Ernesto López Portillo / El Universal
Las instituciones públicas del Estado mexicano no pueden encabezar la construcción de comunidades seguras y libres de violencia porque ellas mismas, en el mejor de los casos, están sólo parcialmente aseguradas. Las instituciones están comprometidas, en particular me refiero a las del sector de la seguridad y la justicia penal.
El Presidente Felipe Calderón incurrió en una contradicción estructural de origen, cuando decidió forzar los mecanismos de uso de la fuerza del Estado, sin contar con instituciones sujetas a efectivos controles democráticos. En el 2006, cuando Calderón llegó al poder, ya habían pasado diez años desde la emisión de las cinco tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, autorizando la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública en auxilio de las autoridades civiles. Es decir, ya desde una década atrás, el Estado Mexicano había reconocido la debilidad de las autoridades civiles y la necesidad de la intervención militar.
Siempre me he preguntado cuál fue el diagnóstico que validó Calderón con respecto a la debilidad de los aparatos de la seguridad civil y militar y de la justicia penal. Una típica expresión dice que “el diablo está en los detalles”. ¿Qué le dijeron a Calderón y qué aceptó en torno al diagnóstico institucional, precisamente en el nivel de los detalles? ¿De dónde partió para salir a declarar la guerra? El Presidente nunca ha informado su balance a profundidad, nos hemos quedado con grandes trazos y creo que desde ahí se mostraron las falencias estructurales en la relación de lo que Calderón lanzó y los recursos con los que contaba para hacerlo. He rastreado las declaraciones presidenciales desde Miguel de la Madrid hasta la fecha, todos prometieron enfrentar la delincuencia organizada y creo que ninguno lo ha hecho como Calderón; paradojas de la historia, justo desde el impulso del embate fueron engendradas las contradicciones de usar la fuerza sobre la base de una institucionalidad débil. Para decirlo de manera coloquial, el Presidente forzó una máquina que no daba para más, provocando así mayores fallas en el motor. “El Estado pasa más aceite que antes”.
Los aparatos de seguridad y de justicia penal no tienen menos, sino más problemas que antes. Las denuncias por violaciones a la ley, a los derechos humanos y por actos de corrupción se han multiplicado. Las presiones generadas por la decisión de perseguir a la delincuencia organizada con instituciones parcialmente aseguradas, han derivado en una pronunciada curva de descrédito del Estado. En el terreno de los derechos humanos, el Presidente profundizó dramáticamente las contradicciones, al punto de centralizar el tema en la retórica oficial, para luego organizar unos Diálogos por la Seguridad a los que no invitó precisamente al sector público y de la sociedad civil de los derechos humanos. ¿Acaso son los derechos humanos y sus promotores el motivo que activó con mayor fuerza la estrategia defensiva del Presidente? Creo que sí. Por eso la señal ominosa de no convocarlos al diálogo.
¿Cómo asegurar una Nación, cuando las instituciones están solo parcialmente aseguradas u operan fuera de control? Desde este dilema, el Presidente construyó su laberinto, encerrándose en un discurso que, en el colmo del exceso y ante el Presidente Obama, llegó a cuestionar la existencia incluso de un solo caso documentado de violación a los derechos humanos. Así que el problema no fue la intención presidencial, el problema nació en el diagnóstico que él valido y la estrategia que emprendió, esperando y prometiendo algo que no podría lograr. Botón de muestra entre lo que se quiso y lo que se hizo: el Presidente mandó una reforma que mandata la certificación de todos los policías del país en cuatro años; no sucederá así, a principios de mayo del 2011, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos avisó que algunos estados tardarían 20 años en hacerlo. ¿Acaso nació todo el problema en el diagnóstico?
Las instituciones públicas del Estado mexicano no pueden encabezar la construcción de comunidades seguras y libres de violencia porque ellas mismas, en el mejor de los casos, están sólo parcialmente aseguradas. Las instituciones están comprometidas, en particular me refiero a las del sector de la seguridad y la justicia penal.
El Presidente Felipe Calderón incurrió en una contradicción estructural de origen, cuando decidió forzar los mecanismos de uso de la fuerza del Estado, sin contar con instituciones sujetas a efectivos controles democráticos. En el 2006, cuando Calderón llegó al poder, ya habían pasado diez años desde la emisión de las cinco tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, autorizando la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública en auxilio de las autoridades civiles. Es decir, ya desde una década atrás, el Estado Mexicano había reconocido la debilidad de las autoridades civiles y la necesidad de la intervención militar.
Siempre me he preguntado cuál fue el diagnóstico que validó Calderón con respecto a la debilidad de los aparatos de la seguridad civil y militar y de la justicia penal. Una típica expresión dice que “el diablo está en los detalles”. ¿Qué le dijeron a Calderón y qué aceptó en torno al diagnóstico institucional, precisamente en el nivel de los detalles? ¿De dónde partió para salir a declarar la guerra? El Presidente nunca ha informado su balance a profundidad, nos hemos quedado con grandes trazos y creo que desde ahí se mostraron las falencias estructurales en la relación de lo que Calderón lanzó y los recursos con los que contaba para hacerlo. He rastreado las declaraciones presidenciales desde Miguel de la Madrid hasta la fecha, todos prometieron enfrentar la delincuencia organizada y creo que ninguno lo ha hecho como Calderón; paradojas de la historia, justo desde el impulso del embate fueron engendradas las contradicciones de usar la fuerza sobre la base de una institucionalidad débil. Para decirlo de manera coloquial, el Presidente forzó una máquina que no daba para más, provocando así mayores fallas en el motor. “El Estado pasa más aceite que antes”.
Los aparatos de seguridad y de justicia penal no tienen menos, sino más problemas que antes. Las denuncias por violaciones a la ley, a los derechos humanos y por actos de corrupción se han multiplicado. Las presiones generadas por la decisión de perseguir a la delincuencia organizada con instituciones parcialmente aseguradas, han derivado en una pronunciada curva de descrédito del Estado. En el terreno de los derechos humanos, el Presidente profundizó dramáticamente las contradicciones, al punto de centralizar el tema en la retórica oficial, para luego organizar unos Diálogos por la Seguridad a los que no invitó precisamente al sector público y de la sociedad civil de los derechos humanos. ¿Acaso son los derechos humanos y sus promotores el motivo que activó con mayor fuerza la estrategia defensiva del Presidente? Creo que sí. Por eso la señal ominosa de no convocarlos al diálogo.
¿Cómo asegurar una Nación, cuando las instituciones están solo parcialmente aseguradas u operan fuera de control? Desde este dilema, el Presidente construyó su laberinto, encerrándose en un discurso que, en el colmo del exceso y ante el Presidente Obama, llegó a cuestionar la existencia incluso de un solo caso documentado de violación a los derechos humanos. Así que el problema no fue la intención presidencial, el problema nació en el diagnóstico que él valido y la estrategia que emprendió, esperando y prometiendo algo que no podría lograr. Botón de muestra entre lo que se quiso y lo que se hizo: el Presidente mandó una reforma que mandata la certificación de todos los policías del país en cuatro años; no sucederá así, a principios de mayo del 2011, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos avisó que algunos estados tardarían 20 años en hacerlo. ¿Acaso nació todo el problema en el diagnóstico?
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