Guillermo Knochenhauer
El mayor problema del estancamiento económico y del deterioro social del país, es político. Nuestro sistema político ha quedado rebasado en su capacidad para administrar, arbitrar y resolver los conflictos conforme al interés nacional. Por lo general, las soluciones carecen de esa visión de Estado y ni siquiera favorecen intereses sectoriales, sino particulares.
Esa discapacidad de una de las funciones esenciales del Estado -la de ver por el interés nacional- ha provocado el estancamiento económico y cosas aún peores, como la extensión y profundidad de la corrupción, el deterioro moral que eso causa en la sociedad, el despojo de expectativas en un futuro mejor en amplias regiones y sectores sociales del país y el desprestigio internacional de México.
El problema de fondo no es la incapacidad política para construir acuerdos y resolver conflictos. A diario sabemos de los que sirven a las partes más fuertes, desde las grandes corporaciones empresariales y sindicales hasta gobernadores delincuentes que deberían estar en prisión.
Otros son menos evidentes, pero todos ofenden, como el arbitrario favoritismo con que el Ejecutivo maneja los subsidios y la cobranza de impuestos o las leyes que fabrican los diputados a modo, por ejemplo, del duopolio televisivo, o la parsimonia del poder judicial para hacer justicia a los padres de los 49 niños muertos en la guardería ABC hace 4 meses, contrastante con su acción fulminante para castigar a la estilista de las nalgas de Alejandra Guzmán.
El problema no es que el gobierno, los legisladores y jueces estén paralizados, sino que actúan con demasiada frecuencia por las razones equivocadas en actitud sumisa ante abusos de poderes fácticos que corrompen las leyes y a las autoridades encargadas de su aplicación. Ese, me parece, es el frente más vulnerable del sistema político frente a los poderes corporativos que impiden los cambios necesarios para reactivar las inversiones, el empleo e inclusive, una mejor distribución de la riqueza para que México vuelva a crecer en todo sentido.
El otro frente vulnerable es la inoperancia del arreglo institucional en su esencial función de articular el quehacer de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Sólo a este aspecto se refieren las propuestas de reforma política que envió el Presidente Calderón a la Comisión Permanente del Senado de la República para su consideración.
La iniciativa tiene el gran mérito de abrir la discusión sobre el Estado mexicano y las funciones que ha perdido junto con el sentido nacionalista del ejercicio del poder. El Estado requiere un nuevo arreglo institucional, pero sobre todo, requiere un nuevo pacto que vuelva a anteponer el interés nacional a los de grupos particulares. Lo más pernicioso es ignorar el problema, como lo hizo Fox.
Del contenido de la propuesta de Calderón, vale la pena advertir que confrontará al gobierno con los partidos en torno a la cuestión de si la reforma debe reforzar a la Presidencia de la República o al Congreso.
El Presidente justifica su iniciativa como un reforzamiento de la participación ciudadana en las decisiones de gobierno, pero el poder que en términos prácticos saldría fortalecido, si se aprobara el conjunto del decálogo, es el Ejecutivo Federal frente al Congreso.
De ahí que los partidos ya preparan su ofensiva a la iniciativa de Calderón con por lo menos cuatro agregados al decálogo: la revocación de mandato, la ratificación del gabinete por el Congreso, el plebiscito y la rendición de cuentas de los funcionarios.
Lo peor que puede suceder con la reforma política es que todo quede en un equilibrio de pesos y contrapesos de la división de poderes de nuestro sistema, que sea el resultado de cuotas negociadas entre el gobierno y los partidos para aparentar cambios que permitan conservar el estado de cosas.
Se requiere un pacto que dé lugar a un Estado capaz de restablecer las expectativas de seguridad, ingresos y convivencia entre los mexicanos.
knochenhauer@prodigy.net.mx
El mayor problema del estancamiento económico y del deterioro social del país, es político. Nuestro sistema político ha quedado rebasado en su capacidad para administrar, arbitrar y resolver los conflictos conforme al interés nacional. Por lo general, las soluciones carecen de esa visión de Estado y ni siquiera favorecen intereses sectoriales, sino particulares.
Esa discapacidad de una de las funciones esenciales del Estado -la de ver por el interés nacional- ha provocado el estancamiento económico y cosas aún peores, como la extensión y profundidad de la corrupción, el deterioro moral que eso causa en la sociedad, el despojo de expectativas en un futuro mejor en amplias regiones y sectores sociales del país y el desprestigio internacional de México.
El problema de fondo no es la incapacidad política para construir acuerdos y resolver conflictos. A diario sabemos de los que sirven a las partes más fuertes, desde las grandes corporaciones empresariales y sindicales hasta gobernadores delincuentes que deberían estar en prisión.
Otros son menos evidentes, pero todos ofenden, como el arbitrario favoritismo con que el Ejecutivo maneja los subsidios y la cobranza de impuestos o las leyes que fabrican los diputados a modo, por ejemplo, del duopolio televisivo, o la parsimonia del poder judicial para hacer justicia a los padres de los 49 niños muertos en la guardería ABC hace 4 meses, contrastante con su acción fulminante para castigar a la estilista de las nalgas de Alejandra Guzmán.
El problema no es que el gobierno, los legisladores y jueces estén paralizados, sino que actúan con demasiada frecuencia por las razones equivocadas en actitud sumisa ante abusos de poderes fácticos que corrompen las leyes y a las autoridades encargadas de su aplicación. Ese, me parece, es el frente más vulnerable del sistema político frente a los poderes corporativos que impiden los cambios necesarios para reactivar las inversiones, el empleo e inclusive, una mejor distribución de la riqueza para que México vuelva a crecer en todo sentido.
El otro frente vulnerable es la inoperancia del arreglo institucional en su esencial función de articular el quehacer de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Sólo a este aspecto se refieren las propuestas de reforma política que envió el Presidente Calderón a la Comisión Permanente del Senado de la República para su consideración.
La iniciativa tiene el gran mérito de abrir la discusión sobre el Estado mexicano y las funciones que ha perdido junto con el sentido nacionalista del ejercicio del poder. El Estado requiere un nuevo arreglo institucional, pero sobre todo, requiere un nuevo pacto que vuelva a anteponer el interés nacional a los de grupos particulares. Lo más pernicioso es ignorar el problema, como lo hizo Fox.
Del contenido de la propuesta de Calderón, vale la pena advertir que confrontará al gobierno con los partidos en torno a la cuestión de si la reforma debe reforzar a la Presidencia de la República o al Congreso.
El Presidente justifica su iniciativa como un reforzamiento de la participación ciudadana en las decisiones de gobierno, pero el poder que en términos prácticos saldría fortalecido, si se aprobara el conjunto del decálogo, es el Ejecutivo Federal frente al Congreso.
De ahí que los partidos ya preparan su ofensiva a la iniciativa de Calderón con por lo menos cuatro agregados al decálogo: la revocación de mandato, la ratificación del gabinete por el Congreso, el plebiscito y la rendición de cuentas de los funcionarios.
Lo peor que puede suceder con la reforma política es que todo quede en un equilibrio de pesos y contrapesos de la división de poderes de nuestro sistema, que sea el resultado de cuotas negociadas entre el gobierno y los partidos para aparentar cambios que permitan conservar el estado de cosas.
Se requiere un pacto que dé lugar a un Estado capaz de restablecer las expectativas de seguridad, ingresos y convivencia entre los mexicanos.
knochenhauer@prodigy.net.mx
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