucir Felipe Calderón ya habían sido ventilados en la mesa relativa al Régimen de Estado y Gobierno. Así pues, no hay nada nuevo bajo el sol y, por tanto, tampoco hay motivo para que se diga, como algunos lo han pregonado estruendosamente, que esta es la más importante iniciativa que se ha presentado desde los tiempo en que don Jesús Reyes Heroles (1977) planteó la reforma política.
Hay que ser más modestos y darle su valor real a la propuesta del Ejecutivo, o sea, como hemos dicho, es un buen acicate para reactivar la tarea pendiente de adecuar nuestras instituciones a una nueva etapa en la que la verticalidad autoritaria ceda el paso a la horizontalidad democrática.
Fuente: El Universal
jfsantillan@itesm.mx
El decálogo presentado el martes 15 de diciembre debe ser motivo para reactivar la discusión en torno a la reforma del Estado. Por supuesto, los temas contenidos en la iniciativa presidencial no pueden ser los únicos. Me parece que más bien se trata de un mosaico (puzzle) al que se le deberán agregar o quitar algunas de sus piezas de acuerdo con los consensos que se logren alcanzar. Creo que de eso es consciente el propio jefe del Ejecutivo y su equipo de colaboradores en esta materia.
Asuntos como la segunda vuelta, la reelección de legisladores y alcaldes, la reducción del tamaño del Congreso, el aumento del umbral permitido para que los partidos conserven su registro, la iniciativa preferente, el veto parcial del Ejecutivo y las candidaturas independientes tienen el cometido, en mi concepto, de acotar el sistema de partidos y fortalecer el poder presidencial.
Lo que está faltando, sin embargo, es el reconocimiento de que en los últimos 12 años el poder en nuestro país se ha ido desplazando, para fortuna de nuestra democracia, del Ejecutivo al Legislativo. Y lo que se necesita, en consecuencia, es conducir a nuestro entramado político hacia el rumbo que en los hechos ya tomó; vale decir, darle alguna connotación parlamentaria o semiparlamentaria. En este tipo de régimen hay más incentivos para alcanzar acuerdos con base en la pluralidad que hoy caracteriza a la nación. No dudo al afirmar que en este tópico se localiza el eje de la transformación democrática del país.
Otro aspecto en el que, extrañamente, nadie ha puesto atención es que la iniciativa de Calderón quedó encajonada en temas referentes a los arreglos de tipo gubernamental. Sin embargo, para no empezar de cero y, sobre todo, abrir la perspectiva de una transformación de mayor calado, habría que recuperar lo que se hizo entre abril de 2007 y abril de 2008 gracias a la Ley para la Reforma del Estado que dividió los trabajos de la Comisión Ejecutiva para la Negociación y Construcción de Acuerdos (CENCA) en cinco grandes grupos: Régimen de Estado y Gobierno a cargo de Raymundo Cárdenas; Democracia y Sistema Electoral coordinado por Diódoro Carrasco; Federalismo en manos de Melquiades Morales; Reforma del Poder Judicial dirigido por César Camacho, y Garantías Sociales, bajo la responsabilidad de Héctor Ramírez.
Los temas que hoy saca a relucir Felipe Calderón ya habían sido ventilados en la mesa relativa al Régimen de Estado y Gobierno. Así pues, no hay nada nuevo bajo el sol y, por tanto, tampoco hay motivo para que se diga, como algunos lo han pregonado estruendosamente, que esta es la más importante iniciativa que se ha presentado desde los tiempo en que don Jesús Reyes Heroles (1977) planteó la reforma política.
Hay que ser más modestos y darle su valor real a la propuesta del Ejecutivo, o sea, como hemos dicho, es un buen acicate para reactivar la tarea pendiente de adecuar nuestras instituciones a una nueva etapa en la que la verticalidad autoritaria ceda el paso a la horizontalidad democrática.
Fuente: El Universal
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