Guillermo Knochenhauer
Hay diferencias entre hacer política y administrar programas. En la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Alimentación, Recursos Naturales y Pesca se han estado reuniendo, desde el miércoles y hasta hoy, las otras 12 secretarías que participan en el Programa Especial Concurrente para el campo. Se han reunido por sectores para revisar las reglas de operación de sus respectivos programas con la intención (declarada) de hacerlos más eficientes.
La eficacia económica y social de esos programas no es tema de estas reuniones ni lo ha sido de otras, a pesar de que se sabe que no “dan en el blanco” y que no se pueden medir sus resultados porque, como dijo Francisco Mayorga hace un par de meses, “no hay objetivos ni metas”. Ese reconocimiento del recién nombrado el titular de Sagarpa abrió la esperanza de que habría una revisión de la política de desarrollo rural. Sin embargo, no ha habido indicios en ese sentido en las respuestas dadas a recomendaciones de algunas organizaciones campesinas.
Queda entonces el absurdo de que una mejor administración de programas y hacer que tengan un mínimo de articulación entre sí, puede llegar a acentuar los problemas que esos programas han contribuido a crear.
Todo lo que se ha hecho desde hace décadas para “elevar la eficiencia productiva de los campesinos y combatir la pobreza rural” ha tenido costos enormes en dinero, tiempo y desconfianza hacia las instituciones, sin que se haya superado la crisis rural atribuida a su baja productividad y competitividad mercantil. El campo sigue siendo el contorno de los más pobres del país.
Si por ejemplo, el propósito tan declarado como abstracto, inasible e inalcanzado de “combatir la pobreza rural” se sustituyera por el objetivo de atemperar las desigualdades en el campo, se tendría claridad para adecuar las reglas de operación de programas como el de Apoyos Directos al Campo (Procampo) a ese fin.
Procampo es el programa con más dinero y es también el que mejor se distribuye, a pesar de que el 76 por ciento de los campesinos sólo recibió el 34 por ciento del subsidio y el 24 por ciento se quedó con el 66 por ciento de los 16,803 millones de pesos que se ejercieron en 2008.
En 2009 se aplicó un correctivo a las reglas de operación de ese programa que no cambió significativamente su inequidad: se le aumentó de 1160 a 1300 pesos la cuota por hectárea para los productores con menos de cinco hectáreas y se fijó un máximo de cien mil pesos –que corresponde a 86 hectáreas según la cuota vigente- que puede recibir un mismo productor.
Con esos cambios, el programa sigue siendo prácticamente el mismo: los que más tierra tienen, reciben más subsidio. Si el propósito de la política rural fuera atemperar las desigualdades, el otorgamiento de ese subsidio tendría que sufrir cambios sustantivos.
El más importante, como lo han propuesto algunas organizaciones, es que se ponga un tope de 10 o máximo 20 hectáreas a la superficie que cada productor pueda inscribir, y no las 86 hectáreas actuales. Si fuera de 20 hectáreas seguiría beneficiándose al 96.2 por ciento de las unidades agrícolas pero varios miles de millones de pesos se reasignarían a favor de quienes más necesitan el subsidio.
También es importante que el subsidio del Procampo se le dé al dueño de la tierra y no a quien la renta y que se entregue con suficiente anticipación a las siembras para que los productores no tengan que endeudarse para comprar todos sus insumos.
Otra serie de medidas que contribuirían a atemperar la desigualdad económica y social rural tiene que ver con la complicadísima tramitación de los diversos programas. Los productores que la pueden seguir son quienes le pagan a un despacho especializado para que elabore los proyectos y se haga cargo de la tramitación que exigen los apoyos.
Requisitos y trámites forman una barrera detrás de la cual quedan millones de campesinos e inclusive organizaciones locales y regionales desconocidas para la burocracia. Pero esa complicación corresponde a programas cuyo diseño está hecho para que acaparen los apoyos los productores con más recursos y al revés, su simplificación requiere que primero cambien las políticas.
knochenhauer@prodigy.net.mx
Hay diferencias entre hacer política y administrar programas. En la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Alimentación, Recursos Naturales y Pesca se han estado reuniendo, desde el miércoles y hasta hoy, las otras 12 secretarías que participan en el Programa Especial Concurrente para el campo. Se han reunido por sectores para revisar las reglas de operación de sus respectivos programas con la intención (declarada) de hacerlos más eficientes.
La eficacia económica y social de esos programas no es tema de estas reuniones ni lo ha sido de otras, a pesar de que se sabe que no “dan en el blanco” y que no se pueden medir sus resultados porque, como dijo Francisco Mayorga hace un par de meses, “no hay objetivos ni metas”. Ese reconocimiento del recién nombrado el titular de Sagarpa abrió la esperanza de que habría una revisión de la política de desarrollo rural. Sin embargo, no ha habido indicios en ese sentido en las respuestas dadas a recomendaciones de algunas organizaciones campesinas.
Queda entonces el absurdo de que una mejor administración de programas y hacer que tengan un mínimo de articulación entre sí, puede llegar a acentuar los problemas que esos programas han contribuido a crear.
Todo lo que se ha hecho desde hace décadas para “elevar la eficiencia productiva de los campesinos y combatir la pobreza rural” ha tenido costos enormes en dinero, tiempo y desconfianza hacia las instituciones, sin que se haya superado la crisis rural atribuida a su baja productividad y competitividad mercantil. El campo sigue siendo el contorno de los más pobres del país.
Si por ejemplo, el propósito tan declarado como abstracto, inasible e inalcanzado de “combatir la pobreza rural” se sustituyera por el objetivo de atemperar las desigualdades en el campo, se tendría claridad para adecuar las reglas de operación de programas como el de Apoyos Directos al Campo (Procampo) a ese fin.
Procampo es el programa con más dinero y es también el que mejor se distribuye, a pesar de que el 76 por ciento de los campesinos sólo recibió el 34 por ciento del subsidio y el 24 por ciento se quedó con el 66 por ciento de los 16,803 millones de pesos que se ejercieron en 2008.
En 2009 se aplicó un correctivo a las reglas de operación de ese programa que no cambió significativamente su inequidad: se le aumentó de 1160 a 1300 pesos la cuota por hectárea para los productores con menos de cinco hectáreas y se fijó un máximo de cien mil pesos –que corresponde a 86 hectáreas según la cuota vigente- que puede recibir un mismo productor.
Con esos cambios, el programa sigue siendo prácticamente el mismo: los que más tierra tienen, reciben más subsidio. Si el propósito de la política rural fuera atemperar las desigualdades, el otorgamiento de ese subsidio tendría que sufrir cambios sustantivos.
El más importante, como lo han propuesto algunas organizaciones, es que se ponga un tope de 10 o máximo 20 hectáreas a la superficie que cada productor pueda inscribir, y no las 86 hectáreas actuales. Si fuera de 20 hectáreas seguiría beneficiándose al 96.2 por ciento de las unidades agrícolas pero varios miles de millones de pesos se reasignarían a favor de quienes más necesitan el subsidio.
También es importante que el subsidio del Procampo se le dé al dueño de la tierra y no a quien la renta y que se entregue con suficiente anticipación a las siembras para que los productores no tengan que endeudarse para comprar todos sus insumos.
Otra serie de medidas que contribuirían a atemperar la desigualdad económica y social rural tiene que ver con la complicadísima tramitación de los diversos programas. Los productores que la pueden seguir son quienes le pagan a un despacho especializado para que elabore los proyectos y se haga cargo de la tramitación que exigen los apoyos.
Requisitos y trámites forman una barrera detrás de la cual quedan millones de campesinos e inclusive organizaciones locales y regionales desconocidas para la burocracia. Pero esa complicación corresponde a programas cuyo diseño está hecho para que acaparen los apoyos los productores con más recursos y al revés, su simplificación requiere que primero cambien las políticas.
knochenhauer@prodigy.net.mx
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