MOMENTO DE DECISIÓN

Francisco Valdés Ugalde / El Universal En las próximas elecciones México enfrenta un momento de decisión que podría hacer la diferencia entre continuar por el camino del pluralismo democrático hasta llegar a establecer un régimen compatible con él o regresar a un modelo político en el que una alternativa predominante se lleve las fichas principales del juego y deje a la mayoría o a la mitad virtual del electorado fuera de la relevancia política en materia de decisiones de gobierno. Cuatro escenarios posibles se perfilan. El más probable es uno en que el Ejecutivo sería conseguido por el PRI aunque sin obtener mayoría en las Cámaras. El segundo, menos probable pero igualmente posible, en el que ganaría, además, mayoría en ambas Cámaras. El tercero, igual que el anterior pero con mayoría en sólo una Cámara. Y el cuarto, en apariencia cada vez más lejano, en que uno de tres peleará cerradamente con los otros dos sin obtener mayoría en el Congreso. Visto así, la decisión más importante que tomarán los electores, a sabiendas o no, es si se continúa o se interrumpe el camino elegido en 1996 de construir un sistema democrático y pluralista. Puesto al revés, se trata de si damos marcha atrás hacia una situación más parecida al “statu quo” anterior a ese año o si persistimos en completar el edificio democrático que está a medias. El reto más importante del sistema político mexicano desde 1997, cuando se probó que la reforma electoral funcionaba para la alternancia, era volver sobre el tema dejado en la mesa de negociaciones: ¿cómo transformar un régimen político que fue hecho para ejercer el poder autoritariamente de modo que responda a la nueva realidad democrática? Ante esta cuestión fallaron todos los actores políticos relevantes. El partido gobernante entre 2000 y 2012, el partido mayoritario de la izquierda, el pequeño sector del PRI que se sumó a estos esfuerzos y los grupos de la sociedad civil que vieron la problemática en clave de este horizonte. Una y otra vez fueron incapaces de tomar la iniciativa, a pesar de varias coyunturas altamente favorables para hacerlo, como fue la del primer año del foxismo. O peor, negaron que el problema fuera ése y en su lugar se trataba de habituarnos a una “normalidad democrática” ficticia, en que la faena principal no era la transformación de los enclaves autoritarios del régimen, sino la alternancia como único valor relevante. El proyecto de reforma del Estado fue minimizado, ninguneado y rechazado una y otra vez. Ilusos, se dijo, eran los que lo postularon. La mexicana fue una transición democrática mal diseñada. Los acuerdos de 1996 no dieron paso ni a un nuevo pacto social, ni a un proyecto de reformas que, retroalimentándose con el primero, abrieran el paso a fuerzas emergentes que pudieran desplazar la posición hegemónica de los actores sociales y económicos que fueron beneficiarios del sistema presidencialista de partido hegemónico. Estos intereses se mantuvieron, supieron seducir y someter al Ejecutivo, imponer bancadas relevantes en el Legislativo para la defensa de sus intereses, acorazarse en las estructuras corporativas tradicionales en empresas y servicios del Estado y hacerse de influencia decisiva en los poderes territoriales de las entidades federativas. Un contexto en el que predomina este panorama de viejos factores determinantes en lo económico y social es desfavorable para que otros actores “modernizadores” hagan acto de presencia en los bloques de poder. A lo largo de una década hemos visto de qué modo los entes reguladores autónomos han sido objeto de ataque y desgaste del escaso poder con que fueron dotados. Los graves problemas de bajo crecimiento, falta de competitividad y productividad, desigualdad social, pobreza, bajo nivel de acceso a la justicia entre otros se originan en esa estática de los factores de poder. Si ésa era la democracia que se buscaba construir, menudo favor se le hizo a las aspiraciones de la sociedad mexicana. El desprestigio del pluralismo por supuestamente ineficaz se origina en la falacia de que debería funcionar así como así. El hecho es que las reglas de inducción de decisiones de los poderes en materia de políticas públicas en el sistema mexicano no se corresponden con el pluralismo. Era necesario establecerlas, y el único camino era avanzar hacia gobiernos de coalición y formas de representación más mixtas que las existentes. También suponía reordenar el federalismo y, por encima de todo, resucitar el municipio. Nada resiste al vacío. Tarde o temprano se llena. No haber reformado el ejercicio del poder puede ser la causa del fin del pluralismo y el nacimiento de una nueva forma de exclusión política. En las próximas elecciones los ciudadanos nos enfrentamos a esta bifurcación de los caminos. Por eso será un momento de decisión importante.