Lilia González / El Economista
La inseguridad y el crimen organizado han llegado a niveles nunca antes vistos, superando al Estado mexicano, al grado de deteriorar la competitividad de México con el cierre de 160,000 empresas, tan sólo en el 2011, denunció el sector patronal del país.
“Ocho de cada diez mexicanos consideran que la seguridad hoy es peor a la que se vivía hace un año y tres de cada diez han sido víctimas de un delito en los últimos tres meses… No solo se está alterando la vida de los mexicanos; la economía también está siendo afectada por esta situación”, aseveró Alberto Espinosa Desigaud, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Especificó que en el norte del país, la prima de los seguros aumentó 30%; 24 millones de viajeros fronterizos prefieren ya no hospedarse en México, con lo que se ha perdido una derrama económica de más de 800 millones dólares en los últimos cinco años.
“Hay frustración y decepción en todos los sectores de la sociedad, por la impunidad que predomina en el país y la falta de responsabilidad de las autoridades… El Estado no está cumpliendo con su principal obligación: garantizar la seguridad y la integridad física y patrimonial de todos los ciudadanos. Los esfuerzos realizados hasta ahora han sido insuficientes”, acotó el empresario.
A través de la Señal Coparmex, el líder de los patrones sostuvo que el crimen organizado está deteriorando la competitividad de las entidades federativas, desalentando la inversión nacional y extranjera, causando el cierre de empresas formales. “Tan sólo en 2011 más de 160,000 empresas dejaron de operar en todo el país”, refirió.
Exigió a los candidatos se dejen de retórica y asuman el compromiso de mejorar la política de seguridad pública. Urge evaluar la estrategia de la lucha contra el crimen implementada por el gobierno federal para identificar áreas de oportunidad y diseñar nuevos programas, más eficaces.
“Debemos trabajar en la reconstrucción del tejido social mediante programas de empleo y educación en zonas de alta marginación en las que hay gran incidencia de criminalidad”, dijo.
Espinosa Desigaud exigió al Congreso apruebe la ley de combate al lavado de dinero antes de que termine el periodo ordinario de sesiones, así como la ley de seguridad nacional, para contar con un marco jurídico apropiado, normas que definan con precisión las responsabilidades de las autoridades de todos los niveles.
En su mensaje semanal dirigido a sus agremiados abundó que n los últimos cinco años los delitos ocurridos en el país pasaron de 1.5 a 1.8 millones. El homicidio doloso se ha duplicado y el secuestro ha repuntado 81%; en Durango, Tamaulipas y Guerrero, el incremento en ambos delitos ha sido superior al promedio nacional.
La inseguridad y el crimen organizado han llegado a niveles nunca antes vistos, superando al Estado mexicano, al grado de deteriorar la competitividad de México con el cierre de 160,000 empresas, tan sólo en el 2011, denunció el sector patronal del país.
“Ocho de cada diez mexicanos consideran que la seguridad hoy es peor a la que se vivía hace un año y tres de cada diez han sido víctimas de un delito en los últimos tres meses… No solo se está alterando la vida de los mexicanos; la economía también está siendo afectada por esta situación”, aseveró Alberto Espinosa Desigaud, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Especificó que en el norte del país, la prima de los seguros aumentó 30%; 24 millones de viajeros fronterizos prefieren ya no hospedarse en México, con lo que se ha perdido una derrama económica de más de 800 millones dólares en los últimos cinco años.
“Hay frustración y decepción en todos los sectores de la sociedad, por la impunidad que predomina en el país y la falta de responsabilidad de las autoridades… El Estado no está cumpliendo con su principal obligación: garantizar la seguridad y la integridad física y patrimonial de todos los ciudadanos. Los esfuerzos realizados hasta ahora han sido insuficientes”, acotó el empresario.
A través de la Señal Coparmex, el líder de los patrones sostuvo que el crimen organizado está deteriorando la competitividad de las entidades federativas, desalentando la inversión nacional y extranjera, causando el cierre de empresas formales. “Tan sólo en 2011 más de 160,000 empresas dejaron de operar en todo el país”, refirió.
Exigió a los candidatos se dejen de retórica y asuman el compromiso de mejorar la política de seguridad pública. Urge evaluar la estrategia de la lucha contra el crimen implementada por el gobierno federal para identificar áreas de oportunidad y diseñar nuevos programas, más eficaces.
“Debemos trabajar en la reconstrucción del tejido social mediante programas de empleo y educación en zonas de alta marginación en las que hay gran incidencia de criminalidad”, dijo.
Espinosa Desigaud exigió al Congreso apruebe la ley de combate al lavado de dinero antes de que termine el periodo ordinario de sesiones, así como la ley de seguridad nacional, para contar con un marco jurídico apropiado, normas que definan con precisión las responsabilidades de las autoridades de todos los niveles.
En su mensaje semanal dirigido a sus agremiados abundó que n los últimos cinco años los delitos ocurridos en el país pasaron de 1.5 a 1.8 millones. El homicidio doloso se ha duplicado y el secuestro ha repuntado 81%; en Durango, Tamaulipas y Guerrero, el incremento en ambos delitos ha sido superior al promedio nacional.
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