Alberto Aziz Nassif / El Universal
Después de la Marcha por la Paz, la justicia y la dignidad, se ha empezado a construir un movimiento ciudadano con el objetivo de hacer un pacto social, una agenda de exigencias ciudadanas a la autoridad. Ya se dio a conocer una agenda de seis puntos y ahora se prepara la firma del pacto social en Ciudad Juárez para el 10 de junio, a donde arribará una caravana encabezada por Javier Sicilia. Se firmará en Juárez por ser la periferia urbana más destruida por la violencia.
No hay que buscar debajo de las piedras para saber que existe una enorme energía social que ha empezado a incorporar sus demandas de alto a la guerra y a la violencia. No hay que perder tiempo frente a ciertas interpretaciones que ven en la marcha y en este movimiento capturas, manipulaciones o intenciones oscuras. Desde que se iniciaron las primeras acciones se tiene la suficiente legitimidad para que el movimiento sea reconocido y respetado; su carisma está en su espontaneidad y en su energía. Sin embargo, este movimiento tiene muchos retos a los que tendrá que responder y muchos desafíos que superar.
El origen establece marcas importantes sobre la naturaleza del movimiento: el foco central son las víctimas de la guerra y la violencia, los que han perdido la vida y sus familias. Una parte muy destacada de la actividad ha sido recuperar la memoria de las víctimas, darles visibilidad, rendirles un homenaje y, sobre todo, demandar justicia frente a la impunidad que domina. Se han sumado al movimiento personas de muchas partes del país; la construcción de la memoria ha sumado a la gente. Pero la agenda va más lejos; no se queda en la demanda de justicia, se extiende sobre las características estructurales que generan violencia, la compleja relación internacional del problema de las drogas, las armas, la migración, la relación bilateral entre México y Estados Unidos, temas que son suficientemente relevantes para plantear el difícil momento por el que atraviesa el país.
La agenda contiene seis grandes demandas: 1) la justicia a las víctimas que hasta ahora permanecen en la impunidad y el olvido; hay una larga lista de muertes que cada día crece y aumenta la dimensión de la tragedia. 2) Transformar el enfoque de la estrategia gubernamental, es necesario pasar de los inventarios de muertes, capturas y decomisos, hacia una seguridad que reduzca la violencia y las muertes. Lo que se ha hecho hasta ahora, a pesar del empecinamiento del gobierno, no está funcionando. Faltó cálculo de lo que implicaba esta guerra, como dice Amnistía Internacional. 3) Además de combatir la impunidad, urgen medidas contra la corrupción. Reformas para transformar instituciones, acotar privilegios y fueros, en suma, un sistema de rendición de cuentas y de impartición de justicia en serio. 4) El combate al lavado de dinero, que es lo que han hecho otros países para combatir el problema; hasta ahora el enfoque punitivo ha descuidado la parte financiera y económica del negocio. 5) La recuperación de los tejidos sociales pasa por un cambio de enfoque hacia los jóvenes, víctimas involuntarias de un modelo de desarrollo que cierra espacios y oportunidades. 6) La exigencia de reformas políticas que puedan fortalecer la agónica democracia representativa que padecemos.
También se ha planteado un diálogo con el gobierno. Ni el momento, ni la gravedad de la violencia que vive el país están para tener interminables mesas e intercambios que no van a ninguna parte. No sería aceptable una reedición de los “diálogos por la seguridad” que no sirvieron de nada, o las mesas que llevaron al plan “Todos somos Juárez”, que derramaron recursos sin contenido y sin ir a los problemas de fondo. Hay que pensar en otros esquemas, con otros formatos que puedan darle la vuelta a farragosos documentos y a la demagogia de los compromisos burocráticos. Por lo pronto, se demanda diálogo abierto, centrado en las víctimas y con una amplia agenda.
El país se encuentra atrapado, la economía es cada vez más precaria y el modelo económico desintegra a la sociedad (más informalidad, 28.8% de la PEA, y más desempleo, 5.17%); la corrupción es un cáncer que se extiende (en cualquier área hay graves problemas, como sucedió ahora en el INM). La lucha antinarco está mal y descoordinada, en palabras del director del Cisen. Pero una cosa es cierta, si no hay cambios visibles y resultados específicos en el corto plazo, la oportunidad de un movimiento pacífico que demanda paz y justicia se perderá, y con ello se profundizará la descomposición, la incertidumbre y la violencia. El tiempo es breve y el calendario político está lleno de obstáculos e intereses.
Después de la Marcha por la Paz, la justicia y la dignidad, se ha empezado a construir un movimiento ciudadano con el objetivo de hacer un pacto social, una agenda de exigencias ciudadanas a la autoridad. Ya se dio a conocer una agenda de seis puntos y ahora se prepara la firma del pacto social en Ciudad Juárez para el 10 de junio, a donde arribará una caravana encabezada por Javier Sicilia. Se firmará en Juárez por ser la periferia urbana más destruida por la violencia.
No hay que buscar debajo de las piedras para saber que existe una enorme energía social que ha empezado a incorporar sus demandas de alto a la guerra y a la violencia. No hay que perder tiempo frente a ciertas interpretaciones que ven en la marcha y en este movimiento capturas, manipulaciones o intenciones oscuras. Desde que se iniciaron las primeras acciones se tiene la suficiente legitimidad para que el movimiento sea reconocido y respetado; su carisma está en su espontaneidad y en su energía. Sin embargo, este movimiento tiene muchos retos a los que tendrá que responder y muchos desafíos que superar.
El origen establece marcas importantes sobre la naturaleza del movimiento: el foco central son las víctimas de la guerra y la violencia, los que han perdido la vida y sus familias. Una parte muy destacada de la actividad ha sido recuperar la memoria de las víctimas, darles visibilidad, rendirles un homenaje y, sobre todo, demandar justicia frente a la impunidad que domina. Se han sumado al movimiento personas de muchas partes del país; la construcción de la memoria ha sumado a la gente. Pero la agenda va más lejos; no se queda en la demanda de justicia, se extiende sobre las características estructurales que generan violencia, la compleja relación internacional del problema de las drogas, las armas, la migración, la relación bilateral entre México y Estados Unidos, temas que son suficientemente relevantes para plantear el difícil momento por el que atraviesa el país.
La agenda contiene seis grandes demandas: 1) la justicia a las víctimas que hasta ahora permanecen en la impunidad y el olvido; hay una larga lista de muertes que cada día crece y aumenta la dimensión de la tragedia. 2) Transformar el enfoque de la estrategia gubernamental, es necesario pasar de los inventarios de muertes, capturas y decomisos, hacia una seguridad que reduzca la violencia y las muertes. Lo que se ha hecho hasta ahora, a pesar del empecinamiento del gobierno, no está funcionando. Faltó cálculo de lo que implicaba esta guerra, como dice Amnistía Internacional. 3) Además de combatir la impunidad, urgen medidas contra la corrupción. Reformas para transformar instituciones, acotar privilegios y fueros, en suma, un sistema de rendición de cuentas y de impartición de justicia en serio. 4) El combate al lavado de dinero, que es lo que han hecho otros países para combatir el problema; hasta ahora el enfoque punitivo ha descuidado la parte financiera y económica del negocio. 5) La recuperación de los tejidos sociales pasa por un cambio de enfoque hacia los jóvenes, víctimas involuntarias de un modelo de desarrollo que cierra espacios y oportunidades. 6) La exigencia de reformas políticas que puedan fortalecer la agónica democracia representativa que padecemos.
También se ha planteado un diálogo con el gobierno. Ni el momento, ni la gravedad de la violencia que vive el país están para tener interminables mesas e intercambios que no van a ninguna parte. No sería aceptable una reedición de los “diálogos por la seguridad” que no sirvieron de nada, o las mesas que llevaron al plan “Todos somos Juárez”, que derramaron recursos sin contenido y sin ir a los problemas de fondo. Hay que pensar en otros esquemas, con otros formatos que puedan darle la vuelta a farragosos documentos y a la demagogia de los compromisos burocráticos. Por lo pronto, se demanda diálogo abierto, centrado en las víctimas y con una amplia agenda.
El país se encuentra atrapado, la economía es cada vez más precaria y el modelo económico desintegra a la sociedad (más informalidad, 28.8% de la PEA, y más desempleo, 5.17%); la corrupción es un cáncer que se extiende (en cualquier área hay graves problemas, como sucedió ahora en el INM). La lucha antinarco está mal y descoordinada, en palabras del director del Cisen. Pero una cosa es cierta, si no hay cambios visibles y resultados específicos en el corto plazo, la oportunidad de un movimiento pacífico que demanda paz y justicia se perderá, y con ello se profundizará la descomposición, la incertidumbre y la violencia. El tiempo es breve y el calendario político está lleno de obstáculos e intereses.
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