El ajuste en 2012 es una obligación inmediata, pero es necesaria una estrategia de reactivación
Casi todos los detalles del Presupuesto del Estado para 2012 conocidos ayer confirman la voluntad del Gobierno de centrar su política económica única y exclusivamente en el cumplimiento del objetivo de déficit fijado por Europa (5,3% del PIB) y olvidar, quizá solo circunstancialmente, cualquier intento de reanimar la economía. El Presupuesto retrata con crudeza, sin matices, la situación de una economía pública que, después de años de prosperidad, ha ido perdiendo margen de maniobra paulatinamente desde 2009 y hoy se encuentra en una situación de pobreza. Los perfiles del retrato son inmisericordes: la financiación de la investigación desciende el 34%, la inversión en infraestructuras cae a la mitad de lo presupuestado en 2010, las partidas sociales se desploman (el dinero para políticas de empleo se reduce en el 21%) o simplemente se declaran en vías de extinción, como el recorte a la partida contra la violencia machista y las becas, que sufren un recorte de más de 160 millones.
El Presupuesto es depresivo y refleja con cierta exactitud la situación de angustia que se ha instalado en la economía española. Confirma además que los Gobiernos tienden a recortar sin demasiada finura, sea porque no saben o sea porque no pueden cortar gastos sin ir al bulto. Las políticas sociales, la inversión en cultura, parte de las ayudas a la educación resultan gravemente afectadas para este año. Desaparecen, sin más, los compromisos de inversiones regionalizadas previstos en los estatutos de autonomía. Pero estas cuentas públicas plantean preocupaciones inmediatas. La primera es de orden práctico. En términos prudentes, parece poco probable que con este Presupuesto se pueda reducir el déficit en tres puntos del PIB (salvo contabilidad creativa). A pesar de los parabienes europeos, que suenan más a gritos de ánimo que a cálculos fundados, el mensaje del ajuste expresado en el Presupuesto pierde contundencia por la ausencia de una subida creíble de impuestos (IVA) y una recesión que se prolongará al menos durante los próximos cinco trimestres.
El presidente del Gobierno ha planteado el recorte presupuestario en términos de ultimátum: “El ajuste es la única vía para evitar la intervención”. Si lo que teme Rajoy es una intervención como la que han sufrido Grecia, Irlanda o Portugal, debe advertir que, dada la compleja situación de la economía mundial y de los mercados financieros, la austeridad presupuestaria no es condición suficiente para evitarla. La línea que separa a la política de austeridad de la intervención se llama capacidad de crecimiento económico. El Presupuesto ayer detallado responde a una preocupación lógica por el cumplimiento del objetivo de déficit; pero implica una contracción adicional del PIB de tres décimas. Es decir, en lugar de la contracción del PIB del 1,7% prevista oficial, probablemente se llegará al -2% este año.
La experiencia de esta crisis demuestra que los mercados financieros, incluso tranquilizados por la inundación de liquidez que vence en 2015, exigen de entrada estabilidad presupuestaria, pero no tardan en argumentar que la incapacidad para crecer impide la devolución de las deudas. Con lo cual el remedio pasa a convertirse en causa de la enfermedad. De ahí que convenga despejar cuanto antes la duda esencial sobre la actual política económica: ¿tiene el Gobierno alguna estrategia de recuperación de la actividad y el empleo? Si un ajuste de 3 puntos en 2012 es difícil de conseguir y ahonda dolorosamente en la recesión, el adicional que deberá poner en marcha en el Presupuesto de 2013, para bajar el déficit al 3%, prolongará la travesía del desierto. Dicho está: la política de ajuste es una obligación inmediata; pero la de reactivación económica, aunque implique subida de impuestos, es imprescindible
Fuente: El País
Casi todos los detalles del Presupuesto del Estado para 2012 conocidos ayer confirman la voluntad del Gobierno de centrar su política económica única y exclusivamente en el cumplimiento del objetivo de déficit fijado por Europa (5,3% del PIB) y olvidar, quizá solo circunstancialmente, cualquier intento de reanimar la economía. El Presupuesto retrata con crudeza, sin matices, la situación de una economía pública que, después de años de prosperidad, ha ido perdiendo margen de maniobra paulatinamente desde 2009 y hoy se encuentra en una situación de pobreza. Los perfiles del retrato son inmisericordes: la financiación de la investigación desciende el 34%, la inversión en infraestructuras cae a la mitad de lo presupuestado en 2010, las partidas sociales se desploman (el dinero para políticas de empleo se reduce en el 21%) o simplemente se declaran en vías de extinción, como el recorte a la partida contra la violencia machista y las becas, que sufren un recorte de más de 160 millones.
El Presupuesto es depresivo y refleja con cierta exactitud la situación de angustia que se ha instalado en la economía española. Confirma además que los Gobiernos tienden a recortar sin demasiada finura, sea porque no saben o sea porque no pueden cortar gastos sin ir al bulto. Las políticas sociales, la inversión en cultura, parte de las ayudas a la educación resultan gravemente afectadas para este año. Desaparecen, sin más, los compromisos de inversiones regionalizadas previstos en los estatutos de autonomía. Pero estas cuentas públicas plantean preocupaciones inmediatas. La primera es de orden práctico. En términos prudentes, parece poco probable que con este Presupuesto se pueda reducir el déficit en tres puntos del PIB (salvo contabilidad creativa). A pesar de los parabienes europeos, que suenan más a gritos de ánimo que a cálculos fundados, el mensaje del ajuste expresado en el Presupuesto pierde contundencia por la ausencia de una subida creíble de impuestos (IVA) y una recesión que se prolongará al menos durante los próximos cinco trimestres.
El presidente del Gobierno ha planteado el recorte presupuestario en términos de ultimátum: “El ajuste es la única vía para evitar la intervención”. Si lo que teme Rajoy es una intervención como la que han sufrido Grecia, Irlanda o Portugal, debe advertir que, dada la compleja situación de la economía mundial y de los mercados financieros, la austeridad presupuestaria no es condición suficiente para evitarla. La línea que separa a la política de austeridad de la intervención se llama capacidad de crecimiento económico. El Presupuesto ayer detallado responde a una preocupación lógica por el cumplimiento del objetivo de déficit; pero implica una contracción adicional del PIB de tres décimas. Es decir, en lugar de la contracción del PIB del 1,7% prevista oficial, probablemente se llegará al -2% este año.
La experiencia de esta crisis demuestra que los mercados financieros, incluso tranquilizados por la inundación de liquidez que vence en 2015, exigen de entrada estabilidad presupuestaria, pero no tardan en argumentar que la incapacidad para crecer impide la devolución de las deudas. Con lo cual el remedio pasa a convertirse en causa de la enfermedad. De ahí que convenga despejar cuanto antes la duda esencial sobre la actual política económica: ¿tiene el Gobierno alguna estrategia de recuperación de la actividad y el empleo? Si un ajuste de 3 puntos en 2012 es difícil de conseguir y ahonda dolorosamente en la recesión, el adicional que deberá poner en marcha en el Presupuesto de 2013, para bajar el déficit al 3%, prolongará la travesía del desierto. Dicho está: la política de ajuste es una obligación inmediata; pero la de reactivación económica, aunque implique subida de impuestos, es imprescindible
Fuente: El País
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