La detención de tres generales por supuestos vínculos
con el narcotráfico abre una brecha entre el poder civil y militar
Algunos
analistas creen que hay una motivación política en las detenciones
Luis Prados México / El País
La detención
de tres generales, esta semana, por presuntos vínculos con el narcotráfico, sin
precedentes en la historia moderna de México, abrirá sin duda una nueva etapa
en las relaciones entre el poder civil y los militares en este país. El
estallido del caso, en el ecuador de la campaña electoral, ha desatado las
especulaciones sobre la extensión de la corrupción en las filas del Ejército
—implicado por el presidente Felipe Calderón en la guerra lanzada a principios de su mandato, en
2007, contra el crimen organizado— y también sobre la posible intencionalidad
política de estos arrestos en vísperas de un cambio de Administración tras las
elecciones del próximo 1 de julio.
El general de división retirado Tomás Ángeles
Dauahare, un militar de gran prestigio y ex número dos de la Secretaría de la
Defensa Nacional, y el general brigadier Roberto Dawe González, fueron detenidos el martes por su supuesta relación con el cartel de los hermanos Beltrán Leyva, muy
mermado en la actualidad, al que habrían brindado protección en años pasados.
Ahora se ha sabido que el general Ángeles estaba siendo investigado desde
tiempo atrás por la agencia antidrogas
de Estados Unidos (DEA). El general Dawe dirigió una división del Ejército en el Estado de Colima,
en el Pacífico, una ruta clave en el tráfico de drogas al norte, y fue
representante de la Procuraduría General de la República (PGR) en el violento
Estado de Chihuahua, fronterizo con EE UU.
El tercer
militar arrestado, en la noche del jueves y al parecer en Veracruz, el general
de división también retirado Ricardo Escorcia Vargas, había desempeñado a
principios del sexenio de Calderón el cargo de subjefe Administrativo y
Logístico del Estado Mayor, uno de los 12 puestos más importantes en el
organigrama de la Defensa Nacional. Escorcia Vargas se vio envuelto en un
turbio asunto a finales de 2007, cuando comandaba la 24 Zona Militar. En aquel
entonces militares y agentes de la Policía Federal Preventiva permitieron el
aterrizaje de un avión cargado de cocaína procedente de Suramérica en el
aeropuerto de Mariano-Matamoros, en el Estado de Morelos (centro del país),
donde tanto los tripulantes como la droga desaparecieron. El avión estaba
siendo monitorizado por la DEA. El general fue separado y degradado, pero
finalmente salió limpio y fue enviado al Estado de Sinaloa (oeste) como jefe de
la Tercera Región Militar, cargo en el que apenas duró dios meses, pues en 2008
solicitó un año sabático.
Funcionarios
de la PGR a cargo de la investigación, dan por seguro que serán detenidos más
militares en las próximas horas y niegan que éstas tengan relación con la
política. “Las detenciones carecen de connotación o relación alguna con las
campañas en curso o los candidatos en contienda”, ha declarado la PGR en un
comunicado.
Las investigaciones
contra los tres generales surgen a partir de las declaraciones de diversos
testigos protegidos, identificados con los nombres de Jennifer, Mateo e Iván,
hombres al servicio del cartel de los hermanos Beltrán Leyva, que ya han
realizado imputaciones en otros casos en el pasado que luego no fueron
sustentadas.
La detención
del general Ángeles, un militar de trayectoria intachable hasta su retiro en
2008, ha sido acogida con gran sorpresa entre académicos expertos en el mundo
castrense, como Sergio Aguayo y Raúl Benítez Manaut. Este último subraya que el
jefe militar era un hombre de despacho, al que le gustaba la compañía de
intelectuales, y que “los narcos, a quienes habitualmente corrompen, es a los
jefes con mando de tropas que actúan sobre el terreno”.
Otros
comentaristas apuntaban ayer en la prensa mexicana a la posibilidad de enconos
personales dentro de las Fuerzas Armadas, la existencia de un grupo de
generales disconformes con la estrategia de guerra contra el narco ordenada por
el presidente Calderón, e incluso una suerte de “asesinato de la reputación”,
es decir, una operación política para desacreditarle y apartarle de la élite
militar que acompañará al próximo presidente de México.
El general
Ángeles participó el pasado 9 de mayo en un foro de seguridad organizado por la
Fundación Colosio en San Luis Potosí a la que asistió el candidato del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Enrique
Peña Nieto, en el marco de su campaña electoral. En aquel foro, el general
criticó públicamente la falta de objetivos definidos en la lucha contra el
crimen organizado. “Me atrevo a decir que no tenemos estrategia de seguridad
nacional”, afirmó. Invitó a desarrollar un plan coherente en ese combate “y no
estar dando brochazos por diferentes circunstancias a través de líneas de
acción que nos conducen a veces a la nada”. También defendió la creación de una
nueva policía o guardia nacional. Peña Nieto no ha perdido un segundo en
desligarse del general tras su detención.
Los
generales Ángeles y Dawe se encuentran actualmente bajo arraigo durante 40
días, una figura jurídica muy discutida en México, pues permite la extensión de
la detención durante todos esos días sin presentación de cargos mientras
continúan las investigaciones. Los militares podrían ser procesados penalmente
por la justicia civil por los delitos de delincuencia organizada y contra la
salud. Los arrestos se producen también en medio de un recrudecimiento de la
violencia de los carteles de la droga con centenares de muertos en lo que va de
mes.
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